EscucharTaller 3R, empresa que solicitó protección judicial para evitar la liquidación, adeuda millones en cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en tributos al Ministerio de Hacienda.
En el expediente 25-000048-0958-CI, del cual tiene copia La Nación, se constata que el Grupo Corporativo Tres Erres Holding Sociedad Anónima presentó la petición ante el Juzgado Concursal de San José.
Dentro del requerimiento judicial también se encuentran Tres Erres Sociedad Anónima, Reyva Sociedad Anónima y REM Sociedad Anónima, según el documento presentado al Juzgado.
“En el hipotético caso de no prosperar la conservación de la empresa bajo las propuestas indicadas, se proceda (sic) a su liquidación”, dice en el documento, con fecha del 14 de marzo, en el que se señala que “la insuficiencia patrimonial (...) es actual e inminente”.
La empresa continúa operando, pues actualmente tiene entre 125 y 150 trabajadores, de acuerdo con Manuel Briceño, abogado representante en el proceso concursal.
Además de la CCSS y Hacienda, hay otros 13 acreedores, entre entidades públicas, personas y empresas. El monto de capital adeudado a los acreedores de Taller 3R es de $4,38 millones y ¢2.388 millones, precisan los documentos.
El Taller 3R se dedica a la reparación de carrocerías por colisión y pintura. Realiza reparaciones pequeñas, medianas y grandes (a vehículos pesados) y arreglos de golpes en vehículos livianos.
Por su parte, REM S. A es distribuidora de equipos y pinturas de marcas como Sikkens, Lesonal, Hein Werner y Blackhawk. El Grupo Corporativo Tres Erres está conformado por los talleres 3R, REM S. A. y Reyva (inmobiliaria).
Distribución de la mora
De acuerdo con el expediente concursal, la Caja es el principal acreedor del Taller, por un monto total de ¢2.089 millones entre las sociedades que conforman el grupo empresarial.
De ese total, ¢1.549,9 millones los adeuda la sociedad Tres Erres S. A., mientras que el monto restante –es decir, ¢539,11 millones– está distribuido entre las otras tres empresas que integran el grupo.
Estas cifras están registradas en el expediente. Sin embargo, la Caja confirmó a La Nación que, al jueves 3 de abril, las cuatro sociedades tienen una morosidad de ¢1.551,7 millones, de los cuales ¢1.005,2 millones eran de Tres Erres S. A.
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La Dirección de Cobros de la CCSS explicó a este diario que las deudas corresponden a cuotas obrero-patronales y sus intereses, así como a aportes de la Ley de Protección al Trabajador.
La CCSS comentó que el grupo de sociedades también adeuda cuotas especiales, como servicios médicos, subsidios, pensiones, gastos judiciales y cuotas de acuerdos de pago retrasados.
La Dirección Jurídica de la institución informó de que no tiene registro de la petición de protección concursal, pues no ha sido notificada. El trámite aún es reciente, indicó.
En relación con el Ministerio de Hacienda, el Taller 3R reportó una deuda por ¢207,8 millones ante el Juzgado, de los cuales ¢150,6 millones eran adeudados por la sociedad REM S. A., según el expediente.
En dicho documento únicamente se mencionan deudas con el fisco por parte de tres de las cuatro sociedades que se incluyeron en la solicitud (REM S. A., Grupo Corporativo Tres Erres y Reyva S. A.).
No obstante, el portal de consulta pública del Ministerio de Hacienda también mostraba morosa a la sociedad Tres Erres S. A. por un monto de ¢202,7 millones, por concepto del impuesto de la renta sobre las utilidades, por retenciones en la fuente (salarios, etc.) e impuesto al valor agregado (IVA). La consulta se realizó el 9 de abril.
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En el expediente también aparece como acreedor la Municipalidad de San José, a la cual se le registra un impago por ¢40,38 millones; también, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con ¢49,52 millones, y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con ¢830.135.
Salvar la empresa
El abogado de 3R afirmó que con la CCSS se encuentran en un arreglo de pago.
“No es la única empresa; hasta el mismo Estado debe un montón de millones. Deber a la Caja no es un problema que se tiene que ver como satanizado. (...) La carga social no es jugando en Costa Rica”, recalcó.
Además, agregó que Hacienda fue de los primeros que se apersonó al concurso y aclaró que se están reestructurando las deudas y tratando de solventar la situación.
La Nación consultó al Ministerio de Hacienda si ya fue notificado sobre este asunto, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Manuel Briceño comentó que, como parte del proceso, cuentan con un plan remedial que busca hacer una empresa más corporativa y tomar otro tipo de estrategia financiera para poder salvaguardar la compañía y a sus empleados.
“La idea es que la empresa salga, es el objetivo. Yo siento que cuando lleguemos a la audiencia ya tengamos el suficiente caudal para poder apalancar el proceso concursal”, afirmó el abogado, quien dijo que el proceso está en admisión.
El abogado añadió que la Ley Concursal lo que busca es poder salvar a las compañías de una crisis económica que estén atravesando en determinado momento. “La Ley Concursal no se puede satanizar, porque lo que buscamos es sacar la empresa adelante”, aseguró.
En relación con los acreedores, Briceño manifestó que, al someterse a este proceso, estos no pueden perjudicar a la empresa patrimonialmente, mientras se admite el concurso.
El plan de pago
La compañía propuso que luego de tres años de actividad bajo el sistema del concurso se proceda al pago de los intereses, para lo cual pedirá una rebaja, considerando una tasa preferencial de 2% menor a la original, así como el perdón de intereses superiores a un año.
Además, en relación con el pago de capital, planteó que, una vez transcurrido el plazo de tres años, retomará la cancelación de las deudas en las condiciones de plazo planteadas originalmente.
El abogado precisó que estas propuestas deben aprobarse en la junta de acreedores.
Según el expediente, el grupo empresarial tomó medidas de contingencia para enfrentar el deterioro de su condición financiera en los últimos años, como el cierre de cuatro de sus talleres de reparación.
Dos de ellos los abrieron y equiparon con dineros provenientes de créditos, los cuales siguen pagando, pese a que tuvieron que cerrar sus operaciones por la reducción de trabajo en la pandemia, los altos costos operativos y las tarifas.
Durante estos últimos meses, señalaron que han venido trabajando en la disminución de costos operativos y administrativos, así como en la mejora de la eficiencia y el manejo de su operación.
Entre las medidas implementadas están la reducción de personal administrativo, mayor selectividad en los trabajos que realizan y acuerdos con aseguradoras para incrementar el flujo de trabajo.
En caso de no prosperar el plan, la empresa pide que para el acreedor privilegiado (no se detalla cuál) tenga a su favor un gravamen garantizado con un fideicomiso, por lo que proponen de forma subsidiaria sacar a remate los inmuebles con su valor real o de mercado para pagarle. Esto se daría en caso de que se llegue a una liquidación.
Alegatos
El Taller 3R alegó que el deterioro en su condición financiera se relaciona con las tarifas que pagan las aseguradoras, las cuales, según ellos, son determinadas por el actor dominante del mercado, que es el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Al respecto, el INS explicó que la empresa presentó quejas; sin embargo, les han dicho que las condiciones contractuales no ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de los proveedores.
El Instituto afirmó que la única vinculación existente entre el Taller 3R y la institución es para el servicio de confección de avalúos, y aclaró que no mantienen una relación contractual con esta empresa para la reparación de vehículos.
El segundo factor que aceleró su deterioro fueron los dos primeros años de pandemia. De acuerdo con la empresa, esto provocó una disminución muy marcada en el volumen de trabajo durante la crisis sanitaria.
