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De los 108 centros educativos de Costa Rica que actualmente tienen una orden sanitaria roja, 54 apenas están en la primera de las seis etapas que debe superar el Ministerio de Educación Pública (MEP) antes de llegar a una solución definitiva. Es un proceso que podría tardar años.
Las órdenes sanitarias rojas son las más críticas y las gira el Ministerio de Salud a infraestructuras que presentan condiciones de severo deterioro y riesgo de cierre.
En total, el MEP contabiliza 879 órdenes sanitarias entre las categorías roja, amarilla y verde, con corte a julio. De ellas, 620 son amarillas y 151 verdes.
Pamela Quirós, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, explicó que la duración del proceso para atender estas órdenes depende de las condiciones de cada centro educativo. En mayo, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, afirmó que algunos centros con órdenes sanitarias rojas ya se encontraban en proceso de diseño o construcción y estimó que en “un año” deberían desaparecer del listado.
Sin embargo, Lourdes Sáurez, exdirectora de la DIE, había explicado a La Nación que la construcción de un centro educativo —la última de las seis fases— puede tardar hasta dos años.
La Nación solicitó a Quirós información sobre cuántos de los 108 centros requieren ser edificados nuevamente. Aunque afirmó que enviaría los datos, al cierre de esta nota, no se habían recibido.
Un ingeniero de la DIE, quien suma años de trabajar en esa dependencia y solicitó el resguardo de su identidad, aseguró que la solución definitiva de una orden sanitaria roja puede tomar años. Explicó que algunas etapas pueden superarse en meses si la dirección establece un centro como prioridad, pero aclaró que eso no ocurre con todas las escuelas y colegios.
Según el funcionario, la evolución de un proyecto depende en buena medida de que esté totalmente financiado y cuente con un estudio técnico actualizado.
La mitad apenas comienza
El MEP divide el proceso para resolver las órdenes sanitarias rojas en seis etapas, desde la formulación hasta la ejecución. La primera es la más lejana de la solución y la última, la más cercana.
Los datos del Ministerio indican que 54 de los 108 centros están en formulación, fase en la que se revisa la orden sanitaria, se definen alternativas de solución, se estiman costos y posibles fuentes de financiamiento y se tramita la Autorización Técnica de Contratación (ATC).
Dos de los centros educativos con orden roja están en la fase de contratación del diseño, que ocurre cuando se define el alcance de los servicios requeridos, la estimación presupuestaria, entre otros aspectos.
Solamente un centro está en etapa de contratación del diseño y de la construcción, que se da cuando se elabora el cartel con las especificaciones técnicas, la evaluación de ofertas y el análisis de precios, entre otros.
La etapa de diseño es la fase en la que se encuentra una parte importante de los centros educativos. 35 escuelas y colegios se encuentran en esta fase, que consiste en el desarrollo técnico completo de la solución. En esta fase se elabora el anteproyecto; se coordina el trabajo entre las diferentes especialidades profesionales; se desarrollan los planos constructivos; se redactan las especificaciones técnicas y la memoria de cálculo; y se elabora el presupuesto detallado y el cronograma estimado de ejecución.
“(en esta etapa) el proyecto solo puede avanzar cuando cuenta con la documentación técnica y los requisitos regulatorios necesarios para contratar y ejecutar la obra”, detalla la información del MEP.
11 centros educativos están en la fase de contratación de la obra, que ocurre cuando se elige la empresa que se encargará de la obra designada luego de recibir las diferentes ofertas. En esta etapa se hace la adjudicación y se deben atender “eventuales recursos”.
Solamente cinco centros educativos están en la etapa de ejecución, que corresponde a la materialización física del proyecto en cada uno de ellos.
Según Quirós, 72 centros educativos continúan impartiendo clases en sus instalaciones porque la problemática está en un sector y no en todo el lugar; 32 están reubicados y 4 reciben las clases de manera virtual mientras se les resuelve el problema de infraestructura.
Siete años de espera en Calle Blancos
El caso del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Calle Blancos muestra cuánto puede prolongarse la solución.
El 30 de mayo de 2019, la comunidad educativa tuvo que abandonar las instalaciones por “riesgo inminente” de explosión, cortocircuito o descarga eléctrica debido al mal estado de la infraestructura. En ese momento, unos 1.000 estudiantes fueron reubicados en el campus de la Universidad Católica, en Moravia.
Un funcionario de la DIE indicó que el MEP estaría pagando alrededor de ¢37 millones mensuales en alquiler. El funcionario también señaló que hubo errores en la formulación del proyecto.
La madre de un estudiante contó a La Nación que les han dicho que los alumnos estrenarían el nuevo colegio a finales de 2026 o inicios de 2027. La promesa de las nuevas instalaciones, sin embargo, viene desde 2023, cuando se anunció que podrían ocupar un edificio de tres pisos en 2024.
La Nación visitó el colegio y constató que el edificio de tres pisos está listo, aunque otras obras continúan.
Tres banners colocados en una de las mallas detallan que la obra más antigua se inició en mayo de 2023 y consistió en la construcción de una nueva infraestructura de tres niveles por un costo de ¢1.100 millones. Asimismo, se incluyeron trabajos de mantenimiento, entre ellas el cambio total del sistema eléctrico.
Dos lonas más de abril de 2026 detallan en su alcance una obra menor y de mantenimiento en tres pabellones con un costo de ¢616 millones. En la otra, con una inversión de casi ¢567 millones, se especifica la construcción de labores de mantenimiento mayor que incluyen, entre otras, la remodelación del comedor, las baterías sanitarias y el sistema de tratamiento de aguas negras. En total, se habrían invertido ¢2.283 millones.
El CTP de Calle Blancos no es el único caso. El CTP de Batán esperó más de 12 años para que comenzara la construcción de sus nuevas instalaciones, mientras que la escuela Barrio Limoncito tendrá sus nuevas instalaciones este año, si se cumple la promesa, 19 años después de recibir su primera orden sanitaria.
El reto del MEP
Además de las órdenes rojas, el MEP tiene 620 órdenes amarillas, relacionadas con necesidades como arreglos en baterías sanitarias, cambios en cielorrasos o mantenimientos mayores. Las 151 verdes corresponden a mantenimiento menor o acciones administrativas.
Leonardo Sánchez afirmó que el MEP tiene un banco de 1.383 proyectos para desarrollar durante sus cuatro años de gestión.
En una entrevista anterior, el ministro señaló que para acabar con todas las órdenes sanitarias se requerirían dos periodos de gobierno, es decir, ocho años.
“Yo espero reducir las órdenes sanitarias rojas en su totalidad y las órdenes sanitarias al menos un 50%”, dijo Sánchez sobre la meta de su gestión.
Para 2027, el MEP estima destinar cerca de ¢39.000 millones a infraestructura.
