La intervención militar que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó en Haití comenzó con la desaparición de cuatro soldados salvadoreños y se convirtió en una operación contra las pandillas que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe.
Un mes después, el Gobierno no ha explicado cuánto cuesta el despliegue, cuáles son sus límites ni cuánto tiempo permanecerán sus tropas en el país caribeño. Tampoco se sabe más de los cuatro desaparecidos.
El 18 de octubre, cuatro militares salvadoreños que trabajaban como técnicos aeronáuticos en Haití desaparecieron tras una emboscada en una zona controlada por pandillas.
Los soldados formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por Naciones Unidas.
Bukele respondió con el envío de más de 2.000 efectivos. El contingente llegó a unos 2.500, según los reportes de Reuters y AP.
Incluso, este miércoles se dio una manifestación de apoyo a la intervención salvadoreña en Puerto Príncipe. Pero, ¿qué se sabe de la operación y qué permanece sin respuesta?

¿Es una misión de Naciones Unidas?
No en su totalidad. Esta es una de las principales diferencias que deben entenderse para dimensionar el despliegue.
El Salvador ya participaba en la fuerza multinacional autorizada por la ONU para combatir a las pandillas haitianas. Sin embargo, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, aclaró el 2 de noviembre que la gran mayoría de los militares enviados recientemente por Bukele no forma parte de la GSF.
Por tanto, tampoco está bajo el mandato ni los mecanismos de supervisión de la oficina de apoyo de la organización.
Amnistía Internacional advirtió que esta situación plantea interrogantes sobre quién controla a los efectivos, cuáles son las reglas para utilizar la fuerza y ante quién deben responder si cometen abusos.
La organización pidió a los gobiernos de Haití y El Salvador publicar el acuerdo que regula el despliegue y establecer mecanismos para investigar posibles violaciones de derechos humanos.
¿Qué acuerdo permite la presencia de los soldados?
El 18 de noviembre, el Gobierno haitiano anunció que su Consejo de Ministros aprobó un acuerdo de cooperación con El Salvador. Lo describió como una nueva etapa en las relaciones bilaterales, pero no divulgó el documento ni detalló sus condiciones.
La falta de información había generado cuestionamientos desde el inicio. Según una investigación de The New Humanitarian y el medio haitiano Ayibopost, el despliegue comenzó antes de que se conocieran públicamente los términos de un convenio que definiera sus alcances.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró que existían acuerdos diplomáticos, políticos y militares que legitimaban la presencia de los soldados. Sin embargo, no presentó los documentos.

El experto haitiano en seguridad Ricardo Germain describió el arreglo inicial como una especie de acuerdo informal, sin un marco institucional suficientemente claro.
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el 29 de septiembre una ley para autorizar la participación de su Fuerza Armada en la GSF durante un período inicial de 12 meses, a partir del 2 de octubre.
La normativa permite desplegar personal militar y civil, aeronaves y equipo, y establece que El Salvador mantiene jurisdicción sobre sus efectivos.
La diferencia entre esa autorización para participar en la GSF y el contingente adicional que opera fuera de su mandato internacional sigue siendo una cuestión central.
¿Cuánto cuesta la intervención?
No existe una cifra pública del costo total.
Bukele afirmó el 29 de octubre que El Salvador cubre el 90% de los gastos de la operación. Reconoció que recibe alguna ayuda logística de otros países, pero no detalló el presupuesto, las partidas utilizadas ni cuánto dinero representa ese porcentaje.
El vicepresidente Ulloa confirmó que la operación se financia con recursos del presupuesto salvadoreño, según declaraciones recogidas por el diario El Mundo. El Gobierno tampoco ha presentado un desglose de gastos.
La ley aprobada por la Asamblea Legislativa incluye una excepción: las compras del Ministerio de Defensa para equipar, entrenar, preparar y trasladar al contingente no están sujetas a la Ley de Compras Públicas.
La revista The Economist, en su edición del 7 de noviembre, también cuestionó la falta de claridad sobre el financiamiento. La publicación señaló que trasladar y mantener a unos 2.000 soldados en un país con infraestructura debilitada supone un gasto considerable.
También planteó dudas sobre si El Salvador puede asumir por sí solo el porcentaje anunciado por Bukele, considerando los reiterados problemas de financiamiento público que se han reportado por medios salvadoreños y la opacidad total con la que se maneja la administración pública bajo el gobierno de Bukele.
La cifra del 90% es, por tanto, una declaración presidencial, no un costo auditado o un presupuesto publicado.

