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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, al considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia debido al riesgo de sufrir daños irreparables en sus derechos a la vida y la integridad personal.
La decisión fue adoptada el 20 de septiembre mediante la Resolución 73/2026. Según la CIDH, las personas beneficiarias enfrentan riesgos derivados de alertas de seguridad sobre sus vidas, amenazas y otros actos de violencia relacionados con la llamada represión transnacional atribuida al Gobierno de Nicaragua.
Entre las personas protegidas figuran Aníbal Enrique Toruño Jirón y su familia, Hanssel Manuel Vásquez Ruiz, Tania Jeanneth López Rodríguez, Amaru Ruiz Alemán, Eliseo Fabio Núñez Morales y su núcleo familiar, además de una periodista nicaragüense cuya identidad permanece reservada.
La CIDH señaló que, aunque tomó en cuenta las acciones emprendidas por el Estado costarricense y la existencia de mecanismos institucionales de protección, “los derechos a la vida e integridad personal de las personas beneficiarias están en grave riesgo”.
La Comisión agregó que “no se tienen elementos que permitan confirmar que el riesgo haya sido efectivamente mitigado”.
El Estado costarricense, según la resolución, manifestó su respeto por el mecanismo de medidas cautelares y su carácter preventivo, pero sostuvo que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
También afirmó que las autoridades habían actuado de manera diligente, continua y de buena fe y que existían recursos institucionales para atender las situaciones planteadas.
Ante esto, la CIDH solicitó a Costa Rica realizar una evaluación integral e individualizada del riesgo para cada persona beneficiaria, tomando en cuenta sus circunstancias particulares, las causas que generan el riesgo y las labores que desempeñan. A partir de esa evaluación, pidió definir mecanismos de protección adecuados y eficaces.
También solicitó que las medidas sean concertadas con las personas beneficiarias, que se adopten las acciones necesarias para que puedan continuar desempeñando sus labores en condiciones de seguridad y que el Estado informe sobre las investigaciones de los hechos que originaron la resolución, con el objetivo de evitar su repetición.
Antecedentes en Costa Rica
La resolución se emite en un contexto de riesgos que enfrentan nicaragüenses exiliados en Costa Rica, informado por La Nación y varios medios internacionales, así como organizaciones de derechos humanos.
En julio de 2026, este diario reportó, con base en un informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que periodistas nicaragüenses exiliados habían recibido alertas de autoridades costarricenses sobre riesgos para su vida e integridad.
La Nación también informó en mayo sobre el temor de exiliados nicaragüenses ante posibles acciones de vigilancia y persecución transnacional. También sigue pendiente la investigación por el asesinato del exmilitar Roberto Samcam, ocurrido en San José en junio de 2025.
En junio de 2026, además, este diario informó sobre una denuncia por un presunto ataque contra el opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, caso que el Organismo de Investigación Judicial indicó que se encontraba bajo investigación.
La CIDH aclaró que el otorgamiento de las medidas cautelares y su adopción por parte de Costa Rica no constituyen un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el Sistema Interamericano relacionada con una posible violación de derechos.
