Escuchar¿Cuál es la población carente de vivienda? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus necesidades específicas? Estas son preguntas que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) no podría responder ante la falta de planificación estratégica que padece.
Esa es la conclusión de un informe divulgado este lunes por la Contraloría General de la República (CGR), según el cual, ni siquiera el Ministerio de Vivienda sabe lo que Costa Rica espera lograr en el largo y mediano plazo con los dineros del Banhvi.
Según el órgano contralor, la gestión del Ministerio se reduce a emitir bonos de vivienda.
En su auditoría, la CGR determinó que los programas de desarrollo de vivienda y proyectos habitacionales con fondos del Banco no responden a una gestión enfocada en resultados.
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Estos hallazgos se conocen en momentos en que se tramita en el Congreso un proyecto de ley presentado por el Gobierno para fundir el Ministerio, el Banco Hipotecario y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en una sola entidad que se llamaría Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat).
Se supone que el Ministerio y el Banco son responsables de aportar “valor público” a los servicios que brindan a personas sin un techo, con el propósito de asegurar que tengan una casa, o bien, a los que tienen vivienda pero requieren mejoras.
Según la CGR, estas entidades no saben cuál es la población meta que deben beneficiar. Tales son los vacíos, que la CGR les sugiere elaborar un estudio de la “realidad país” para identificar y caracterizar su población objetivo, listar y priorizar sus problemas y así descubrir cuáles sus causas, efectos e impactos.
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Hecho este diagnóstico, agrega el documento, deben “identificar, priorizar y seleccionar sus necesidades en el largo y mediano plazo”.
‘De manera general’
Como parte de su descargo, cita la auditoría, el Ministerio dijo disponer de instrumentos de alcance muy general para cumplir su papel en referencia a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) 2012-2040, la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (PNVAH) 2013-2030 y la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 2018-2030.
Por su parte, el Banco indicó que aplicar un modelo de gestión enfocado en resultados no es de acatamiento obligatorio, aunque dijo reconocer la importancia de su aplicación.
Sobre la identificación, priorización y selección de las necesidades de las personas en el largo y mediano plazo, ambas entidades señalaron a la CGR que solo identifican necesidades de manera general.
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“Dado el vacío de conocimiento estratégico relacionado con la población objetivo”, señala la auditoría, tanto el Ministerio como el Banco utilizan el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) como herramienta para elegir a sus beneficiarios.
Para 2023, el Banhvi tenía asignados ¢98.000 millones en transferencias del Gobierno Central.
Según estadísticas de construcción, presentadas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) la semana anterior, la vivienda de interés social se redujo de 0,67 millones de m² en el 2019 a 0,38 millones de m² para el 2022.
