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Esta tarde, los diputados aprobaron en carrera una moción para discutir, a última hora, si permiten la reelección del magistrado Jesús Ramírez, en la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
El nombramiento se renovará de manera automática este martes por ocho años más, sin necesidad de votación, si los diputados no se pronuncian en contra de la continuidad del alto juez, cuyo cuarto periodo expira este 14 de marzo. Así lo establece la Constitución Política.
La moción fue presentada por legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), luego de que La Nación publicara, este lunes, que estos partidos permitirían que Ramírez fuera reelegido por silencio legislativo en la Sala que resuelve en alzada los juicios penales, tal como ocurrió en el 2009.
Jesús Ramírez es magistrado desde 1985. Lleva cuatro periodos de ocho años en el cargo, para un total de 32 años. El juez ha permanecido en su puesto aun después de que la comisión especial para investigar los hechos denunciados sobre narcotráfico (expediente legislativo 10.684) recomendara al Congreso, en noviembre de 1988, no permitir que siguiera en sus funciones.
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Esa comisión concluyó que Ramírez, supuestamente, protegió reiteradamente al exjefe de Investigaciones Criminales del OIJ, Ricardo Umaña, quien era muy cercano del narcotraficante argentino Roberto Fionna Fionna, requerido por la justicia francesa y extraditado desde Costa Rica.
La moción de esta tarde, para debatir una nueva elección del magistrado, se aprobó unánimemente con los votos de los 45 congresistas presentes en el plenario.
En la sesión, desató su furia el socialcristiano Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión de Nombramientos, que no trajo a Jesús Ramírez a audiencia ante los diputados.
El legislador se molestó por el recuento de las últimas 11 reelecciones de magistrados que no se han dado en automático y por las recomendaciones que hace 29 años se hicieron sobre Ramírez.
Según el rojiazul, quien se ha confesado en el plenario como cercano al magistrado, no debe ser la Comisión de Nombramientos la que decida la continuidad de Ramírez, sino el plenario. No obstante, no fue hasta hoy, publicado el artículo sobre el silencio que le permitiría seguir, que se dispusieron a la discusión.
De hecho, en dos ocasiones en la última semana, se rechazó por la falta de votos del PLN y del PUSC, una moción para sesionar de forma extraordinaria y debatir el tema.
Antes que puntualizar razones válidas por las que un magistrado con más de tres décadas en la Corte Suprema de Justicia deba seguir allí, Rodríguez se dedicó a atacar este medio por revelar la estrategia del silencio legislativo para reelegirlo.
"Miente, entonces, y se vuelve a mentir allá arriba, donde están los dioses del Olimpo, vuelve el perro chihuahueño a decir mentiras, como es su costumbre. No es cierto que nos pusiéramos de acuerdo (el PUSC con el PLN). Ustedes no son dueños de la verdad absoluta, ustedes son corruptos. La prensa miente y sigue mintiendo, con la complicidad de algunos diputados oficialistas. No puede ser que nosotros aceptemos a estos corruptos de la prensa. Ustedes de transparencia no saben nada", gritó el socialcristiano desde su curul.
Maureen Clarke, jefa liberacionista, aseguró que sus compañeros estaban muy ocupados con la campaña electoral interna para estar haciendo sesiones adicionales y dijo que estaba únicamente en manos del presidente legislativo en ejercicio, el libertario José Alberto Alfaro, poner a debate el tema.
En la Comisión de Nombramientos, Clarke y el verdiblanco Julio Rojas se unieron a Rodríguez, quien preside ese panel legislativo, para evitar que el alto juez penal fuera a audiencia y explicara su trayectoria en la Sala III.
Según la verdiblanca, se han lanzado "hipótesis lapidarias" escudadas en la inmunidad parlamentaria, por parte de congresistas de varios partidos "para decir lo que se les viene a la mente" respecto al ejercicio de Jesús Ramírez.
