EscucharEste viernes 9 de octubre, la administración de Donald Trump anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión coincidió con la concesión del Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, jurista sudafricana y exjueza de la CPI. Es un paso más en la lista de sanciones contra varios jueces involucrados con la corte con sede en La Haya, dedicada a juzgar crímenes de lesa humanidad en el mundo.
Según la agencia Reuters, Washington busca frenar las actuaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses e israelíes. Las nuevas medidas amplían una campaña de presión que ya había alcanzado a jueces y fiscales de la Corte.
Después de conocidas las nuevas sanciones, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeció a Washington y acusó a Pillay de “sectaria. Una comisión de investigación de Naciones Unidas presidida por Pillay concluyó en 2025 que Israel cometió genocidio en Gaza. Israel rechazó ese informe.
¿Por qué resulta tan controversial este organismo?
El origen de la disputa actual
La Corte Penal Internacional fue creada para investigar y juzgar a personas acusadas de los crímenes más graves de trascendencia internacional, incluso cuando ocupan puestos de poder.
Sin embargo, su capacidad para actuar depende de reglas de jurisdicción y de la cooperación de los Estados, una limitación que ha quedado en evidencia ante la resistencia de potencias como Estados Unidos, Rusia e Israel.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó las sanciones como una defensa de la soberanía de su país. Según Financial Times, las medidas también pueden afectar a empresas que prestan servicios a la institución: tienen un plazo de 180 días para poner fin a sus relaciones comerciales con ella.
La CPI rechazó las sanciones y advirtió que buscan obstaculizar la justicia internacional. En su comunicado del 9 de octubre, la institución sostuvo que la medida constituye “un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional”.
La controversia se intensificó después de que la Corte emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre de 2024. Ambos son sospechosos de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza. Las órdenes no constituyen condenas.
En la misma orden de arresto se incluyó a Mohamed Deif, líder militar de Hamás.
¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La CPI es un tribunal permanente con sede en La Haya, Países Bajos. Fue creado mediante el Estatuto de Roma, aprobado en 1998 y vigente desde el 1.º de julio de 2002. Según el propio tribunal, 125 Estados son partes de ese tratado.
Su competencia abarca cuatro categorías de delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. La Corte juzga a personas, no a países. Su objetivo es determinar la responsabilidad penal individual de quienes presuntamente cometieron esos delitos.
La CPI tampoco debe confundirse con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aunque ambas tengan su sede en La Haya. La primera procesa a individuos; la segunda resuelve controversias jurídicas entre Estados y emite opiniones consultivas sobre cuestiones de derecho internacional.
Se trata de procedimientos distintos. Las conclusiones de una comisión de la ONU no equivalen a una sentencia penal y la orden de arresto de la CPI no declara culpable a una persona.
¿Qué delitos puede investigar?
El Estatuto de Roma define cuatro categorías de crímenes:
- Genocidio: actos cometidos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
- Crímenes de lesa humanidad: actos como asesinato, tortura, violación, deportación o persecución cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
- Crímenes de guerra: violaciones graves del derecho internacional humanitario durante un conflicto armado, como atacar deliberadamente a civiles o maltratar a prisioneros de guerra.
- Crimen de agresión: el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro, bajo las condiciones específicas que establece el Estatuto.
No basta con que un Gobierno sea acusado de cometer abusos para que la CPI pueda intervenir. La Fiscalía debe establecer si los hechos corresponden a alguno de los delitos previstos, si la Corte tiene jurisdicción y si existen pruebas suficientes.
Además, el tribunal funciona bajo el principio de complementariedad: los sistemas judiciales nacionales tienen la responsabilidad principal de investigar y procesar esos delitos. La CPI interviene cuando un Estado no quiere o no puede realizar de manera genuina esos procedimientos.
¿Cómo funciona el proceso?
Las investigaciones pueden comenzar a partir de una remisión de un Estado parte, una iniciativa de la Fiscalía autorizada por los jueces o una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU. La Fiscalía examina la información disponible, reúne pruebas e identifica posibles responsables.
Cuando considera que existen fundamentos suficientes, puede solicitar una orden de arresto o una citación para comparecer. Los jueces evalúan los elementos presentados y deciden si procede emitirla.
