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En menos de un mes, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) concluyó que era urgente construir una planta térmica de $340 millones mediante una contratación directa y expedita, para la cual solo invitó a dos empresas.
Según el Instituto, es urgente garantizar el suministro de electricidad en Costa Rica ante los efectos del conflicto en Oriente Medio, ocasionado por la guerra en Irán que se inició tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero.
Las plantas térmicas producen electricidad quemando combustible. En este caso, la nueva planta utilizaría búnker, aunque la idea es que, más adelante, también se pueda usar gas natural.
Mediante un procedimiento especial, el ICE busca construir la nueva planta térmica Moín IV en su plantel de Limón, con una capacidad de generación instalada de 200 megavatios (MW).
La premura es tal que todos los criterios y estudios técnicos y jurídicos que validan la contratación fueron firmados en 15 días, en abril pasado, según consta en el expediente de contratación (N.° 2026XE-000258-0000400001) que se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el 27 de ese mes.
Hasta principios de marzo, la documentación indicaba que la contratación se realizaría mediante una licitación pública internacional, específicamente para el “servicio de diseño, aprovisionamiento, construcción y puesta en marcha de la Planta Térmica Moín IV”.
Sin embargo, el 13 de abril se cambió el criterio y se planteó una contratación por excepción, porque era la “vía más económica y eficiente para satisfacer la necesidad pública”.
Así lo consignaron Peter Bernal Zeledón Méndez, responsable técnico del proyecto, y Enrique Alberto Gómez Abarca, administrador del contrato, en una declaración jurada firmada, de manera digital, ese mismo día.
En ese documento se argumentó que, en el mercado local, no existen fabricantes o empresas con la capacidad tecnológica para desarrollar la obra y que a nivel internacional solo existen dos con esa capacidad, según un “estudio de mercado exhaustivo”.
No obstante, en el expediente en el Sicop solo consta un estudio de mercado como respaldo y este fue realizado y firmado por Zeledón Méndez y Gómez Abarca el 28 de abril, 15 días después de la declaración jurada.
Urgencia para garantizar suministro
El pasado 14 de abril, un día después de abogar por la contratación directa, Zeledón, en su calidad de director del Proyecto Térmico Moín IV; y Gustavo Adolfo Bagnarello Álvarez, coordinador de contratación administrativa del ICE, remitieron a la directora de Contratación Administrativa de la entidad un oficio solicitando un “criterio sobre la viabilidad de promover una contratación especial”.
Alegaron que la necesidad de garantizar el suministro de electricidad es tan urgente que era imposible esperar a que concluyera una licitación pública internacional.
Insistieron en que solo existen dos empresas capaces de suministrar la planta térmica que el país necesita, tanto en tamaño −por las dimensiones del terreno que se tiene−, como en su funcionalidad: que opere con búnker, pero que en el futuro también pueda funcionar con gas natural.
“La saturación de la cadena de suministro internacional −impulsada por la creciente demanda global de infraestructura energética− y los conflictos en Oriente Medio han impactado severamente los tiempos de fabricación.
“Someter el proyecto a los extensos plazos de una licitación ordinaria retrasaría la firma del contrato por varios meses, lo que implicaría perder la actual ventana de oportunidad (compromisos de fabricación) en el mercado internacional”, consignaron Zeledón y Bagnarello en el oficio N.° 4960-688-2026.
Señalaron que, en el Plan de Expansión de la Generación (PEG) 2024-2040, se identificó la necesidad de poner en marcha los 200 MW de Moín IV en el 2029, para que el complejo de Limón sea el de mayor generación eléctrica a nivel nacional con 370 MW.
Empero, indicaron que “el actual contexto global” obligó a reajustar ese cronograma y que, “de formalizarse un pedido en el corto plazo, los equipos principales estarían disponibles hasta el 2031 y la operación comercial hasta inicios del 2032″.