Para tener algún contexto, se puede anotar que el secretario general de la ONU propuso un presupuesto de $403,6 millones para financiar la FSG entre el 1.° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. La FSG cuenta con 2.000 efectivos.
El monto cubriría alimentación, agua, combustible, alojamiento, campamentos, un hospital de campaña, operaciones aéreas y personal de apoyo.
Según cálculos de The New Humanitarian, equivale a entre $200 y $250 diarios por cada militar o policía desplegado, sin incluir salarios.
¿Qué fue declarado secreto?
La falta de transparencia tiene varias dimensiones, pero conviene distinguirlas.
Por un lado, los términos del acuerdo bilateral no se han divulgado. Por otro, la ley salvadoreña excluye de los procedimientos ordinarios de contratación pública las compras relacionadas con el contingente.
Además, la nueva normativa aprobada el 29 de septiembre sustituyó el marco legal anterior y no reprodujo la disposición que obligaba al presidente a presentar informes periódicos sobre la misión ante la Asamblea Legislativa.
Esto no significa que exista una resolución pública que clasifique como secreto todo el operativo. Lo comprobable es que no se han divulgado los términos completos del acuerdo, el detalle de los gastos ni un mecanismo periódico de rendición de cuentas equivalente al anterior.
¿Qué papel tiene Erik Prince?
La intervención salvadoreña coincide con la presencia en Haití de Vectus Global, una empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, empresario estadounidense que también creó Blackwater.
El gobierno haitiano contrató a Vectus Global para apoyar operaciones contra las pandillas. Según investigaciones de The New Humanitarian, Ayibopost y The New York Times, la empresa participa en una estructura de seguridad que utiliza drones explosivos contra objetivos vinculados con organizaciones criminales.
El experto Romain Le Cour Grandmaison, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, advirtió que en Haití operan varias estructuras con mandos y reglas diferentes: las fuerzas haitianas, la GSF, los militares salvadoreños y el grupo apoyado por Vectus Global.
Sin embargo, no hay pruebas públicas de que Prince tenga un contrato con el Gobierno salvadoreño o dirija a las tropas de Bukele. Su empresa opera en el mismo escenario de seguridad y existen reportes de coordinación entre algunas de estas estructuras, pero eso no demuestra una alianza formal para conducir toda la intervención.
En Ayibopost, el periodista Juan Martínez d’Aubuisson expresó sobre la relación Prince-Bukele: “Tuvieron algunos contactos en el contexto de las criptomonedas”. “No puedo afirmar que existan acuerdos entre ellos para trabajar juntos en Haití, pero probablemente sea así. Estoy convencido de que coordinaron algunas operaciones, dado que Vectus está especializada en operaciones con drones”, agregó.
¿Qué ocurrió después del despliegue?
Las tropas salvadoreñas pasaron de la búsqueda de los cuatro militares a participar en operaciones ofensivas.
El 10 de noviembre, Bukele difundió imágenes de un ataque contra instalaciones que identificó como el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, liderada por Wilson Joseph. Posteriormente, efectivos salvadoreños y policías haitianos tomaron el control de un estadio en Puerto Príncipe.
El 18 de noviembre, el presidente salvadoreño confirmó otro ataque, esta vez contra la residencia de Jeff Larose, conocido como Jeff, jefe de la pandilla Taliban. AP informó que las imágenes difundidas por Bukele mostraban helicópteros disparando contra la propiedad. No estaba claro si Larose se encontraba allí ni si murió. La GSF indicó que no participó en esa operación.
La pregunta ahora es qué ocurrirá después de las incursiones. Recuperar un edificio o desalojar a una pandilla no garantiza que las autoridades puedan mantener el control del territorio ni proteger a sus habitantes.
Reuters informó el 17 de noviembre que analistas del International Crisis Group consideran que la operación ha mostrado pocos avances claros y que las ofensivas sin una estrategia sostenida ni un plan de salida pueden provocar una escalada de violencia.
También reportó amenazas de grupos armados contra residentes sospechosos de colaborar con las fuerzas de seguridad.
¿Cuál es el plan para los próximos meses?
No se ha divulgado una estrategia integral que explique cómo se mantendrán los territorios recuperados, qué instituciones asumirán su control o bajo qué condiciones se retirarán los soldados salvadoreños.
Reuters informó el 16 de noviembre que el ministro de Seguridad haitiano, Patrick Pélissier, viajó a El Salvador para conversar con Bukele sobre una posible extensión del despliegue.
El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, también tenía previsto reunirse con las autoridades salvadoreñas para discutir el futuro de la misión.
La ley salvadoreña establece un período inicial de 12 meses para la participación en la GSF, con posibilidad de extensión mientras continúe la misión internacional. Sin embargo, ese plazo no aclara por sí solo cuánto durará el contingente que opera fuera del mandato de Naciones Unidas.
¿Quiénes han pedido explicaciones?
Amnistía Internacional solicitó a ambos gobiernos publicar el acuerdo, explicar la cadena de mando, precisar las reglas de uso de la fuerza y garantizar que los habitantes puedan denunciar abusos sin temor a represalias.
William O’Neill, experto independiente de Naciones Unidas en derechos humanos en Haití, también cuestionó la falta de claridad sobre el marco jurídico de la operación y los mecanismos para determinar responsabilidades.
Desde el International Crisis Group, sus analistas han advertido que las incursiones militares necesitan una estrategia posterior que permita sostener los avances y evitar represalias contra la población.
The Economist cuestiona si Bukele pretende realizar ataques contra las pandillas y retirarse, o si busca mantener el control de partes del territorio haitiano. La revista advirtió que comenzar un enfrentamiento es más sencillo que terminarlo.
