San Salvador. El Salvador pasó de ser la “capital mundial del crimen” a convertirse en un “ejemplo de algo positivo”, según afirmó el martes pasado el presidente Nayib Bukele durante su discurso en la tribuna de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Muchas personas en todo el mundo están pendientes de lo que ocurre en El Salvador, especialmente en América Latina, pero también en Estados Unidos y otras partes”, expresó con entusiasmo, ya que este país centroamericano transformó su situación de ser “literalmente el país más peligroso del mundo” a ser el “más seguro” del continente, quedando solo detrás de Canadá.
Bukele, acompañado de su esposa e hija, se abstuvo de proporcionar fórmulas específicas, enfatizando que los gobiernos “deben tomar sus propias decisiones y reafirmar sus derechos”, además de “utilizar el sentido común”.
Después de cuatro años en el poder, subrayó que es la primera vez en los 202 años de historia del país, el más pequeño del continente americano, que se han dado grandes pasos para alcanzar su sueño de grandeza.
Estos sueños incluyen que las personas puedan caminar por las calles sin temor, que los niños jueguen en los parques, que el país se convierta en un destino turístico y en la capital del surf, y que muchos emigrantes deseen regresar, explicó.
Las encuestas indican que nueve de cada diez salvadoreños respaldan la lucha de Bukele contra las pandillas, que antes controlaban barrios, obtenían financiamiento a través de extorsiones, el sicariato y el tráfico de drogas, y que esta lucha comenzó en marzo del 2022.
En 17 meses, esta medida, que permite detenciones sin orden judicial, llevó a la detención de cerca de 72,600 presuntos pandilleros, para lo cual se construyó una megacárcel con capacidad para más de 40,000 personas.
Según las autoridades, más de 7,000 personas inocentes fueron liberadas.
Organizaciones humanitarias cuestionan el trato que reciben los presuntos pandilleros, y la ONU ha denunciado que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos 1,600 menores.
“Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas o su forma de hacer las cosas, menos aún cuando estas ni siquiera funcionan en nuestros países”, advirtió Bukele.

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