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La administración de Rodrigo Chaves confirmó que evalúa el proyecto Ciudad Gobierno como una opción de centralizar las operaciones del Poder Ejecutivo y para adaptarse a las nuevas realidades laborales, como el teletrabajo.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dijo que la directriz para levantar un inventario de todos los edificios alquilados en ministerios, instituciones públicas y empresas estatales en parte busca analizar el impacto sobre el gasto, en el tiempo, de arrendar estos inmuebles.
“Es ver la conveniencia o no de que el Gobierno tenga edificios más centralizados. Además, el teletrabajo vino para quedarse y se debe ser más eficiente en el uso de los recursos. La valoración que está haciendo el Gobierno es de cuán conveniente es centralizar las oficinas en menos localidades y también como una forma de evaluar un proyecto que ha dado vueltas, desde hace mucho tiempo, que es Ciudad Gobierno”, reconoció el ministro.
Acosta recalcó que la iniciativa se planteó en un momento en que no había teletrabajo, por lo cual debe incorporar esta nueva forma de laboral en el proyecto. “Hay que plantearse si este es un proyecto viable o no”, subrayó.
En mayo del 2021, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) presentó una propuesta formal para desarrollar Ciudad Gobierno con una inversión estimada de $318 millones en ocho edificios. La obra abarcaría las tres cuadras que se ubican hacia el oeste de Plaza González Víquez y hasta la estación al Pacífico, y media cuadra al costado este del Liceo de Costa Rica.
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Actualmente, en esos espacios están las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como talleres de esa institución, el plantel de pruebas de manejo y las oficinas de Tránsito, los cuales se tendrían que reubicar en otro sitio.
El desarrollo contempla ciclovías, pasos peatonales y una plaza central con un anfiteatro. En las plantas bajas se ubicarían restaurantes, gimnasios y tiendas. Además, solo dispondría de 1.000 espacios para parqueo, de los cuales 750 serán destinados para vehículos oficiales de las instituciones. Esto con el fin de incentivar el transporte público.
Los edificios de este complejo no superarían las 12 plantas y concentrarían la mayoría de los ministerios del Gobierno Central, así como la Dirección General del Servicio Civil, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), entre otros.
El plan de Ciudad Gobierno fue declarado de interés público, en octubre del 2015, por el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pero los estudios quedaron varados, hasta 2020, cuando cuando la administración de Carlos Alvarado los retomó, pero quedaron pendientes la presentación del estudios de factibilidad y la licitación de la obra.
Limitar dólares
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, emitió una directriz a ministros y presidentes ejecutivos, el 8 de junio pasado, para que cada quien reporte los alquileres de oficinas y edificios en los que incurren los ministerios, instituciones públicas y empresas estatales.
De acuerdo con la instrucción, emitida en la sesión de Consejo de Gobierno del 18 de mayo, los jerarcas deben incluir en sus reportes el costo anual del alquiler, vigencia y antigüedad del contrato, así como el nombre físico o jurídico del arrendatario.
A raíz de este mapeo, el Ministro de Hacienda confirmó que preparan un nuevo decreto ejecutivo en el cual se establecerá que no se podrán tener contratos en moneda extranjera, solo habrá algunas excepciones.
“Nosotros estamos particularmente interesados en que no haya más alquileres en dólares, ni siquiera compras en dólares. Preparamos una directriz para que nada de lo que contrata el Gobierno sea en dólares porque esto si tiene un efecto complicado desde el punto de vista del presupuesto”, explicó Acosta.
El jerarca señaló que obviamente habría excepciones, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) cuando paga campañas de publicidad del país en el exterior; o los sueldos y gastos de la Cancillería. “Pero no que el ICT tenga un alquiler de un edificio (en el país) y lo pague en dólares. Eso es lo que queremos, porque el grueso de la recaudación es en colones, el Presupuesto Nacional está en colones y entonces cuando se da un proceso de devaluación, el espacio de acción es mucho menor”. dijo.
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Además, agregó que renovar los alquileres por inflación, es parte de la legalidad y realidad de los contratos.
El pasado Gobierno ordenó, en octubre del 2020, la renegociación a la baja de más de 350 contratos de arrendamiento de propiedades. Incluso, en caso de no lograrse una disminución en el precio de alquiler, la institución pública podía iniciar el proceso de rescisión de los contratos.
En setiembre del año pasado, Hacienda informó de que esperaba un ahorro de ¢4.675 millones, durante el 2021 y el 2022, a raíz de la renegociación de alquileres por parte de 13 ministerios. Hasta junio anterior, se obtuvo una reducción media de 10% en el costo mensual del arrendamiento de 152 inmuebles.
