Cuatro años han transcurrido desde el estallido de la crisis en Nicaragua. Un país donde el Gobierno, encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha sido señalado por una investigación encargada por la Organización de Estados Americanos (OEA) de perpetrar crímenes de lesa humanidad contra miles de manifestantes (podés leer la investigación aquí para darte una idea).

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Yo trabajaba como editor de la revista dominical de La Prensa, el periódico más grande de Nicaragua, cuando estalló la crisis. En la revista cubrimos varios eventos del conflicto, visitamos ciudades y pueblos levantados contra Ortega en laberintos de barricadas, reconstruimos la vida de cuatro quinceañeros asesinados a manos de policías o parapolicías del régimen (según testimonios de familiares y amigos de las víctimas).

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En esta publicación explico con numerosos enlaces a noticias y con pruebas lo que sucedió en 2018, haciendo hincapié en el día que comenzó el conflicto y en cómo era Nicaragua antes de las primeras muertes.

Estos sfueron los saldos tras un año de la crisis humanitaria, política y económica, entre el 18 de abril de 2018 y el 18 de abril de 2019:

--Entre 325 y 560 muertos.

--Más de 800 presos políticos. (en abril de 2022 son 171 personas)

--Más de 60.000 exiliados. (en abril de 2022 se contabilizan más de 120.000 exiliados)

--El PIB de Nicaragua cayó un 4% en 2018.

--Todos los sectores socioeconómicos fueron sido afectados. El turismo decayó; hubo 57% de pérdida de empleos en 2018 y las cifras de turistas en el país retrocedieron 4 años.

--Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado duramente a Ortega, Murillo, sus hijos y políticos cercanos de su anillo de poder.

--En abril de 2019 siguía habiendo detenciones arbitrarias y represión ante cualquier acto de protesta cívica.

Esto último no ha cambiado en 2022. Ivette Munguía es periodista nicaragüense para Connectas Lab:

18 y 19 de abril de 2018: así comenzó todo

La crisis explotó en abril bajo forma de protestas cívicas que pocos vieron venir. Jóvenes universitarios se manifestaron pacíficamente el 13 de abril en repudio contra la no-respuesta del Gobierno al colosal incendio de la reserva natural Indio Maíz, que devoró unas 6.000 hectáreas de ese bosque considerado como un pulmón centroamericano.

Más tarde, tras la aprobación de una reforma fiscal y del seguro social que afectaba a trabajadores cotizantes, empleadores y hasta le quitaba un porcentaje de dinero a los pensionados, estos mismos jóvenes salieron a las calles el 18 de abril en protesta contra el régimen en Managua, mientras otros jóvenes hicieron lo mismo en las ciudades de León (al oeste) y Matagalpa (al norte).

El 18 de abril eran apenas unos 60 manifestantes autoconvocados los que se dieron cita a las afueras del centro comercial Camino de Oriente, en Managua. Esa misma tarde-noche, Ortega y Murillo les enviaron colectivos o turbas de la Juventud Sandinista (JS) armados con tubos de metal, cuchillos y otras armas blancas con carta libre para operar bajo la protección de la Policía.

Los ataques desproporcionados contra los civiles provocaron heridos y manifestantes ensangrentados. Los que pudieron huyeron del lugar y algunos quedaron atrapados a merced de los JS.

A los violentos del Gobierno los secundaba y apoyaba la Policía Nacional. Oficiales comunes, vestidos de celeste, y oficiales antimotines de negro dejaron que los JS hicieran lo que quisieran. Hubo cámaras de TV rotas, celulares robados y terror. A los minutos, los policías reprimieron a los manifestantes pacíficos con gases lacrimógenos y golpes.

Todo esto se transmitió en vivo en los pocos canales independientes de TV que quedaban en Nicaragua y las noticias aparecieron con galerías de fotografías en los periódicos La Prensa, Confidencial y El Nuevo Diario.

La respuesta a semejante derroche de autoritarismo, uso excesivo e injustificado de la fuerza, y delitos estatales, detonó la erupción de un volcán: la gran mayoría de Nicaragua apoyó instintivamente a los jóvenes víctimas y próximamente marcharía con ellos llenando las calles de todo el país con los gritos: “¡Eran estudiantes, no eran delincuentes!”, y “¡Ortega y Somoza, son la misma cosa!”.

