San Salvador. Los obispos de Centroamérica demandaron este viernes a los gobiernos de la región que prioricen la conservación del medioambiente y eviten la “explotación minera”, en un mensaje emitido en un contexto en el que esa industria extractiva gana terreno en la región.
“Hacemos un llamado urgente a los gobiernos para que adopten políticas responsables y sostenibles que respeten la dignidad de los pueblos y la casa común (el territorio) y que no permitan la explotación minera”, señaló un comunicado del Secretariado Episcopal de América Central (Sedac).
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El gobierno de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a la empresa china Xinjiang Xinxin Mining Industry Company Limited para la explotación de minerales metálicos y no metálicos durante un periodo de 25 años. La resolución fue publicada en el diario oficial La Gaceta.
Según el documento, el área concesionada corresponde a 1.490 hectáreas ubicadas entre los municipios de La Libertad y Santo Domingo, en el departamento de Chontales, aproximadamente a 150 kilómetros al este de Managua. Sin embargo, el texto oficial no detalla los tipos específicos de minerales que serán extraídos.
La operación será gestionada a través de la filial nicaragüense de la compañía, Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, representada por el ciudadano chino Edward Xiang Liu. Con esta nueva concesión, Xinjiang Xinxin Mining acumula cinco licencias de explotación en Nicaragua, alcanzando un total de más de 43.000 hectáreas.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele expresó su intención de revertir la prohibición total de la minería metálica, vigente desde 2017. En un mensaje publicado en la red social X, calificó la normativa como “absurda” y señaló que El Salvador es el único país del mundo con una restricción absoluta de este tipo.
La ley, aprobada hace siete años bajo presión de grupos ambientalistas, prohíbe las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento de minerales metálicos tanto a cielo abierto como subterráneos, argumentando los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud pública.
Bukele defendió que la explotación minera puede realizarse de manera responsable y que representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico del país. “Esta riqueza, dada por Dios, puede ser aprovechada para llevar un desarrollo sin precedentes a nuestro pueblo”, escribió el mandatario.
No obstante, esta postura genera controversia, especialmente entre sectores ambientalistas que advierten sobre el riesgo de contaminación de fuentes de agua y otros recursos naturales.
En Costa Rica, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca regular la explotación de oro y otros metales en Crucitas, una zona que ha estado en el centro de debates ambientales y políticos durante más de una década.
La iniciativa propone otorgar al presidente de la República y al Consejo de Gobierno —integrado por los ministros— la facultad de adjudicar contratos de minería a cielo abierto.
Según el texto, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), con asesoría técnica de la Dirección de Geología y Minas, sería responsable de la preselección de posibles concesionarios, tanto nacionales como internacionales. Posteriormente, las empresas calificadas participarían en subastas públicas, y el Consejo de Gobierno tomaría la decisión final.
No obstante, este esquema de adjudicación generó críticas por posibles riesgos de falta de transparencia. Tanto diputados como la Contraloría General de la República expresaron reservas, señalando que concentrar estas decisiones en el Poder Ejecutivo podría derivar en irregularidades.
“Es necesario priorizar la vida humana y el medioambiente sobre los intereses económicos que perpetúan el daño social y ecológico”, subrayó el texto, firmado por el presidente del Sedac, Héctor David García, obispo de Yoro (Honduras).
En una misa oficiada este viernes, el obispo de Trujillo, Honduras, Henry Ruiz, exaltó la lucha contra la minería realizada por el ambientalista Juan Antonio López, quien fue asesinado el 14 de setiembre al salir de una iglesia en la ciudad de Tocoa, ubicada a 220 km de Tegucigalpa.
El Sedac, que se encuentra reunido en El Salvador, también abordó temas sensibles para Centroamérica, como la migración y la corrupción.