EscucharLa Sala IV convocó a una audiencia oral y pública en la cual se discutirá la acción de inconstitucionalidad presentada contra la reforma a las pensiones del Poder Judicial, aprobada en el 2018.
La vista tendrá lugar el próximo 5 de octubre, en el auditorio Miguel Blanco Quirós ubicado en el edificio del Organismo de Investigación Judicial, en San José, informó la entidad, en un comunicado de prensa.
El Tribunal Constitucional convocó a Adalgiza Guillén Flores, quien presentó la acción junto con otras personas, para que expongan sus argumentos.
De igual manera lo harán representantes de la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y actuarios de la Universidad de Costa Rica.
Además, participarán miembros de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial y el Sindicato de la Judicatura quienes son coadyuvantes en el proceso.
Después de la audiencia, los magistrados comenzarán el análisis para resolver la acción de inconstitucionalidad.
En específico, los altos jueces estudian si es constitucional el transitorio VI de la Ley de Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, Ley No. 9544.
Dicha norma brindó un plazo de 18 meses, una vez que empezaron a regir las modificaciones legales, para conservar el derecho de jubilarse bajo las condiciones previas, que eran más favorables.
Previo a la reforma del 2018, los trabajadores se podían acoger a la jubilación anticipada a los 55 años, el monto de la pensión era equivalente al 100% de los últimos 24 salarios, y no existía tope en la cuantía de jubilación.
En contraste, la ley aprobada estableció la edad de jubilación de las mujeres a los 60 años y la de los hombres a los 62 años; la cuantía de la pensión es el equivalente al 82% de los últimos 240 sueldos; y se estableció un tope máximo igual a 10 salarios de la remuneración más baja del Poder Judicial, es decir, ¢4,6 millones.
Un informe técnico actuarial, presentado por la Junta Administradora del Fondo, advirtió de que si vuelven las condiciones de retiro, previas a los cambios legales de hace cinco años, el hueco del régimen bajo el análisis de población cerrada se ubicaría entre ¢845.930 millones y ¢1.410.833 millones. Al cierre del 2022, el déficit del sistema era de ¢644.820 millones.
El estudio presentó tres escenarios en los cuales estimó que entre 1.028 y hasta 6.445 empleados judiciales se podrían retirar con las reglas más beneficiosas si la Sala IV acepta los argumentos de quienes presentaron la acción de inconstitucionalidad.