Las protestas siguieron hasta entrada la noche y el 19 de abril amaneció con dos universidades tomadas por estudiantes como protesta contra la represión comandada por Ortega y Murillo.

Desde temprano los antimotines dispararon balas de goma a los universitarios. Varios perdieron sus ojos esa mañana. Luego vinieron las balas de plomo y los primeros muertos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por un acuerdo entre la OEA, la CIDH y el mismo Gobierno de Nicaragua, condujo una investigación con expertos internacionales sobre las muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. El informe, disponible en línea, es contundente y acusa al régimen de Ortega y Murillo de perpetrar crímenes de lesa humanidad.

Así se dieron las primeras muertes a manos de la represión estatal.

El 19 de abril murieron 3 personas.

El 20 de abril murieron 25.

El 21 de abril murieron 16.

El 22 de abril murieron 10.

El 23 de abril murió 1.

45 personas asesinadas en solo un fin de semana en el contexto de las protestas. 45 ejecuciones extrajudiciales con disparos de armas de alto calibre sobre todo en la cabeza, cuello y tórax de las víctimas. ¿Un genocidio? Así lo han calificado muchas voces.

Esta es la definición de genocidio según la RAE:

“Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”.

Hablamos de manifestantes civiles y jóvenes universitarios levantados en protesta con Ortega pero desarmados, que a lo sumo lograron lanzar piedras o fabricar morteros caseros para hacerle frente en esos días a las armas de la policía y los JS: AK-47, revólveres, rifles, escopetas, granadas de aturdimiento y de gases lacrimógenos.

Según Rafael Solís, exmagistrado del FSLN de la Corte de Justicia y hombre cercano a Daniel Ortega que se exilió a Costa Rica a comienzos de 2019, Ortega y Murillo son los responsables directos de estas muertes. Antes de huir de Nicaragua escribió una carta donde aseguró que todas las decisiones importantes en Nicaragua son verticales y provienen del Carmen, el barrio de Managua donde vive la pareja dictatorial.

Ligia Gómez, extrabajadora del FSLN como gerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Nicaragua, reveló en noviembre del año pasado que el 19 de abril, en un auditorio de Managua, el secretario político del FSLN Fidel Moreno, dijo que la orden expresa de Rosario Murillo para todos los secretarios políticos en el país para atender la crisis era: “Vamos con todo”.

Esto se traduciría en las primeras veintenas de muertes. En Nicaragua, cada alcaldía del país tiene un secretario político sandinista en comunicación permanente con el Ejecutivo que muchas veces tiene más poder que el propio alcalde.

Resumen de la crisis: fechas clave para comprender lo que pasó entre el 18 de abril de 2018 y el 18 de abril de 2019

23 y 28 de abril de 2018: Marchas colosales con decenas de miles de nicaragüenses llenan las calles de Managua y de otras ciudades del país contra el régimen de Ortega y a favor de los jóvenes y los autoconvocados masacrados. Las exigencias son por justicia y democracia.

Obispos de la Conferencia Episcopal se ofrecen como mediadores para un diálogo nacional que saque al país del estado de crisis al que ha entrado.

Desde los años setenta y ochenta, Nicaragua no veía marchas de protesta contra el Gobierno tan multitudinarias como estas.

Finales de abril y comienzos de mayo de 2018: Jóvenes autoconvocados se toman las instalaciones de la Universidad Politécnica (Upoli) y la Universidad Nacional Agraria (UNA). Los primeros sufren constantes ataques de la policía y de JS con armas de fuego y armas antidisturbios. Varios muertos se contabilizan en esos días.

16 de mayo de 2018: Da inicio el primer diálogo nacional, entre la recién formada Alianza Cívica --un grupo compuesto por movimientos estudiantiles, políticos opositores, académicos, empresarios, líderes campesinos y otros-- y el Gobierno, representado únicamente ese día por los mismos Ortega y Murillo (tras ser sentenciados a irse del poder por los gritos de los estudiantes, no volvieron jamás a una mesa de diálogo sino que enviaron emisarios).

