EscucharBogotá. El mayor cartel del narcotráfico en Colombia, conocido como el Clan del Golfo, amenazó a dos magistrados del tribunal de paz que investiga los peores crímenes ocurridos en el prolongado conflicto armado, denunciaron autoridades este sábado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar recibieron intimidaciones relacionadas con su investigación sobre el escándalo conocido como “falsos positivos”. Una escabrosa práctica militar en la que la fuerza pública asesinó a miles de civiles y los presentó como rebeldes caídos en combate para inflar sus resultados en la lucha contra las guerrillas izquierdistas.
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Según el tribunal de paz, 6.402 civiles murieron bajo esta práctica tan solo entre 2002 y 2008.
“Rechazo contundentemente las amenazas del Clan del Golfo a magistrados de la JEP que están investigando falsos positivos. La búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz. Si el clan del golfo no entiende que la Paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo”, escribió el presidente Gustavo Petro en Twitter.
El primer izquierdista en gobernar Colombia llegó al poder en agosto con la ambición de extinguir el conflicto armado por medio del diálogo con todas las organizaciones ilegales.
En el marco de su política de “Paz Total”, el gobierno tuvo atropellados acercamientos con el Clan del Golfo, un temido ejército del narco integrado por 9.000 combatientes que extienden sus tentáculos a unos 30 países y trafica cerca de la mitad de la cocaína de Colombia.
En marzo, Petro reanudó la ofensiva contra el Clan tras acusarlo de romper un cese al fuego pactado el 31 de diciembre del 2022 con ataques a la población civil y la fuerza pública.
La fiscalía anunció el inicio de las pesquisas y aseguró que “tomó contacto con los dos funcionarios judiciales para conocer detalles sobre el origen de las intimidaciones y orientar los actos investigativos que permitan identificar y judicializar a los responsables”.
El Clan se formó a partir de los remanentes de los paramilitares de ultraderecha que operaban con ayuda de algunos miembros de la fuerza pública y se financia principalmente del tráfico de cocaína en el mayor productor mundial de esa droga.
Surgida del acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, la JEP investiga los crímenes de todos los actores del conflicto interno y ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes acepten su responsabilidad, cuenten la verdad y reparen a las víctimas.
La Otganización de las Naciones Unidas (ONU), la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Alto Comisionado para la Paz también rechazaron las amenazas.