En la etapa previa al juicio, otra instancia judicial determina si hay pruebas suficientes para confirmar los cargos. Si el caso llega a juicio, la Fiscalía debe demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. La persona acusada tiene derecho a la defensa y se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Las decisiones pueden ser apeladas.
Una de las principales limitaciones de la CPI es que no tiene una fuerza policial propia. Depende de los Estados para detener a los sospechosos, trasladarlos a La Haya y ejecutar las sentencias. Puede emitir órdenes de arresto, pero no realizarlas por sus propios medios.
¿Por qué puede emitir órdenes contra Netanyahu y Putin?
La jurisdicción de la CPI no depende exclusivamente de la nacionalidad del sospechoso. También puede actuar sobre determinados crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte, aunque la persona acusada sea ciudadana de un país que no haya ratificado el Estatuto de Roma.
Ese principio explica la actuación de la Corte en los territorios palestinos. Palestina se incorporó al Estatuto en 2015. Israel no forma parte del tratado y rechaza la jurisdicción del tribunal, pero la CPI sostiene que tiene competencia sobre los presuntos crímenes cometidos en el territorio palestino bajo su jurisdicción.
El 21 de noviembre de 2024, la Corte emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. Según la corte, los jueces encontraron motivos razonables para creer que ambos podían ser responsables del crimen de guerra de utilizar el hambre como método de guerra, así como de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. También señalaron presunta responsabilidad por dirigir intencionalmente ataques contra la población civil.
Israel cuestionó la competencia de la Corte y rechazó las acusaciones. Las órdenes no constituyen una sentencia definitiva.
La CPI también emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la presunta deportación y traslado ilegal de niños ucranianos desde territorios ocupados hacia Rusia. Moscú tampoco reconoce la jurisdicción del tribunal.
En ambos casos, la Corte fundamenta su competencia en los territorios donde presuntamente ocurrieron los delitos, no en que Rusia o Israel sean miembros del Estatuto de Roma.
¿Por qué Estados Unidos se opone a la Corte?
Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma y sostiene que la CPI carece de autoridad para procesar a ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento. Washington argumenta que el tribunal podría emprender investigaciones con motivaciones políticas e interferir en decisiones relacionadas con la seguridad nacional.
La oposición estadounidense precede al caso de Gaza. En 2020, durante el primer mandato de Trump, Washington sancionó a funcionarios de la CPI por la investigación sobre presuntos crímenes cometidos por militares estadounidenses en Afganistán. La Administración de Joe Biden levantó esas sanciones en 2021. Trump retomó la presión en 2025, después de las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
El 9 de octubre de 2026, la Administración Trump amplió las medidas contra la institución. Según Reuters, Rubio afirmó que Estados Unidos no permitirá que la Corte procese a ciudadanos estadounidenses. Washington también pidió a sus aliados que contengan las actuaciones del tribunal.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane (también sancionada por EE. UU.), afirmó que el tribunal continuará trabajando con independencia e imparcialidad.
La decisión también genera tensiones con los aliados europeos de Washington. Según Le Monde, varios países europeos respaldan la CPI y enfrentan el desafío de proteger la independencia del tribunal sin ignorar las consecuencias económicas y diplomáticas de las sanciones estadounidenses.
¿Por qué es tan controversial?
Una jurisdicción limitada. Estados Unidos, Rusia y China no forman parte del Estatuto de Roma. La Corte no tiene competencia universal e ilimitada, aunque sí puede actuar en determinadas circunstancias sobre delitos cometidos en territorios de países miembros.
La dependencia de los Gobiernos. La Corte necesita que los Estados ejecuten sus órdenes. Si un Gobierno se niega a detener a un sospechoso, la CPI no puede enviar agentes para realizar el arresto.
Las acusaciones de selectividad. Durante años, la Corte recibió críticas por la concentración inicial de sus investigaciones en África. Sus actuaciones posteriores contra dirigentes de otras regiones han ampliado el alcance geográfico de sus casos, pero no han eliminado las dudas sobre la desigualdad en la rendición de cuentas.
La tensión entre justicia y política. Las órdenes contra dirigentes en ejercicio pueden afectar viajes oficiales, relaciones diplomáticas y negociaciones. Para quienes defienden la Corte, ocupar un cargo de poder no debe eximir a nadie de responder por presuntos delitos. Para sus críticos, las investigaciones pueden interferir en decisiones de seguridad nacional o utilizarse con fines políticos.
