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Una reforma constitucional promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo plantea retirar la nacionalidad a quienes adquieran otra. La propuesta fue aprobada en primera legislatura por la Asamblea Nacional el 16 de mayo y aún requiere un segundo trámite para entrar en vigencia.
El abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial de Nicaragua, explicó en una entrevista publicada por el medio nicaragüense La Prensa que las personas que pierdan su nacionalidad podrían enfrentar restricciones para registrar propiedades, acceder a servicios judiciales y realizar trámites administrativos.
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Resumimos las principales inquitudes que han surgido en torno al tema, a partir de la publicación de La Prensa:
¿Qué dice exactamente la reforma sobre la pérdida de la nacionalidad?
El artículo 25, modificado por la reforma, establece que la nacionalidad nicaragüense se perderá de forma automática al adquirir otra. También se cambia el artículo 23 para exigir que los extranjeros renuncien a su nacionalidad de origen al nacionalizarse, salvo si son centroamericanos.
¿A qué derechos afectaría esta medida?
Según Morazán, la pérdida de nacionalidad implicaría la restricción de derechos civiles, sociales y económicos, como el acceso a salud, educación pública, pensiones, empleo formal, votar y ser electo en cargos públicos.
¿Qué pasa con los bienes de quienes pierdan la nacionalidad?
Aunque legalmente los extranjeros pueden poseer propiedades en Nicaragua, La Prensa señaló que el régimen ha usado la pérdida de nacionalidad como excusa para confiscar bienes, negando registros o ventas.
¿Las personas podrían regresar al país si pierden la nacionalidad?
La publicación explica que una vez sin ciudadanía, una persona podría quedar impedida de regresar a Nicaragua, incluso si tiene familiares en el país.
¿Cómo afectaría esto a los hijos nacidos en el extranjero?
Los hijos nacidos después de que sus padres pierdan la nacionalidad ya no podrían reclamar la ciudadanía nicaragüense. Los nacidos antes sí mantendrían el derecho, pero podrían enfrentar trabas administrativas.
¿Esta reforma es compatible con el derecho internacional?
No. Morazán comentó que contradice el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantiza el derecho a una nacionalidad desde el nacimiento.
¿Qué ocurre con los nicaragüenses que ya tienen doble nacionalidad?
Podrían quedar en un limbo jurídico, según el criterio de Morazán. No existen garantías de que se respete el principio de irretroactividad. El régimen ya ha retirado pasaportes y ciudadanía a opositores sin juicio previo.
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¿Qué tratados y acuerdos se estarían violando?
La reforma violaría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al limitar el sufragio, y acuerdos bilaterales como el firmado con España, que permite conservar la nacionalidad de origen.
¿Hay países que aplican medidas similares?
Sí, pero son pocos. En América Latina solo Cuba, Haití, Guyana, Surinam, Paraguay y Trinidad y Tobago tienen restricciones similares. A nivel global, existen políticas restrictivas en Alemania, Japón y Países Bajos.
¿Qué han hecho otros países ante estas medidas del régimen?
Gobiernos como los de España, México, Argentina y Colombia han ofrecido su nacionalidad a los afectados para evitar que queden en condición de apatridia.
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*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.
