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La copia de la cédula sigue siendo un requisito al solicitar el pasaporte, tanto en las oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería, como en las instituciones auxiliares (por ejemplo Correos de Costa Rica).
En agosto de este año, una directriz firmada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ordenaba a las instituciones del sector público no solicitar este requisito con el fin de facilitar los trámites.
La directriz aplica para todas las instituciones del sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial, que de una u otra forma realicen actos o presten servicios públicos a la ciudadanía.
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Sin embargo, en el caso de los pasaportes, el requisito se encuentra dentro de los reglamentos, por lo que la directriz no está por encima de esa norma.
Así lo justificó la oficina de prensa de Migración y el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal.
"Ante estas situaciones, la directriz en su artículo tres ordena a toda la Administración a iniciar los procedimientos internos que consideren necesarios para cumplirla, de conformidad con sus posibilidades y sus necesidades", dijo Carvajal.
Este mismo conflicto ha sido detectado por Casa Presidencial en otros trámites del Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Hacienda, por el momento.
Consultadas estas instituciones, solo el Ministerio de Hacienda confirmó que continúa recibiendo la copia del documento de identidad para las exenciones de impuestos en los regímenes de personas con discapacidad; sin embargo, están trabajando en un reglamento para ajustarse a la medida.
El Ministerio de Salud emitió la directriz DM-RM-4873-2016 el pasado 3 de octubre del 2016 que instruye a sus funcionarios a no pedir la fotocopia. Mientras, en Comercio Exterior, la encargada de prensa confirmó que no existe trámite para el cual se esté solicitando.
¿Para cuándo?
Carvajal adelantó que a inicios del próximo año se realizará un proceso de seguimiento de la directriz en toda la administración. El funcionario considera que es un tiempo prudencial para que las instituciones revisen y se ajusten a la nueva regla.
No obstante, el decreto no define el plazo para el cumplimiento de la norma, así como tampoco qué deben hacer las instituciones para adaptarse.
"Como toda directriz, este instrumento es amplio en sus formas de cumplimiento (...) cada uno de los órganos y entes públicos se encuentran obligados a su cumplimiento, pero no a hacerlo de una determinada forma", reconoció el director jurídico.
"Las directrices suelen determinar el 'qué', pero no el 'cómo'. En ese sentido, cuando se establece la expresión '...lo que consideren necesario...' es, precisamente, para que cada institución analice sus procesos internos y determine cuáles son las formas de lograr acatar la directriz", concluyó.