La Alianza, encabezada por líderes universitarios que comenzaron las protestas por Indio Maíz y el Seguro Social, exige a Ortega abandonar el poder y cesar la represión brutal hacia los manifestantes pacíficos.

El Gobierno rápidamente llama “intento de golpe de estado” a todo movimiento de protesta y a las intenciones de la Alianza Cívica, y no ofrece justicia real alguna por los asesinatos. Tampoco reconoce ser responsable de los hechos violentos.

30 de mayo de 2018: Día de las Madres en Nicaragua. Una marcha todavía más grande que las anteriores toma lugar en Managua. La llaman “La Madre de las Marchas”, y se calcula que más de medio millón de personas asistieron. Esta vez quienes la lideran son las integrantes del movimiento Madres de Abril, compuesto por las madres de los manifestantes asesinados. 16 personas son asesinadas en esta manifestación totalmente pacífica.

Se estima que francotiradores ubicados en el cercano nuevo estadio de béisbol jalaron sus gatillos con precisión sobre la muchedumbre que caminaba por la Universidad Centroamérica y por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Comienzos de junio de 2018: Manifestantes levantan barricadas o “tranques” con adoquines por toda Nicaragua. Decenas de ciudades y centenas de carreteras se llenan de estos muros civiles como protesta contra Ortega y también como protección contra los policías, la JS y las turbas o grupos armados por el Gobierno que ya empiezan a aparecer y a sembrar el terror. La CIDH llama a estos últimos “parapolicías” o “paramilitares”.

12 de junio de 2018: La Alianza Cívica llama al primer paro nacional como forma de protesta. Tres paros nacionales más sucederán a este. Como resultado, las calles de Managua, León, Granada, Rivas, Matagalpa, Chinandega, Estelí, Masaya y otras ciudades permanecen vacías todo el día y prácticamente nadie sale a trabajar. Es una muestra contundente de apoyo hacia la Alianza y los manifestantes autoconvocados.

Junio de 2018: El diálogo nacional está suspendido por falta de acuerdos. El Gobierno solo se queja de los llamados “tranques” y no se compromete a ofrecer ni justicia ni democracia.

Jóvenes universitarios autoconvocados se toman la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua. Es el recinto de estudios superiores más grande de la capital, y un centenar de estudiantes y civiles se apropian de las instalaciones en protesta contra el Gobierno.

El diálogo sí logra que la CIDH y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos vengan a Nicaragua a evaluar la situación.

16 de junio de 2018: Seis miembros de una familia de siete personas son calcinadas vivas en su casa, en el barrio Carlos Marx de Managua. La única sobreviviente señala a policías y parapolicías del Gobierno como los responsables. Según vecinos, estos grupos armados pretendían ocupar el tercer piso de la morada para ubicar francotiradores. La familia era abiertamente opositora a Ortega en redes sociales.

5 de julio de 2018: Estados Unidos sanciona a tres funcionarios leales y claves para Ortega: el director de la Policía (su consuegro Francisco Díaz), el director de la petrolera nacional (Francisco López) y el secretario político de la alcaldía de Managua (Fidel Moreno).

1-18 de julio de 2018: El régimen lleva a cabo la “Operación Limpieza” de las barricadas en todas las ciudades y carreteras de Nicaragua. El operativo se hace en diferentes días con estrategia militar. Veintenas de camionetas pickup llenas de parapolicías armados con AK-47, PKM, M-16, rifles de mira telescópica Dragunov y hasta lanzacohetes RPG-7 van de ciudad en ciudad asesinando y deteniendo manifestantes. Van “limpiando” las barricadas y dejan grupos de vigilancia en los lugares para asegurar que no se vuelvan a hacer los muros. Hasta aquí van más de 270 muertes en tres meses.

13-14 de julio de 2018: Los parapolicías de Ortega se toman la UNAN. Matan y secuestran a estudiantes. Los que logran huir se protegen en la iglesia Divina Misericordia, en el barrio Villa Fontana, contiguo a la UNAN. Los estudiantes, periodistas nacionales y extranjeros, y los religiosos de la iglesia, permanecen 15 horas bajo el asedio de armas militares. A la mañana siguiente se logra que salgan los sobrevivientes con mediación de la Conferencia Episcopal.

