EscucharLa rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) ordenó este martes despedir, por hostigamiento sexual y sin responsabilidad patronal, al catedrático de la escuela de Derecho, Mainor Salas Solís, de 53 años.
Así lo dio a conocer, la mañana de este miércoles, el programa Interferencia de Radios UCR. Y posteriormente, fue confirmado a La Nación por el abogado del académico, Boris Molina, y por la Oficina de Comunicación Institucional de esa casa de estudios.
“Se declara al señor Salas Solís como autor responsable de una falta muy grave constitutiva de hostigamiento sexual y se impone la sanción de despido sin responsabilidad patronal”, se consignó en la resolución N.° R-99-2023.
Ese castigo se produce casi cuatro años después de que iniciara el proceso disciplinario contra Salas Solís, luego de que el semanario Universidad publicara, en mayo del 2019, las denuncias de diez estudiantes y exestudiantes que afirmaron haber sufrido insultos y acoso sexual por parte de ese catedrático.
Esta es la segunda sanción por hostigamiento sexual que recibe Salas Solís. En agosto del 2015 fue castigado con una suspensión de ocho días, sin goce salarial, por acosar a una estudiante. En esa ocasión, el hecho fue catalogado como grave.
La rectoría rechazó dos recursos de apelación presentados por Salas contra las resoluciones FD-13-2022 y FD-32-2022 y dejó en firme el acto final establecido por la Facultad de Derecho, en el que se le declaró “autor responsable de una falta muy grave constitutiva de hostigamiento sexual”.
Esa facultad tomó esa decisión con base en una investigación hecha por la Comisión Contra el Hostigamiento Sexual de la UCR, la cual en primera instancia recomendó el despido de Salas Solís.
Tras la decisión de la rectoría, ahora la Facultad de Derecho deberá elaborar la acción de personal correspondiente para ejecutar el despido sin responsabilidad patronal, pues agotada la vía recursiva, quedó en firme la sanción en la sede administrativa.
Consultado por La Nación, Boris Molina, el abogado de Mainor Salas, confirmó que ayer martes fueron notificados de la resolución de la rectoría y anunció que acudirán a la vía judicial, tanto en el plano laboral como en el contencioso administrativo, donde espera revertir el castigo impuesto.
“Recibimos la notificación con mucha alegría porque ahora vamos a poder estar en un entorno donde hay verdadera justicia, donde no impere la arbitrariedad, la negligencia y el mundo de nunca jamás que es lo que impera en la UCR, que es el alma mater donde no existe la posibilidad del derecho de defensa, donde no existe el debido proceso y es el único lugar en el mundo donde la prescripción es un sueño”, dijo Molina en una llamada telefónica.
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Un largo proceso
Los procesos contra Salas Solís datan de mayo del 2019, cuando el semanario Universidad dio a conocer que, en el 2015, Mainor Salas fue sancionado con una suspensión de ocho días por escribirle a una estudiante de 20 años, en un mensaje de Facebook, “quiero verte en calzones” y por solicitarle fotografías en ropa interior, entre otras manifestaciones.
La misma publicación consignó otros nueve relatos de estudiantes, exestudiantes y egresadas de la UCR, quienes aseguraron haber sufrido acoso sexual e insultos por parte de Salas, en los últimos años.
Ellas también dijeron que escucharon al catedrático expresarse con un vocabulario obsceno, en el cumplimiento de sus funciones.
Salas laboraba tiempo completo para la UCR (medio tiempo como docente y otro medio tiempo como investigador universitario).
Tras esa publicación, dos de esas alumnas acudieron a las instancias formales de denuncia en la universidad. Y una tercera estudiante, quien no formó parte de ese primer grupo, se unió a denunciar los hechos.
Uno de esos casos es el de una exalumna de apellido Hernández, quien denunció a Salas en noviembre del 2019, por presuntos insultos, frases obscenas y proposiciones sexuales.
Por ese caso, incluso la Sala Constitucional condenó a la UCR, porque en agosto del 2021 el académico seguía sin haber sido informado formalmente del proceso.
La falta de notificación ocasionó que la denuncia de Hernández permaneciera engavetada durante año y medio, hasta que ella planteó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
Los magistrados le dieron la razón y, en la fecha antes mencionada, ordenaron a la UCR notificar a Salas en un plazo máximo de 15 días, para que el proceso finalmente pudiera avanzar.
Nota del editor: Esta información fue actualizada a la 1:27 p. m. con información suministrada por la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR.
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