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Nueve funcionarios universitarios, quienes recibieron sanciones por cometer actos de hostigamiento sexual, reincidieron en esas conductas y volvieron a acosar a estudiantes y colegas.
Seis de ellos fueron despedidos de sus puestos tras el segundo hostigamiento, pero a tres se les permitió continuar laborando para la institución donde cometieron los abusos. Cuatro de estos casos ocurrieron en la Universidad de Costa Rica (UCR), cuatro en la Universidad Nacional (UNA) y uno en la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Estas nueve personas destacan dentro de la lista de los 69 funcionarios y exfuncionarios contra quienes las casas de enseñanza superior estatal han tomado medidas disciplinarias, luego de demostrarse que cometieron actos de acoso.
Todos los que acumulan más de una sanción por hostigamiento sexual en las universidades públicas son hombres. En ocho de los casos, las agresiones se cometieron contra estudiantes.
La Nación construyó la lista a partir de los datos que suministraron, por aparte, las cinco universidades públicas: la UCR, la UNA, la UTN, el Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Esta última reportó que desde el 2012 hasta la fecha, no ha sancionado a ningún funcionario.
Los seis exempleados reincidentes que perdieron el trabajo son parte de los 23 que han sido despedidos de las universidades públicas en la última década, por actos de esa naturaleza.
Uno caso particular es el del doctor Juan Manuel Camacho Hernández, quien hostigó a al menos tres estudiantes en el consultorio universitario, en el 2011, el 2014 y el 2019, antes de que la UNA lo despidiera, en junio de este año.
Otro de los reincidentes, y uno de los que mantuvo su trabajo pese a acumular dos sanciones, es Abel Salas Mora. Él laboró durante tres décadas en la UCR, como docente de la Escuela de Administración de Negocios, después se jubiló y fue seleccionado por el presidente Rodrigo Chaves para integrar la Junta Directiva del Banco Popular, del cual ahora es presidente.
En su caso, las dos denuncias en su contra las presentaron estudiantes, una en marzo y la otra en abril del 2014.
Los otros dos sujetos que mantuvieron sus empleos fueron un profesor de Matemática de la UNA, apellidado Solano Alvarado; y un funcionario de la UCR de apellidos Fonseca Leiva, quien fue denunciado en febrero del 2022 por empleadas subcontratadas por esa universidad. Esta figura se utiliza, por lo general, en los servicios de limpieza.
Suspensiones previas
Quienes sí perdieron el puesto recibieron dicha sanción después de haber sido amonestados con suspensiones por faltas previas. Fue el caso, por ejemplo, de un docente de Informática de la UTN en la sede de Atenas, de apellidos Zúñiga Ortiz. Él fue suspendido 15 días sin goce de salario en el 2015 por hostigar a un estudiante. Una segunda víctima presentó otra denuncia en noviembre del 2019, y por esos hechos fue despedido.
En la UNA, un docente de apellidos Muñoz Valenciano, especialista en Relaciones Internacionales, docente e investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), fue suspendido por dos semanas por agredir a una estudiante, quien denunció el caso en marzo del 2019. Otra alumna lo reportó en el mismo mes y, al cabo del proceso, se ordenó su despido.
Un caso similar se registró en la UCR en el 2014, con un médico de apellidos Portobanco Orozco, quien laboraba en la sede del Pacífico. Varias estudiantes lo denunciaron, en dos expedientes aparte, en el mes de junio. En abril del año siguiente, la universidad dictó su despido.
En total, en los últimos diez años y medio, las casas de enseñanza superior estatal han dictado 78 resoluciones sancionatorias contra funcionarios, tanto docentes como administrativos, por incurrir en actos de acoso sexual. Los castigos se endurecieron desde mediados del 2019, después de que alumnas de las casas de enseñanza se declararon en emergencia por la violencia de género que experimentan en la academia.
Nota de la redactora: Información actualizada el 7 de diciembre para precisar que el académico Muñoz Valenciano laboró en el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la UNA.
