EscucharLa ampliación del tramo entre Barranca y Limonal, en la carretera Interamericana Norte, cumplirá un año de estar paralizada, tiempo durante el cual el costo para completar el proyecto de 50 kilómetros se encareció.
La obra que había sido encargada al consorcio H Solís-La Estrella está suspendida desde setiembre del 2022. En junio pasado, los contratistas pidieron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el finiquito del contrato, aunque a la fecha esa gestión no se ha completado.
Aparte del retraso que arrastra, para terminar el plan habrá que comenzar desde cero un proceso de adjudicación e incluso la obtención de un nuevo préstamo. Se estima que la obra terminaría costando $63 millones más de lo previsto.
Originalmente, para esa ampliación se habían asignado $182 millones que provenían de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Tras dos años de trabajos y un avance del 35%, se invirtieron alrededor de $30 millones de ese financiamiento.
La reciente estimación apunta a que terminar los 50 km, más el tramo de La Angostura, en el ingreso a Puntarenas, rondaría los $215 millones. Esto implica que el costo total del proyecto ascendería a unos $245 millones, considerando los $30 millones ya ejecutados.
Los recursos requeridos provendrían de un préstamo gestionado a través del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual aún no ha sido aprobado.
Efraím Zeledón Leiva, viceministro de Infraestructura, aseguró que ya han tenido varias reuniones con funcionarios de esa entidad a fin de preparar la documentación previa para someter el crédito ante el directorio.
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El MOPT planea ejecutar en el tramo Limonal-Barranca una serie de trabajos con el propósito de resguardar las obras que quedaron a medio terminar y evitar accidentes en el trayecto. (Alonso Tenorio)
Materiales y mano de obra
De acuerdo con el viceministro, el aumento del costo del proyecto se debe principalmente al transcurso del tiempo. La licitación original se otorgó en 2019, por lo que el valor de materiales, mano de obra y otros insumos fueron calculados de acuerdo con los precios de aquel momento; ahora se espera que la nueva adjudicación se concrete en 2024, lo que necesariamente implicaría un encarecimiento en esos rubros.
Además, según el MOPT, la oferta actual de las compañías no es tan “agresiva” como la presentada en su momento por H Solís para obtener el proyecto.
El monto estimado por el BCIE para el préstamo no incluiría la inversión que se pretende hacer en contrataciones directas para obras de conservación de los tramos de carretera donde se ejecutaron algunas labores, tanto para proteger lo hecho como para la seguridad vial de los usuarios.
Se calcula que estos trabajos requerirán aproximadamente $20 millones. Eventualmente, se evaluará si con las labores de mantenimiento la inversión estimada sería menor a los $215 millones. De ser así, los remanentes del crédito se destinarían a otros proyectos.
Sobre esas contrataciones urgentes, Zeledón adelantó que arrancarán a finales de octubre. Afirmó que estas no deberían verse afectadas por el proceso de finalización contractual con H Solís, el cual se llevará a cabo en paralelo.
Reclamo de H Solís
Otro monto que sumará costos al proyecto Limonal-Barranca es la indemnización que se pagaría a la constructora. Este contrato debe finiquitarse antes de comenzar el nuevo proceso para concluir la ampliación de la vía.
El viceministro indicó a La Nación que el trámite no se ha completado debido a que la unidad ejecutora, las firmas supervisoras y el ingeniero de proyecto se encuentran todavía revisando el detalle del reclamo económico pretendido por la empresa.
En su petición de terminación de contrato, H Solís reclamó $23 millones. Alega que la paralización se deriva de incumplimientos del Estado, tales como expropiaciones y pago de facturas, además señala pérdidas por el término prematuro del acuerdo.
Zeledón afirmó que el análisis para determinar esas responsabilidades estaría a punto de terminar, por lo que pronto se tendrá el monto que el Estado deberá cancelar a la empresa.
Préstamo del BID se dirigiría a San Carlos
La obra en la Interamericana Norte originalmente estaba siendo financiada por un préstamo sombrilla del BID para el Programa de Infraestructura del Transporte, que también incluyó otras ampliaciones ya terminadas en los trayectos Cañas-Liberia, Limonal-Cañas y Paquera-Playa Naranjo.
De los recursos otorgados por el BID para el último proyecto, aún quedaban alrededor de $150 millones, pues en dos años de obra el consorcio a cargo consumió unos $30 millones, tras alcanzar cerca del 35% de avance en el cronograma.
Como el costo se elevó, ahora el plan del Gobierno es buscar un nuevo financiamiento y utilizar los recursos del BID que quedaron sin usar (los $150 millones) para terminar la carretera a San Carlos.
Sin embargo, durante una visita a Naranjo de Alajuela, el representante del BID en Costa Rica, Francisco Javier Urra, indicó que la aprobación final para el traslado de los fondos depende de un compromiso de parte del MOPT de que los trabajos de Barranca-Limonal se completarán.
El viceministro sostuvo que ya se aportaron documentos que respaldan la gestión del Conavi ante el BCIE para financiar las obras de Barranca y agregó que a lo interno del BID existe “un ambiente muy positivo”, por lo que no tienen dudas de que las solicitudes serán aprobadas. Dichas gestiones se completarían en el último trimestre de este año.
En el criterio de la Administración, el cambio de destino para los recursos no requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Diego Vargas, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), difiere. Así lo hizo ver en un comunicado de prensa enviado la noche del miércoles 16 de agosto, en el que aseveró que los recursos asignados al proyecto de ampliación de la carretera Interamericana Norte, no podrían destinarse a la nueva vía hacia San Carlos ni a otros proyectos viales.
El legislador sostuvo que recibió un pronunciamiento de la unidad ejecutora en el cual se indica a la empresa y al ministro de Obras Públicas, Luis Amador, que no existen fundamentos para solicitar la rescisión del contrato y que más bien la firma abandonó la obra.
“Por falta de cuidado del ministro Amador, los recursos del proyecto Barranca-Limonal no se podrán utilizar en el corto plazo para terminar obras como Taras-La Lima o invertir en la carretera a San Carlos (...) La gestión de riesgo nunca se hizo y vamos a tener que asumir las consecuencias todos los costarricenses. No están entendiendo cómo se gestionan los contratos y estamos terminando en un problema de inacción”, criticó el legislador.
Según él, el pronunciamiento de la unidad ejecutora conllevaría a una confrontación entre la empresa y el MOPT que tendrá que resolverse mediante un arbitraje y entrabará más los avances del proyecto.
Las obras de Barranca-Limonal recibieron la orden de inicio en agosto del 2020 y debían estar listas a inicios de este año, sin embargo, enfrentaron una serie de atrasos que el Gobierno achacó a la constructora, al tiempo que la empresa alegó problemas en diseños, expropiaciones y otros atribuidos a la Administración.
Esa situación sumada a las intenciones de la empresa de buscar el finiquito, llevó al MOPT a intentar la cesión del contrato a otras constructoras, pero esa opción no prosperó y solo alargó la parálisis en el proyecto.
El tramo forma parte del corredor en el cual están incluidos los trayectos Limonal-Cañas, del que se habilitaron cuatro carriles en abril, pero aún no ha sido totalmente finalizado; y el de Cañas-Liberia, inaugurado en el 2016.
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