EscucharLa Universidad de Costa Rica (UCR) tarda hasta dos años y cuatro meses en resolver las denuncias por hostigamiento sexual que presentan estudiantes, docentes y funcionarios administrativos. Incluso, en tres ocasiones, la Sala Constitucional le ha tenido que llamar la atención por la lentitud en esos procesos.
Los denunciantes, en promedio, deben esperar hasta nueve meses y medio para ser notificados sobre la resolución de sus casos, aunque ese plazo suele sobrepasar los 13 meses cuando se determina la culpabilidad del acosador. Sin embargo, eso solo ocurre en un tercio de los procesos, pues siete de cada diez denuncias se archivan sin ningún tipo de sanción contra el supuesto hostigador, como lo concluye un análisis realizado por La Nación de las 57 quejas por supuestos actos de hostigamiento sexual que ha recibido la institución en los últimos cinco años.
De esos 57 expedientes, 44 ya se archivaron, 14 con una sanción para el agresor y 30 sin ninguna amonestación. Los restantes 13 procesos todavía siguen en trámite, según las estadísticas suministradas por la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CICHS) de la UCR, oficina encargada de recibir, investigar y resolver las denuncias por acoso en el ámbito universitario.
Esa Comisión brindó a este diario información anonimizada que detalla la cantidad de denuncias recibidas entre enero del 2017 y el 23 de setiembre pasado. Los datos incluyeron el tipo de persona que se denunció, cuánto tiempo tomó el trámite de cada proceso y cómo se resolvió la situación en los casos ya cerrados. Para los procesos en curso, solamente se reveló la fecha de presentación de la denuncia.
Casos en detalle
El proceso que tomó dos años y cuatro meses lo presentó un estudiante del recinto de Siquirres, en Limón, a finales de mayo del 2017. El denunciado fue otro estudiante. El caso se mantuvo en estudio durante el resto de ese año, todo el 2018 y se archivó hasta setiembre del 2019, luego de 851 días, sin castigo para el denunciado.
A ese caso le sigue, por duración, el de una estudiante de la sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, quien denunció en julio del 2019 a un docente. El proceso se dio por concluido el 22 de junio del 2021, luego de un año y once meses, también sin que se impusiera alguna sanción.
Hay otras tres denuncias que, según los expedientes, se presentaron hace más de 20 meses, con la particularidad de que esas ni siquiera han sido resueltas. Se trata de dos casos que ingresaron en noviembre del 2019 y otra en diciembre del mismo año, y que se reportan en trámite.
En mayo del 2019, representantes de agrupaciones estudiantiles de la UCR, la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) se declararon en emergencia por las situaciones de violencia sexual que, según aseveraron, vivían en esos centros de enseñanza.
La presión de las alumnas motivó que el Consejo Universitario de la UCR reformara el reglamento institucional contra el hostigamiento sexual. La nueva normativa entró en vigor el 25 de agosto del 2019. En esa ocasión, la casa de estudios afirmó que el cambio permitiría castigar con mayor severidad a los hostigadores.
La reforma, además, aumentó la cantidad de integrantes de la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual de seis a nueve personas. Para el Consejo Universitario, ese reforzamiento permitiría que las denuncias fueran atendidas “más estrictamente”.
No obstante, solo en este año, la Sala Constitucional ha dictado tres condenas en contra de la UCR por la tardanza en la resolución de las denuncias que presentaron tres alumnas.
Duración ‘injustificada’
En entrevista con La Nación, Gustavo Gutiérrez, quien asumió la Rectoría de la UCR en enero de este año, dijo que era “injustificable” que los procedimientos lleguen a tomar más de nueve meses en resolverse. Según explicó, los procesos se acumulan desde hace años por factores que, en su criterio, son fáciles de resolver, al aumentar la jornada del abogado de la Comisión, o dotar a dicho órgano de un espacio fijo para la realización de audiencias.
El jerarca universitario aseguró que su administración trabaja desde enero en resolver las limitaciones que enfrenta la CICHS, para que la tramitación de los procesos se acelere.
“Hay que ponernos al día y luego resolver a tiempo, para mí seis meses es un tiempo suficiente para resolver cada una de estas situaciones, contrario a los 13,7 meses que estamos durando en caso de que haya sanción”, reconoció Gutiérrez.
La CICHS, por el contrario, respondió que evaluar la duración de los procesos es incorrecto, ya que su enfoque de trabajo “no es de carácter cuantitativo”.
“La suma de los casos simplifica la naturaleza misma y la especificidad de cada estudio. Por esta razón, para poder tener una correcta comprensión de la dinámica de trabajo de la CICHS sería necesario ahondar en las particularidades de cada expediente, lo que por razones legales nos está vedado”, consignó por escrito la Comisión, ante una consulta de este medio.
Añadió que cada caso tiene sus propias particularidades, las cuales son las que determinan que el trámite dure más o menos tiempo. Por ejemplo, mencionó que algunos procesos se demoran porque los denunciados utilizan “tácticas de defensa dilatorias” o porque algunas resoluciones finales deben dictarlas instancias superiores, sin que la Comisión tenga control sobre esas etapas. Insistió en que los tiempos de tramitación se ajustan a los plazos establecidos en la normativa universitaria.
14 meses para dictar una sanción
El tiempo de tramitación de los 44 casos ingresados desde 2017 y que ya se resolvieron oscila entre menos de 30 días y 28 meses, el promedio es de 9,4 meses. Sin embargo, dicha cifra baja porque los procedimientos que se archivan sin sanción para el denunciado, por lo general, se resuelven más rápido.
Si se toman en cuenta solo los 14 casos en los que se le dio la razón a la víctima, la duración promedio de resolución aumenta a 14 meses, es decir, un año y dos meses.
De esos expedientes, cuatro se concluyeron en entre siete y diez meses; en otros cuatro se tardó entre 10 y 15 meses, y en los seis restantes entre 15 y 20 meses. La mayoría de los castigos (en diez casos) fueron suspensiones de entre ocho días y un mes, las cuales se aplicaron a seis estudiantes y cuatro docentes por faltas catalogadas como graves.
Entretanto, dos docentes y dos funcionarios administrativos fueron despedidos sin responsabilidad patronal por faltas muy graves.
En 11 de los procedimientos, la denuncia la presentó un o una estudiante. Una queja la planteó una docente contra un alumno, y dos denuncias las interpusieron funcionarias de otras áreas.
Sin sanciones en casos de últimos dos años
Ninguna de las 18 denuncias que ingresaron a la Comisión en los últimos dos años se han resuelto con sanción para el presunto acosador. De hecho, la mayoría de esos procedimientos no se han concluido.
En los cinco casos ya terminados, los denunciados fueron dos docentes, un empleado de servicio y un funcionario administrativo. En el más breve de esos procedimientos, la resolución se dictó en cuestión de una semana y, en el más extenso, en siete meses.
Los 13 expedientes en trámite ingresaron entre noviembre del 2019 (hace 22 meses) y julio del 2021 (tres meses).
Siete de los casos, es decir, la mayoría, datan del 2020, y llevan ya entre diez meses y un año con cuatro meses de espera.
