EscucharEl Gobierno “cayó en cuenta” este martes de que la Constitución Política le impedía recortar el presupuesto de las universidades públicas y, por ese motivo, desistió de rebajarle ¢128.000 al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), del 2023.
Esa fue la razón que dio Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, para explicar por qué, cinco días después del inicio de las negociaciones, el Poder Ejecutivo abandonó su pretensión de reducir el dinero trasferido a la Universidad de Costa Rica (UCR), al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), a la Universidad Nacional (UNA), a la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y a la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Este martes, pasado el mediodía, el Ejecutivo dio marcha atrás a su plan de asignarles a esas cinco casas de enseñanza superior un presupuesto de ¢430.130 millones. Dicha cifra era un 24% menor a los ¢522.822 millones que se les asignó para este 2022.
Eso ocurrió solo pocas horas después de que miles de estudiantes y ciudadanos marcharan hasta Casa Presidencial, en Zapote, de manera pacífica, en señal de protesta contra esa propuesta de recorte.
La indignación se apoderó de los universitarios el pasado jueves 11 de agosto, luego de que el Gobierno le planteara ese recorte a los rectores, quienes de inmediato protestaron y reclamaron que la Constitución Política les garantiza a las universidades que su presupuesto no disminuirá de un año al otro. Y, por el contrario, debe crecer según la inflación.
No obstante, Acosta, quien ha participado de las conversaciones, dijo a La Nación que fue hasta este martes que el Ejecutivo reconoció estar sujeto a dicha disposición y que hacer lo contrario, sería inconstitucional.
“Ese reconocimiento de hoy (ayer, martes, para el lector), no parte de un tema puramente de negociación, sino de convencimiento de las partes. Fue un tema de que caímos en cuenta que hay una disposición constitucional que nos obliga a cumplir con ese precepto de mantener los recursos, entonces no podemos darles a las universidades menos de lo que ya les dábamos”, afirmó el ministro en una entrevista telefónica.
Todavía al inicio de la sesión de negociación de este martes, el Gobierno mantenía su idea de rebajar el FEES para el 2023. Incluso, el lunes por la noche, en una cadena nacional, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, defendió la postura del Ejecutivo y le dijo a los universitarios que “no hace falta tanta agresividad”, pues, en su criterio, el diálogo siempre ha estado abierto.
El artículo 85 de la carta magna establece que “las rentas de ese Fondo Especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. (...) El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”.
Es decir, para cada año, el Gobierno debe otorgarle a las universidades, como mínimo, un monto idéntico al asignado en el presupuesto anterior, ajustado según la inflación.
Querían ‘mantener la proporcionalidad’
Nogui Acosta además afirmó que al plantear su propuesta original, en la que se proponía recortar los ¢128.000 millones del presupuesto de las universidades públicas, el Gobierno tenía la intención de no crear una distorsión entre el dinero que el Estado dedica a la educación superior y el que se invierte en preescolar, primaria y secundaria.
La asignación de recursos estatales a la educación pública se mide con respecto al producto interno bruto (PIB). Actualmente, el Estado invierte en este sector cerca de un 6% de la producción, aunque Constitucionalmente debería ser un 8%. Según las estimaciones del MEP, de toda esa inversión, cerca de un 20% se destina a la educación universitaria y, el resto, en los demás niveles.
Según Acosta, lo que el Ejecutivo planteaba es que si a las universidades se les giraba más de los ¢430.130 millones que el Ejecutivo proponía, se crearía un desbalance, pues aumentaría la porción de dinero que iría a la educación superior, con respecto al crecimiento que tendrían otros niveles educativos.
“Entonces lo que iba a seguir pasando es que íbamos a empezar a utilizar recursos que deberíamos utilizar en esa educación primaria, secundaria, en primera infancia; en educación universitaria, y eso tiene consecuencias desde el punto de vista de cómo asignamos los recursos como sociedad”, razonó el ministro de Hacienda.
Al consultársele si, al sopesar este argumento, no se tomó en cuenta el principio constitucional que prohíbe rebajar el financiamiento de las universidades, afirmó que para ellos fue más importante “mantener una proporción que reflejase la composición de niños, niñas y universitarios en la educación”.
Para el ministro, desde esa perspectiva, “tenía sentido el tema de reducir” el FEES, pero el planteamiento se vino abajo frente al hecho “fundamental” que defendieron los rectores, con base en la Constitución Política.
“En este sentido de nuestra conversación de hoy hemos ido encontrando puntos de acuerdo, entre los cuales este tema fue una de las disposiciones que discutimos y convenimos que era correcto”, afirmó Acosta.
Hace escasos 14 días, la Sala Constitucional reafirmó la supremacía del artículo 85 de la carta magna al declarar como inconstitucional un recorte de ¢10.000 millones que los diputados anteriores le aplicaron al FEES del 2019.
Este miércoles, los rectores y el Gobierno se reunirán de nuevo para decidir el componente por costo de vida que se sumará a los ¢522.000 millones del FEES para el 2023. El punto fundamental será definir si se usará la inflación interanual de 8,7% o la alcanzada en julio, de 11,4%.