"Eso no es íntegro, no es válido, incluso hablándole a la prensa como si hubieran sentencias, como si hubieran fallos, como si esta persona en su moral, en su integridad, en el desarrollo de sus 30 años de servicio haya cometido irregularidades", dijo Clarke.
Arguyó que la única culpa que ella le ve al magistrado es tener la edad que tiene y que eso no puede ser motivo para que lo echen de sus funciones.
Por su parte, los oficialistas Emilia Molina y Ottón Solís declararon que el juez ha sorteado las recomendaciones que pidieron no reelegirlo y criticaron su rendición de cuentas.
Molina enfatizó hoy que, en su informe, el magistrado solo registró participación en diez actividades, la más reciente del año 1992, así como cuatro publicaciones, solo una con referencias reales. Solís, además, atacó que sea uno de los magistrados que defienden los privilegios de la Corte Suprema de Justicia.
"Esto es importante porque la Sala III tiene la responsabilidad de resolver los recursos de casación en materia penal. (...) Ante una nota de don Ottón Solís el magistrado Ramírez dijo que quería venir pero al final parece que no quería venir, pero para reelegir a un magistrado realmente tenemos que saber qué ha hecho. Uno esperaría sentencia de alto calibre y muchas publicaciones, pero quedamos preocupados por lo flaco de ese currículum", dijo la legisladora.
Solís comentó que se le quedaron sin hacer muchas preguntas para el magistrado Ramírez y aseguró que "es cierto" que hubo una alianza entre diputados de la Comisión de Nombramientos para que asistiera el juez de casación penal y ratificó, a diferencia de lo dicho por Rodríguez, la dificultad que ha habido para que la discusión se diera en el plenario, por falta de interés de varios partidos.
"Sí hubo un esfuerzo coordinado entre Liberación y la Unidad, o por lo menos de una parte, para impedir que se recibiera en comisión e impedir que aquí tuviésemos el proceso que vamos a llevar a cabo a esta tardía hora", dijo el fundador del PAC.
El 19 de octubre del año pasado, en la Comisión Especial de Pensiones, el magistrado dijo que él es un abanderado de los derechos de los trabajadores judiciales y justificó la decisión de levantar el tope a las pensiones judiciales, a pesar de que esta decisión había beneficiado a funcionarios "con salarios superiores".
Además, Ramírez también advirtió a los miembros de ese foro –que aún tienen a despacho la discusión sobre las pensiones judiciales– que se debe pagar más a los jueces para protegerlos ante "el avance del sicariato y el crimen organizado".
"Nosotros tenemos que pagarle un poquito más (a los jueces) para que vayan a Limón y dichosamente hicimos una visita, que lideró doña Zarela, en que prácticamente tenemos saneado, en parte, no podemos decir que en todo, pero la gran mayoría de jueces de Limón ya son gente honorable y tenemos que luchar por esas conquistas", indicó Ramírez en aquel momento.
Según el magistrado penal, los diputados deben tomar en cuenta –antes de resolver cambios al sistema jubilatorio del Poder Judicial– que "el país descansa en la honorabilidad del Poder Judicial" y añadió que si este poder "se resquebraja", entonces "la democracia se pierde en Costa Rica".
Al cierre de este artículo, ya Rodríguez había presentado sus argumentos a favor Ramírez; Molina y Solís lo hicieron en contra, mientras que el socialcristiano usaba su media hora para atacar a este medio y alegar que todo lo que se dice sobre el magistrado Ramírez "es mentira".
A la par de la moción aprobada para hacer la discusión, el presidente legislativo en ejercicio, el libertario Alfaro, resolvió que la discusión se dará hasta este martes, a las 6 p. m., y si no se hubiere agotado el uso de la palabra a esa hora, entonces se pondrá a votación.
Aunque finalmente la discusión inició este lunes, al filo de las 4 p. m., aún podría darse la reelección automática, en caso de que no se conforme el cuórum de la sesión plenaria este martes y no se continúe la discusión.
