Ciudad de Guatemala. El combate contra la pobreza y la violencia criminal domina la oferta de los 19 candidatos presidenciales que buscan suceder al presidente Jimmy Morales, y quienes luchan por el apoyo de la ciudadanía en las elecciones generales que tendrán lugar el domingo venidero en Guatemala.

Morales, un excomediante de televisión, concluye su mandato de cuatro años con la popularidad por los suelos y con el pedido de la Fiscalía de investigarlo por corrupción.

Ninguno de los aspirantes aparece en las encuestas de intención de voto con posibilidades de ganar en la primera vuelta, por lo que se augura un balotaje en agosto.

La favorita es la socialdemócrata Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en el 2011 para poder postularse a la primera magistratura.

Le sigue el derechista Alejandro Giammattei, quien se postula por cuarta vez, aunque algunas proyecciones ubican a Roberto Arzú, hijo del fallecido exmandatario Álvaro Arzú (1996-2000), como un posible segundo lugar en su primera incursión para alcanzar la Presidencia.

En Guatemala está prohibida la reelección presidencial.

El proceso electoral estuvo marcado por la exclusión de la ex fiscala general Thelma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, quien fue marginada del proceso por decisiones judiciales ante denuncias de irregularidades en su contra cuando era jefa del Ministerio Público (2014-2018).

La Justicia también dejó fuera de la contienda a Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de estado.

En una señal del clima de violencia y corrupción en Guatemala, el fiscal de delitos electorales Óscar Schaad dejó el país tras sufrir amenazas, anunció este miércoles la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Lo mismo le ocurrió a Thelma Aldana, que enfrentada a amenazas de muerte y se asiló traslado a El Salvador y luego a Estados Unidos, donde permanece.

Según la Alianza por las Reformas, que agrupa a unas 40 organizaciones civiles, la exclusión de Aldana es “una clara represalia por las investigaciones que la exfiscala realizó contra el presidente (Morales), su familia y miembros de su partido político por actos de corrupción”.

A Morales lo investiga la Fiscalía por financiamiento ilegal en la campaña electoral del 2015 que lo llevó al poder, y un hijo y hermano suyo también enfrentan investigaciones.

En el 2015, los guatemaltecos vieron una esperanza de atacar la corrupción tras el arresto del presidente Otto Pérez por casos impulsados por la exfiscala Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órganoadscrito a Naciones Unidas que busca combatir la corrupción e impunidad desde el 2007.

Pero esas esperanzas se ven menguadas pues la Cicig terminará sus funciones en setiembre pues Morales incumplió la promesa de ampliar su misión hasta el 2021 luego de que la entidad internacional y la Fiscalía solicitaron investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.

Aunque algunos candidatos con pocas opciones impulsan la permanencia de la Cicig, los aspirantes con posibilidades han descartado su continuidad.

La candidata indígena maya-mam Thelma Cabrera, que figura entre los cinco primeros según los sondeos de intención de voto, consideró días atrás que Guatemala necesita una reforma estructural urgente con cambios constitucionales para cambiar lo que llamó un “Estado podrido”.

En ese marco de corrupción endémica, un 59% de los 17,7 millones de guatemaltecos vive en la pobreza, pese a que Guatemala cerró el 2018 con un crecimiento de 3,1% y espera crecer 3,4% este año, según el Ministerio de Finanzas, que ubica en más $75.000 millones el producto interno bruto (PIB) del país.

Sandra Torres apuesta a la generación de empleo e inversiones, el fomento agrícola y del turismo, aunque su principal bandera es revivir programas de asistencia social como el reparto de alimentos, insignias del gobierno de su exesposo.

“La única manera de poder salir de la pobreza es por medio del trabajo”, ha dicho Giammattei, quien propone generar “las condiciones adecuadas para aumentar la inversión y la producción” y parar la migración.

Un motor fundamental de la economía es el envío de remesas de los migrantes, que el año pasado alcanzaron casi $9.300 millones, el nivel más alto registrado.

Cifras oficiales estiman que 1,5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales solo entre 300.000 y 400.000 tienen residencia legal.

Miles de guatemaltecos se aventuran a cruzar México para llegar a Estados Unidos alegando huir de la pobreza y la violencia, problemas comunes en el norte centroamericano donde operan las temidas pandillas y grupos del narcotráfico.

Según fuentes migratorias guatemaltecas, 94.482 personas fueron deportadas por México y Estados Unidos en lo que va de este 2018, la mayoría originarios de poblados indígenas en el empobrecido occidente del país.

El Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala y Honduras- es la región sin conflicto armado más violenta del mundo, según Naciones Unidas, y ha sido fuente de multitudinarias caravanas migratorias a Estados Unidos.