2 de agosto de 2018: El Consejo Permanente de la OEA forma un grupo de trabajo para buscar una salida a la crisis. Esta sigue trabajando en 2019 sin encontrar salidas y con representantes de Nicaragua que niegan lo ocurrido y alegan intento de golpe de Estado promovido por la misma OEA y los Estados Unidos.

31 de agosto de 2018: El Gobierno expulsa a los representantes de la ONU de Nicaragua. Ortega los llama “un instrumento de muerte, terror y mentira”.

28 de setiembre de 2018: El régimen prohíbe las protestas opositoras bajo cualquier forma, violando lo que dice la Constitución Política de Nicaragua sobre la libertad de reunión, manifestación y movilización pacífica.

18 de octubre de 2018: Informe de la CIDH contabiliza 325 muertos, más de 2.000 heridos y más de 52.000 exiliados en el contexto de las protestas y la represión estatal. El Gobierno reporta 198 víctimas mortales y no admite ser responsable de ellas.

11 diciembre de 2018: El Congreso de Estados Unidos aprueba la ley Magnitsky Nica Act, que establece sanciones para funcionarios y familiares de Ortega implicados en corrupción y violación de derechos humanos, y obliga a la Casa Blanca a vetar préstamos multilaterales a Managua.

19 diciembre de 2018: El Gobierno expulsa a la misión de seguimiento de la CIDH en Nicaragua y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).

21 diciembre de 2018: La Policía arresta al periodista nicaragüense Miguel Mora y a la periodista costarricense-nicaragüense Lucía Pineda Ubau. El régimen ocupa el canal propiedad de Mora y donde Pineda trabajada: 100% Noticias.

Ortega también confisca tres medios dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se exilia después de este golpe. El Gobierno declara ilegales a nueve oenegés.

8 de enero de 2019: La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que trabaja en conjunto con la CIDH y es dirigida por el abogado Álvaro Leiva, publica su recuento de las cifras de víctimas afectadas por la represión del régimen. Son estas:

--561 ciudadanos muertos

--4,578 ciudadanos heridos

--1.336 ciudadanos secuestrados por grupos paramilitares (desaparecidos y presos políticos)

--472 ciudadanos liberados por fesión de ANPH e Iglesia Católica

27 febrero de 2019: Se instala un segundo diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica para negociar una salida a la crisis. Los puntos principales en agenda son:

--Libertad definitiva de los más de 800 presos políticos

--El fortalecimiento (restitución) de libertades individuales

--Reforma electoral y un plan de justicia para las víctimas de la represión

El Gobierno excarcela a 100 presos y los pone bajo arresto domiciliario. Otros 100 saldrán con igual restricción antes del 3 de abril.

1 marzo de 2019: Entra en vigor una reforma tributaria aprobada en la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, tras una reforma al Seguro Social aprobada en febrero similar a la que detonó la crisis en abril de 2018.

La empresa privada advierte que estas medidas harán colapsar la economía, que acumula pérdidas de más de $1.600 millones.

3 abril de 2019: Concluye la negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno sin llegar a acuerdos en los temas electoral y de justicia. Solamente se pacta la liberación de presos (770 según la Alianza Cívica) supervisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y a un plazo máximo de 90 días. También se había acordado restablecer el derecho a las manifestaciones políticas opositoras, pero la Policía mantiene vigente la prohibición.

El presente y el futuro

En abril de 2022, Nicaragua está prácticamente como hace tres años, cuando ya se había consumado un año de terror estatal: es una nación sumergida en represión política, miedo y resignacón.

El miércoles 17 de abril de 2019, manifestantes se convocaron para marchar en conmemoración del año del comienzo de la resistencia cívica contra el Gobierno, y este último llenó las calles de policías y detuvo a decenas de civiles.

Se reportaron más de 50 ciudadanos secuestrados por las autoridades. Ese mismo día, Estados Unidos sancionó a un hijo de Ortega y a un banco estatal “por corrupción y lavado de dinero para beneficio personal del régimen”.

En el país se ha criminalizado cualquier marcha y hasta han detenido a personas por llevar la bandera nacional, azul y blanca; por soltar globos con esos colores en las calles y hasta por correr con una camisa alusiva a las protestas.

