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La Superintendencia General de Valores (Sugeval) respondió a la acción legal del Banco de Costa Rica (BCR) que derivó en la suspensión provisional, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, de la orden que obligaba al banco estatal a aportar $70 millones a un fondo administrado por BCR SAFI por la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
La oficina de prensa de Sugeval informó que trabaja en la contestación de la resolución judicial sobre la medida cautelar, en apego al ordenamiento jurídico que respalda sus competencias y actuaciones.
No obstante, la Superintendencia advirtió que la dilatación de las soluciones a los problemas del Fondo Inmobiliario No Diversificado, propietario del PEP y administrado por BCR SAFI, solo irá en perjuicio de los inversionistas.
“Esta Superintendencia es respetuosa de las decisiones judiciales que se toman, pero en este caso, considera que la dilación en encontrar solución a los problemas financieros que enfrenta el fondo solo irá en perjuicio de los inversionistas“, indicó Sugeval.
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El BCR informó este jueves que el Tribunal acogió de manera provisionalísima la acción judicial contra la orden SGV-R-179-2024 , emitida por la Sugeval, que obligaba al BCR y a su subsidiaria a resarcir a los inversionistas del fondo para evitar mayores perjuicios por la compra del PEP.
El BCR señaló en un comunicado de prensa que la medida fue acogida de manera provisionalísima, lo que implica la suspensión de todas las acciones relacionadas con el PEP, inmueble incluido en el Fondo Inmobiliario No Diversificado.
La suspensión de las directrices instruidas por Sugeval se mantendrá hasta que los tribunales resuelvan en definitiva la medida cautelar. Además del traslado de los fondos, también quedó suspendida una asamblea de inversionistas.
El BCR también fue cuestionado por un grupo de inversionistas, quienes manifestaron su “indignación y preocupación” tras la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de suspender de forma provisional la orden administrativa de Sugeval.
“Una vez más el BCR evita cumplir con su obligación de rendir cuentas ante sus clientes y de reparar el daño que nos ha causado como ahorrantes. Con esto, se golpea directamente a cerca de 1.500 ahorrantes, en su mayoría adultos mayores, que durante años confiaron sus ahorros al Banco de Costa Rica", afirmó el grupo.
En un comunicado, los afectados afirmaron que la resolución del Tribunal “profundiza la incertidumbre y la vulnerabilidad” de los ahorrantes.
