Recuperación de los empleos de calificación media queda estancada

En este sector laboral, que es el más grande del país, la reposición de empleos se estancó. En febrero de 2020, un mes antes de que entrara la covid-19 al país, había 1.220.000 trabajadores de calificación media y, a mediados de ese año, la cifra se desplomó a 920.000 (300.000 menos), cerca de 23%, debido a las restricciones sanitarias. Ahora, las plazas aumentaron a cerca de un millón, pero ahí se han quedado estancandas.

Entre los perjudicados están trabajadores calificados de los sectores agropecuario, agrícola y pesquero; también de producción artesanal, construcción, mecánica, artes gráficas y manufactura, así como de montaje y operación de instalaciones y máquinas, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Caso contrario es el de los dos extremos: los trabajadores de preparación baja y alta que perdieron sus empleos, volvieron a reintegrarse.

Por ejemplo, el número de puestos de trabajadores no calificados cayó 22% con la pandemia al pasar de 533.000 en febrero del 2020 a casi 417.000 en junio del 2020 (116.000 menos) y, a partir de ahí, se empezaron a recuperar con oscilaciones.

José Manuel Salazar, exdirector general de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explicó que este grupo lo conforman, en su mayoría, personas que laboran por cuenta propia, informales y con menor educación formal, con la característica de que muchos de sus trabajos requieren presencia física.

“Por eso se redujeron bastante durante el 2020, con los confinamientos, y son los que han liderado la recuperación del empleo con la reapertura, pero con oscilaciones por las oscilaciones en las restricciones sanitarias”, indicó.

Los más aventajados son los trabajadores de calificación alta. Este sector incluye nivel directivo de la administración pública y de la empresa privada, nivel profesional, científico e intelectual, nivel técnico y profesional medio. Con la entrada de la pandemia, los puestos cayeron en 20%, de 463.000 a 368.000 en julio del 2020 (95.000 menos).

No obstante, la recuperación a febrero del 2022 cerró en una cifra superior a la que había antes de la pandemia (cerca de 503.000).

Salazar explicó que las empresas evitan despedir a estos profesionales o técnicos porque han hecho una inversión en su talento y es un personal que cuesta volver a recuperar. Además, muchos están en empleos que pueden hacer teletrabajo.

Pero la historia de los trabajadores de calificación media, es otra. Salazar indicó que posiblemente este sector incluye personas de sectores como la construcción, turismo, restaurantes, hoteles, y otras áreas que no se han recuperado a los niveles prepandemia, por lo que la recontratación no llega a los niveles que había antes del 6 de marzo del 2020, cuando se registró el primer caso de covid-19.

“Otra causa que puede estar detrás del comportamiento de la ocupación de este grupo es que las tasas de despido allí fueron altas. La gran mayoría no salió al desempleo, sino que salió de la fuerza de trabajo, es decir, son los llamados ‘desalentados’, que dejaron de buscar trabajo. La evidencia internacional muestra que cuando hay largos períodos de desempleo el desaliento se instala, en el sentido de que la gente deja de buscar empleo, y cuando lo busca le cuesta más encontrarlo” comentó.

¿Qué política pública puede ayudar?

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Recuperar el empleo en este grupo es uno de los retos del nuevo gobierno en el mercado laboral. ¿Cuál política pública podría aplicar la nueva administración para recuperar los empleos perdidos en la calificación media?

Salazar enumeró varias recomendaciones. Por ejemplo, identificar en una base de datos a estos trabajadores y ofrecerles una combinación de oportunidades de entrenamiento (INA -Instituto Nacional de Aprendizaje-, cursos cortos, etc).

“Estas políticas activas de ayuda deben incluir condicionar la ayuda a que prueben que están buscando trabajo una vez que se hayan graduado de los cursos que realicen”, explicó.

Además, si la situación fiscal lo permitiera, dijo, se podría ofrecer un esquema de subsidios temporales de empleo a las empresas que contraten a estos trabajadores y, según el especialista, el mismo Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) debería involucrarse proactivamente con las acciones de entrenamiento y de inserción laboral de este grupo.

El economista Jorge Cornick, quien recién publicó un trabajo llamado: Estudio sobre la Implementación de la Nueva Ley del INA, para la Academia de Centroamérica, explicó que, en el caso de Costa Rica, lo que crece más rápido es la manufactura de exportación y la manufactura ligera intensiva en conocimiento. En ese sector, el inglés básico se requiere para el personal de planta, lo cual les ha dificultado a las empresas encontrar los trabajadores que requieren.

“Sabiendo que hay un montón de gente desempleada y que las empresas no pueden contratar suficiente gente porque no tienen los requisitos básicos de inglés, y no pueden sin ese inglés tomar la capacitación, la cosa es perfectamente obvia: deberíamos tener un programa masivo de capacitación de inglés de emergencia”, dijo Cornick.

Y, según él, hay una oportunidad de oro para hacer eso hoy masivamente: la nueva ley del INA. Esa ley permite contratar a terceros como capacitadores cuando el INA no tiene la capacidad de hacerlo por sus propios recursos o de manera oportuna.

Añadió que el INA tiene un superávit que antes solo podía usar para proyectos de infraestructura y que ahora lo puede invertir en capacitaciones.

No obstante, Cornick teme que la oportunidad no se aproveche porque, según la nueva ley, el INA puede contratar a terceros cuando, mediante estudio técnico, se determine que no tiene la capacidad. Y, ese estudio técnico, lo hace personal del INA que puede sentirse afectado con las contrataciones externas. Entonces, de acuerdo con Cornick, se requiere una administración que muy agresivamente empuje el tema.

Para este economista, el INA no debería tener tanto personal fijo en capacitación, porque las necesidades cambian rápidamente, pero sí debería tenerlo en planificación estratégica, en dirección, en supervisión de calidad y contratar los servicios de capacitación a terceros.

Por lo tanto, para Cornick, el nuevo gobierno sí tiene herramientas para ayudar a este grupo. Añadió que esta ley requiere varios reglamentos y ya se han emitido todos, por lo cual se puede comenzar a implementar.