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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) gastó ¢1.223 millones en servicios profesionales, a lo largo de tres años y medio, sin justificación alguna de la necesidad de contratarlos.
Así lo descubrió un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, la cual no halló argumentos ténicos que validaran 63 contrataciones externas hechas entre enero del 2016 y mediados de junio del 2019.
Para la Contraloría, esta situación podría conducir a la Aresep a una duplicidad de funciones y a un uso ineficiente de recursos públicos, dada la estructura y capacidad que ya posee la Autoridad Reguladora.
Tampoco se hallaron pruebas de los supuestos beneficios de las contrataciones.
El informe DFOE-EC-IF-00027-2019, del 18 de diciembre anterior, explica que los contratos tenían como fin atender funciones sustantivas y administrativas de distintas áreas de la Aresep
La mayoría de los servicios obedecen a estudios técnicos para el análisis de servicios públicos, por un total de ¢854 millones. A su vez, en comunicación se invirtieron ¢206 millones. Ambos rubros suman ¢1.060 millones (87% del total).
La investigación apunta a una falta de control interno respecto a estos servicios externos, ya que la Aresep ni siquiera hizo estudios previos de cargas de trabajo en las dependencias que solicitaron las contrataciones.
Además,, 33 de los servicios profesionales pagados (52% del total) carecen de vínculo con la planificación estratégica de la entidad.
La Contraloría apuntó que “la ausencia de estudios de mercado para concretar las necesidades de contratación podría limitar la calidad de los productos esperados de esas contrataciones”.
Los hallazgos podrían vincularse, según el estudio, con otras deficiencias de la Aresep en manejo de personal relacionadas con movimientos, selección y nombramientos de trabajadores.
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Del 2016 al 2019, la Aresep dipuso de un promedio anual de 343 plazas. Esta fuerza laboral consumió en remuneraciones ¢10.440 millones solo en el 2018, el 67% del presupuesto ejecutado ese año.
En ese lapso, 36 nombramientos interinos se mantuvieron por más de un año en la misma plaza y, de estos, al menos 13 funcionarios acumularon tres años en esa condición sin mediar justificación técnica alguna.
Añade el informe que la Autoridad ni siquiera dispone de plazas definidas para la Contraloría de Servicios de la Aresep, porque esas actividades se ejecutan como un recargo de funciones de parte del personal desde el año 2007.
Además, la Contraloría halló que, desde el 2016, permanece vacante la plaza de intendente de Energía.
En su lugar, se nombraron dos funcionarios de Aresep (la CGR no cita sus nombres) bajo modalidad de recargo de funciones y nombramiento interino para atender la regulación tarifaria de electricidad y combustibles.
De hecho, los funcionarios de mayor autoridad en la fijación de tarifas empezaron a nombrarse de forma interina, según ordenó el regulador de los servicios públicos, Roberto Jiménez, desde enero del 2019.
Su directriz estableció así nuevas reglas para la escogencia de los intendentes de Energía, Agua y Transporte; responsables directos de definir precios de los servicios públicos.
Hasta el 2019, esas plazas consideradas de máxima independencia y discrecionalidad técnica, se otorgaban en propiedad por un lapso de cinco años. El viraje sobrevino el 10 de enero por orden del regulador general, dos días después de que se abriera el concurso para ocupar de forma interina la plaza de intendente de Energía.
Ese puesto ya estaba en condición interina desde julio del 2016 cuando el entonces intendente, Juan Manuel Quesada, renunció por aparentes fricciones con el regulador.
El regulador general pidió nombramientos interinos por un supuesto proceso de estudio para variar la estructura funcional de la Autoridad.
Alegó, además, la necesidad de un análisis del alcance e impacto de la reforma fiscal en la Aresep.
