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El Tribunal Contecioso Administrativo rechazó la medida cautelar solicitada en setiembre por el Banco de Costa Rica (BCR) para suspender la obligación de aportar $70 millones a los inversionistas de un fondo de BCR SAFI, dueño del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
La medida fue presentada contra la orden administrativa SGV-R-179-2024 emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), y la resolución CNS-1948/12, que fue realizada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
En estos dos documentos, los supervisores obligan al Banco y a su subsidiaria, BCR SAFI, a resarcir a los inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado, para evitar mayores perjuicios por la compra del PEP.
Con este rechazo, también se deja sin efecto la medida cautelar provisionalísima acogida por el Tribunal Contencioso, la cual había suspendido la obligación del BCR de aportar los $70 millones al fondo inmobiliario.
“Dadas las consideraciones hechas respecto de la inexistencia de las condiciones básicas establecidas para la aceptación de la medida cautelar solicitada, se rechaza en todos sus extremos y así se dispone”, de acuerdo con la resolución N° 2025010842, de la cual La Nación tiene copia.
Como parte de los argumentos, el Tribunal señaló que con la medida cautelar se pretende “ponerle freno a la administración (supervisores) para aplicar una directriz”, lo cual iría en contra de los intereses de los inversionistas.
En la resolución también indicaron que la medida cautelar iría en contra de la obligación de los supervisores de brindar un buen servicio de supervisión financiera, lo cual solo se podría lograr con el “dictado de directrices que vengan a garantizar a la transparencia, confiabilidad y disciplina del mercado”.
