El País

Contraloría sanciona a Johnny Araya por actuar ‘de manera negligente e imprudente’ en pago de parquímetros

Órgano fiscalizador determinó que el alcalde fue uno de los responsables de girar una indemnización sin ‘fundamento técnico’ de ¢253 millones a la empresa española Setex Aparki

El alcalde Johnny Araya habría actuado “de manera negligente e imprudente” al permitir el pago de una millonaria indemnización y otros dineros a la empresa encargada de los parquímetros de San José.

Así lo indicó la Contraloría General de la República (CGR) en una resolución que emitió este martes, en la que ordenó suspender por 30 días y sin goce de salario al gobernador capitalino y otros cuatro funcionarios.

Estos últimos son Osman Mariano Rodríguez Solís, Edgar Luis Sandoval Montero, Mario Enrique Vargas Serrano y Alexander Cerdas Rojas.

El órgano fiscalizador encontró a Araya como “responsable administrativamente en grado de culpa grave”, por un pago sin “fundamento técnico” de ¢253 millones a la empresa española Setex Aparki, en el 2018.

Los hechos se remontan a 2019, cuando el regidor municipal Diego Miranda, con ayuda del diputado frenteamplista José María Villalta, denunció presuntas irregularidades en dineros girados a esa compañía.

Queda mucha tela que cortar. El tema de la indemnización es solo una parte de la denuncia que nosotros presentamos. Cuando revisamos el contrato y otros asuntos que se habían hecho, nos dimos cuenta que hay otra serie de irregularidades, como el estudio técnico para avalar esa contratación o el cartel que se elaboró, porque la empresa intentó engañarnos metiendo porcentajes que no eran los adecuados.

—  Diego Miranda, regidor municipal.

Desde 2014, Setex Aparki alegó un desbalance financiero ante la municipalidad por el grado de ocupación de parquímetros. En el cartel de licitación, primero se estimó de un 60 a 70%, pero luego se actualizó a un 13%.

Sin embargo, cuando la empresa se quejó de que no se cumplía con la demanda del servicio establecida, lo hizo con base en el porcentaje inicial, sin tomar en cuenta la actualización, y aún así fue indemnizada, pese a no haber presentado un sustento legal y técnico en su queja.

La Municipalidad incluso modificó el contrato inicial con Setex Aparki para incrementar el porcentaje de comisión que recibe la compañía por cada hora de parqueo y además un 5% extra por concepto de multas.

“Concluye este órgano decisor que el señor Araya Monge promovió y recomendó se aprobara un reajuste contractual y reconoció pasar de una comisión de un 32% a un 45% a favor de la empresa, cuando se había indicado que un porcentaje mayor de un 33% resultaría ruinoso para la Municipalidad”, indicó la CGR.

La Contraloría dijo que la conducta del gobernador fue “grave y reprochable” y que incurrió en una violación al deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

También que violentó diferentes normas que componen el Ordenamiento de Fiscalización Superior, como el hecho generador de responsabilidad que regula el artículo 110 de la Ley de Administración Financiera, inciso b.

“Siendo el señor Araya Monge el Alcalde de la Municipalidad a pesar de haber conocido las recomendaciones de la Auditoría Interna, promovió y recomendó la aprobación del reajuste contractual tanto en el porcentaje sobre la comisión por parqueo, porcentaje sobre gestión de multas así como un monto por concepto de indemnización a favor de Setex Aparki S.A. modificando el contrato original; esto sin contar con algún estudio o fundamento técnico que sustente esas cifras de comisión o ese monto de indemnización, según las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, la cual en razón de su cargo pues ostenta un puesto de alta jerarquía resulta reprochable (…).

“Se trata de un funcionario que actuó de manera negligente e imprudente con afectación a la Hacienda Pública y por consiguiente no puede quedar impune”, reza la resolución, de la cual La Nación tiene copia.

Respecto a las sanciones para Araya y los demás funcionarios involucrados, el regidor Diego Miranda dijo sentirse decepcionado, ya que esperaba repercusiones más duras.

“Es positiva la resolución porque nos da la razón de que había muchas irregularidades, pero me queda un sin sabor porque yo considero que la sanción da para solicitarles las credenciales a los representantes populares que están envueltos y pedir la destitución de los funcionarios que también están involucrados”, aseveró.

El joven aseguró que tiene intenciones de elevar el caso a la vía penal y reveló que aún quedan otros asuntos por investigar.

“Una cosa importante es que en el último año la Municipalidad hizo una prórroga de este contrato y la Contraloría ya le había dicho que esa prórroga no se podía hacer, que tenía que volver a salir a concurso, y aún así se votó la prórroga, entonces ahorita tengo entendido que la Contraloría, el año pasado, abrió un proceso contencioso en contra de esa prórroga del contrato”, declaró Miranda a este medio.

Johnny Araya salió al paso de lo recomendado por la CGR, alegó que la resolución ni siquiera está en firme y se defendió bajo el argumento de que los parquímetros le han generado cuantiosos ingresos al ayuntamiento.

“No sólo cabe recurso de revocatoria con apelación, por la vía estrictamente administrativa, sino que además, en el marco del Estado de Derecho costarricense, el caso, de ser necesario, sería elevado a las instancias judiciales, en un proceso ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo.

“Tengo la plena certeza de que, en la instancia que sea necesario, quedará plenamente demostrado que los funcionarios municipales, regidores y yo actuamos, sin irregularidad alguna y correctamente, con pleno apego a la Ley, lo que permitió evitar una millonaria demanda”, manifestó el alcalde.

Sin embargo, Miranda aseguró que lo dicho por Araya, respecto a las ganancias por el sistema, es mentira.

“Es total y absolutamente falso. La municipalidad sin el contrato igual hubiese podido tener los mismos e incluso más ingresos de los que tiene por el tema de parquímetros. Sí es cierto que tiene buenos ingresos por los parquímetros, pero eso no es por la calidad del servicio ni por el contrato que se realizó, eso tiene que ver con que el usuario necesita el servicio.

“La municipalidad no necesita de la contratación de esa empresa para ejecutar un servicio de calidad y además ese contrato que hizo, desde mi punto de vista, es bastante ruinoso para la municipalidad”, finalizó.

Por este caso, la Contraloría también sancionó a estos miembros del Concejo Municipal: Jorge Luis Vargas Espinoza, Donald Alberto Leiva Hernández, Reina Isabel Acevedo Acevedo, Rolando Luis de los Ángeles Murillo Cruz, Wilber del Carmen Hernández Mora, Fernando Jiménez Debernardi y Flor María Zamora Álvarez.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación, graduado de la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre vivienda y trabajo.

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