La salida de la crisis es insondable. Nicaragua no sufre una guerra civil porque no hay dos bandos armados. Solo hay uno. Por un lado está el Gobierno, con la Policía, el Ejército, la JS y los parapolicías, y por otro está la gente común, representada otrora por la Alianza Cívica y con apoyo de algunos sectores de la Iglesia Católica.

Los jóvenes manifestantes, a lo sumo, llegaron a tener armas hechizas para defenderse de los crímenes de lesa humanidad con armamento militar que describió la CIDH por parte del Gobierno.

El país deambula actualmente sin acuerdos entre la sociedad civil opositora y el régimen autoritario. Ortega sigue ostentando todos los poderes y el FSLN tiene en marcha un mecanismo de propaganda para desinformar a quienes únicamente tienen acceso a la televisión, que son muchos en este país.

La OEA, la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea han condenado duramente las acciones del Gobierno de Ortega y Murillo, y también les han puesto sanciones, pero ninguna salida real al conflicto puede vislumbrarse cuatro año después del estallido de la crisis.

En redes sociales los nicaragüenses siguen protestando con la etiqueta #SOSNicaragua, a la que le han añadido estas dos nuevas: #TodosSomosAbril y #SiempreEsAbril.

Hoy, para no meterse en problemas, la mayoría de la población trata de continuar con sus vidas y sus trabajos sin provocar al Gobierno pero sin olvidar.

Comprender cómo era la Nicaragua de antes de abril 2018

Es importante entender esto para comprender por qué abril y los meses que le siguieron fueron tan sangrientos, y por qué Nicaragua sufre tantas violaciones de derechos humanos.

Ortega y Murillo controlan todos los poderes del Estado desde hace años. Su partido político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), regresó al poder en 2007 tras unas cuestionadas elecciones donde un 8,5% del conteo de votos nunca se esclareció y Ortega fue electo con el 91.5% de las actas escrutadas. Además, el candidato presidencial Herty Lewites, con fuertes posibilidades de ganar o forzar una segunda vuelta, murió en extrañas condiciones meses antes de los comicios.

Desde el retorno del sandinismo, el caudillo Ortega (presidente también entre 1984 y 1990, tras la Revolución Sandinista que acabó con la dictadura de los Somoza) se encargó de controlar el Poder Judicial y el Electoral, poniendo magistrados de su partido o de otros partidos que aceptaron participar en su juego político.

Después se hizo con la Asamblea Nacional mediante elecciones fraudulentas y la defenestración arbitraria de diputados opositores. A punta de decretos y denuncias de fraudes electorales supuestamente dirigidos por el magistrado y amigo de Ortega, Roberto Rivas, el FSLN ganó todas las elecciones entre 2006 y 2019, incluyendo las presidenciales de 2011 y 2016.

Así, Daniel Ortega ha sido presidente de Nicaragua en cinco períodos: 1984-1990 / 2007-2011 / 2012-2016 / 2017-2021 / 2022-2026. Contando los años en que encabezó al gobierno de transición entre 1979 y 1984, Ortega ha gobernado Nicaragua por más de 25 años y medio. Esto es más que cualquier dictador en el pasado del país.

Tanto control político actual fue ayudado por la complicidad del Ejército Nacional y la Policía, ambas dirigidas en todos sus estratos de mando por simpatizantes del FSLN y hasta por familiares directos de Ortega (el director de la Policía en 2018 era su consuegro).

Nicaragua, desde 2007, vive con las libertades y garantías sociales limitadas en un país con justicia parcializada, sin elecciones reales y con represión inmediata ante cualquier acto de protesta (antes de abril 2018 las manifestaciones fueron sobre todo las de los llamados “miércoles de protesta” y las manifestaciones campesinas contra el ilusorio canal de Nicaragua).

Muchos críticos políticos y académicos señalan también al sector de la empresa privada como corresponsable de ayudar al crecimiento de Ortega por crear un modelo de alianza económica y política con el régimen, a pesar de todo lo mencionado.

Este modelo, vigente entre 2007 y abril de 2018, hizo que el PIB en Nicaragua y la macroeconomía crecieran significativamente, aunque la casi inexistente generación de empleos formales y la pobreza de las familias no mejoró en esa década. Nicaragua, junto con Haití, sigue siendo uno de los países más pobre de América.