Nuevo reglamento de junio del 2025
La respuesta llegó ocho días después desde otra instancia. El 22 de abril, la Dirección Jurídica del ICE concluyó que sí existía el “fundamento legal para realizar la contratación directa de excepción (concursada)”, mediante el artículo 112, inciso b, del Reglamento al Título II de la Ley 8660, que entró en vigor el 19 de junio del 2025, es decir, hace 11 meses.
En ese apartado, se establece que se permite ese tipo de contratación para la adquisición de “bienes, obras o servicios complejos o especializados” que “solamente se pueden obtener de un número limitado de proveedores”.
‘En casi 100 días hábiles’
La idea era que el contrato se adjudicara mediante un “trámite por excepción, por invitación, con el objetivo de agilizar el cronograma de contratación en casi 100 días hábiles”.
Así lo expuso Zeledón Méndez en correos electrónicos enviados a las dos empresas que, según adujo, tienen la única tecnología que necesita el país para este proyecto, de acuerdo con el expediente del Sicop.
Eso ocurrió el pasado 7 de abril, 21 días antes de que estuviera firmado el estudio de mercado que concluía que tales compañías eran los únicos oferentes posibles.
Los fabricantes son Everllence, de Alemania, que canaliza su tecnología mediante la compañía desarrolladora Grupo TSK, de España; y Wärsïla, de Finlandia, con la empresa desarrolladora Grupo Cobra, también de España.
Pese a la urgencia alegada por el conflicto en Oriente Medio, lo cierto es que los plazos de contratación se ampliaron después.
El 30 de abril, Gustavo Bagnarello Álvarez, coordinador de contratación administrativa del ICE, solicitó ampliar a 40 días hábiles la presentación de ofertas y a 80 los plazos de adjudicación.
“Se trata de una contratación de obras muy especializada, que involucra la participación de fabricantes y empresas integradoras. El mercado para este tipo de obras actualmente se encuentra saturado, por lo que las empresas requieren tiempo adicional para preparar sus ofertas.
”El Proyecto Moín IV es un proyecto sumamente complejo, por lo tanto, la preparación de las ofertas requiere de tiempo adicional al previsto en la normativa para este tipo de procedimiento”, justificó Bagnarello Álvarez.
Costo de la obra con base en una oferta
A mediados de diciembre del 2025, el ICE publicó en el Sicop una alerta temprana para la recepción de “invitación para justificar la excepción de proveedor único” relacionada con este proyecto. Solo una empresa presentó una oferta para hacer la justificación.
Ese fue el caso del Grupo Laeisz, el cual propuso construir esa planta en $340 millones. Al final, esa compañía fue excluida, según el estudio de mercado, porque propuso usar tecnología de Everllence, la cual en el país solo sería comercializada por Grupo TSK.
Pese a la descalificación, la oferta se tomó como válida y “congruente con el presupuesto publicado” y se recomendó mantener ese monto para continuar con el procedimiento de contratación que es llave en mano.
‘Respaldar la nueva capacidad de generación solar y eólica’
La Nación envió consultas sobre esta contratación al ICE, a través de su oficina de prensa, sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicación de este artículo.
En diciembre pasado, mediante un comunicado de prensa, el Instituto informó de que “Moín IV tendrá un rol esencial para respaldar la nueva capacidad de generación variable (solar y eólica) que instalará el país en el corto plazo”, al tiempo que “contribuirá a garantizar la confiabilidad del suministro para atender la demanda eléctrica del país y eliminar el alquiler de plantas térmicas temporales”.
Al cierre de ese mes, el Sistema Eléctrico Nacional contaba con una capacidad instalada de 3.637,1 MW, distribuida entre seis fuentes de generación, según el Informe Mensual del Sistema Eléctrico elaborado por la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (Docse), del ICE.
De esa capacidad instalada, el 14,6% fue termoeléctrica, con 531 MW, mientras que el resto se generó mediante fuentes renovables: hídrica (64,7%), eólica (12%), geotérmica (7,2%), bagazo −residuo de la caña de azúcar empleado como combustible− (1%) y solar (0,43%).
Colaboró con esta información el periodista Juan Fernando Lara.
