EscucharUn informe de la Contraloría General de la República identificó una serie de deficiencias en la ejecución y control de las etapas previas del proyecto de ampliación de la carretera entre San José y San Ramón, las que se traducen en aumento de costos y hasta de 950 días más en plazo.
De acuerdo con el informe DFOE-CIU-IF-00010-2022, ni siquiera se han concluido los estudios necesarios para la definición del alcance, inversión, tiempo y estructuración financiera del plan integral y su viabilidad técnica, social, ambiental y financiera.
Este proyecto es gerenciado por el Fideicomiso Ruta Uno, del Banco de Costa Rica, que hasta el momento se ha encargado de las llamadas obras impostergables, conocidas como Obis.
El ente contralor señala, precisamente, que la decisión de avanzar con las Obis, privilegiando su ejecución sobre el corredor principal, genera el riesgo de que dichas obras tengan que ser eventualmente sometidas a adaptaciones o modificaciones para ser integradas finalmente a la vía principal.
De acuerdo con la Contraloría, los incrementos en el plazo de la fase preoperativa del proyecto integral han generado un aumento cercano al 50% en el pago de honorarios al Fiduciario con respecto a lo inicialmente planificado para dicha fase, pasando de 37 meses a 73 meses y representando un costo adicional de $6,4 millones.
Además, solo en el caso de las Obis del primer lote, se han tenido que reconocer eventos compensables asociados a demoras en la obtención de permisos ambientales, relocalización de servicios públicos y expropiaciones, que han generado diversas reprogramaciones, aumentando el plazo hasta un 117% con respecto a lo inicialmente programado, esto a su vez, ocasionó un aumento de más de ¢695 millones.
En respuesta a la comunicación de la Contraloría, el Fideicomiso Ruta Uno insistió de que que los atrasos que se han tenido en el proyecto tienen su origen, fundamentalmente, en las aprobaciones que deben emitir los Fideicomitentes (MOPT-Conavi) para poder continuar con las actividades de la ruta crítica; en específico hicieron referencia a la aprobación de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del proyecto, que ya se encuentran finalizados.
Además advirtieron que las disposiciones emitidas por la Contraloría que están dirigidas al MOPT y Conavi, implicarían que el Fideicomiso no podrá continuar con la ejecución de los proyectos contemplados en el Programa de Obras Impostergables (OBIS), hasta tanto no se emitan las aprobaciones indicadas en el informe de la CGR.
Desde el pasado 12 de octubre, La Nación consultó al Conavi sobre las aseveraciones hechas por el Fideicomiso respecto a la responsabilidad en los atrasos de las obras, sin embargo, no se ha tenido respuesta.
Fiscalización pasiva
Estas situaciones, según el informe, obedecen a que el sistema de control implementado en el Fideicomiso no cuenta con plazos máximos para las revisiones y cumplimiento de los informes que se deben presentar en cada una de las fases del proyecto y las herramientas de gestión y monitoreo presentan limitaciones de estructura.
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La Contraloría concluyó que el Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV), el cual está integrado por miembros del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del mismo Fiduciario , ha desarrollado un rol pasivo en el cumplimiento de sus funciones y en la vigilancia de las obligaciones de ambas partes del Fideicomiso.
Semanas atrás, el Fideicomiso Ruta 1, culpó al Conavi por el atraso de más de 950 días señalado por la Contraloría.
Ese ente, atribuye las demoras registradas hasta ahora radican en la falta de definición por parte del Ministerio de Obras Pública y Transportes (MOPT) y el Conavi, en la aprobación de diseños de obras, estudios de factibilidad e informes.
También advirtieron de que las observaciones realizadas hasta ahora por la Administración a los estudios de factibilidad, implicarían un incremento en las tarifas de peaje, lo que podría hacer inviable el proyecto vial.
De acuerdo con la información dada a conocer por Ruta 1, actualmente hay tres aspectos pendientes que corresponden al MOPT para que el Fideicomiso pueda avanzar en la ruta crítica del proyecto.
Entre estos se encuentran el traslado de aportes “en especie” de los estudios y anteproyectos del programa de Obras Impostergables del lote 2-B, que incluye la mejora y ampliación de las estaciones de peaje, las cuales son necesarias para aumentar la recaudación.
Además, aseguran que la aprobación del informe de estructuración financiera tuvo un atraso de 201 días, debido a que fue condicionado por la unidad ejecutora.
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Conflicto
En tanto, tanto el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, como encargados de la unidad ejecutora que supervisa esa obra en el Conavi , han señalado deficiencias en los diseños entregados por el Fideicomiso y los altos costos de esa unidad administradora del proyecto.
Esa es una de las justificaciones en las que hasta ahora el Gobierno ha insistido, para pretender una renegociación del contrato, que dejaría a Ruta 1 fuera del proyecto integral.
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Inicialmente, tanto el ministro como el presidente Rodrigo Chaves habían anunciado que la intención era romper definitivamente el contrato con el BCR; posteriormente, Amador bajó el tono y dijo que la idea era presionar para lograr una renegociación del contrato.
Finalmente, el mismo jerarca confirmó que la idea es que el Fideicomiso complete la etapa de preinversión donde se ejecutan las obras impostergables, pero asumiendo modificaciones en los costos de administración de esa etapa. Además se elimina el monto de estructuración del proyecto, el cual fue estimado en $10,5 millones.
Para el corredor integral, el MOPT pretende realizar una nueva concesión, sobre la cual aún no se tienen estimaciones de costos, ni plazos.
Hasta ahora, el Fideicomiso ha entregado las obras del lote uno: el Conector Barreal–Castella, el paso a desnivel Firestone y la ampliación de tres puentes en la General Cañas, las cuales costaron $23 millones.
Además se mantienen contratos suscritos para la construcción de un segundo lote donde se incorporan la ampliación del intercambio con la Circunvalación, a su paso por el Monumento al Agua y el puente sobre el río Torres.
Los estudios de factibilidad elaborados por el BCR arrojaron que para completar la ampliación de los 60 km de carretera se requería una inversión de $740 millones, de los cuales $110 millones serían considerados como aporte estatal, pues es lo que se está invirtiendo en las llamadas obras impostergables.
Según lo estimado por ese ente, viajar de ida y vuelta entre San José y San Ramón costaría al menos ¢3.600 en peajes.
