Escuchar
La Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) mantiene en análisis administrativo la situación de una funcionaria de confianza, luego de una denuncia sindical por el presunto uso de instalaciones institucionales para la grabación y difusión de contenido publicitario privado.
Ante consultas de este medio, AyA confirmó este martes a las 8:14 a.m. que el caso lo está valorando la administración superior para determinar si corresponde o no abrir procedimientos formales por la presunta grabación de videos promocionales de un producto consistente en un gel de uso íntimo dentro de la sede de la entidad en Pavas.
En una ampliación de su respuesta, a las 8:42 a.m., el AyA indicó que, de acuerdo con la versión brindada por la propia funcionaria involucrada, el video cuestionado habría sido grabado una vez finalizada su jornada laboral, cuando se disponía a salir de las instalaciones.
“Según indica la compañera, el video se graba cuando su jornada había finalizado e iba saliendo de las instalaciones. Para tener certeza de esto y de las acciones a realizar, se está analizando el caso por parte de la administración superior para valorar la posibilidad de los procedimientos que correspondan”, señaló la institución en su ampliación de respuesta.
La denuncia fue presentada por el Sindicato de Trabajadores del AyA (SITRAA) y se refiere a la funcionaria Jeimmy Morera Rodríguez, asignada al área de comunicación de la Presidencia Ejecutiva.
El sindicato aportó con su denuncia registros audiovisuales difundidos en redes sociales en los que se observa a la funcionaria en espacios que coincidirían con la arquitectura y colores característicos de la sede central del AyA en Pavas.
En el corto, se aprecian los colores distintivos y estructura del edificio del AyA en Pavas.
El señalamiento sindical cuestiona un eventual uso de esa infraestructura estatal y, eventualmente, de tiempo laboral remunerado con fondos públicos para fines comerciales, lo que motivó la solicitud de revisión administrativa del caso.
El Sitraa aseguró haber remitido comunicaciones previas al despacho de la Presidencia Ejecutiva, en las que se indicaba que se valorarían eventuales medidas administrativas. Además, intercambios por WhatsApp con el número asignado a la Presidencia Ejecutiva del AyA.
En caso de que el puesto esté sujeto a prohibición o dedicación exclusiva, las limitaciones serían mayores.
No obstante, el AyA no ha precisado bajo cuál régimen salarial se encuentra contratada Morera Rodríguez ni si su cargo implica exclusividad total, tal y como también se le consultó.
En sus perfiles de redes sociales, la comunicadora tiene varios videos promocionando el producto como un potenciador sexual, el cual describe como un potenciador para “vivir sus momentos importantes con confianza”, pero ninguna de esas publicaciones hace referencia a su trabajo ni se grabó cerca de las instalaciones de la institución donde labora como vocera oficial.
Uno de esos videos es de noviembre del año pasado y el otro tiene fecha de mediados de enero de este año.
Marco legal
Más allá de la naturaleza del producto promocionado, la normativa costarricense establece criterios estrictos sobre el uso de recursos públicos.
La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Ley 8422) define el deber de probidad como la obligación de orientar la función pública exclusivamente al interés general.
Bajo ese marco, el uso de oficinas, mobiliario, energía eléctrica o tiempo de trabajo para actividades ajenas a la función pública podría ser valorado como un uso indebido de recursos estatales, sujeto a análisis administrativo.
Asimismo, la Ley Marco de Empleo Público (N.° 10.159) y la Ley General de la Administración Pública regulan los regímenes de incompatibilidades. Si bien algunas personas funcionarias pueden desarrollar actividades privadas fuera de su jornada, estas no pueden coincidir con el horario laboral ni interferir con las obligaciones del cargo.
