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San José
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) dará de cinco a diez días hábiles para que los bancos y entidades financieras reguladas que prestaron dinero a la cadena de almacenes Casa Blanca, presenten una explicación detallada sobre la situación de sus créditos con este deudor.
Esos planes estratégicos son una exposición de las condiciones de crédito, las garantías y la relación que existe entre la cadena de almacenes Casa Blanca y los diferentes acreedores regulados.
Javier Cascante, superintendente general de entidades financieras, indicó que Land Business S.A., firma dueña de Casa Blanca, registra deudas por $24,4 millones que equivalen a ¢13.800 millones al tipo de cambio de este viernes.
"Esas deudas son únicamente con bancos públicos y privados o entidades financieras que se encuentran reguladas por la Sugef.", precisó Cascante.
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El superitendente no reveló los nombres de los bancos o entidades que financiaron a Casa Blanca, ni la cantidad de instituciones que tendrán que presentarse al convenio preventivo.
A este monto deben sumarse los pasivos con proveedores de la cadena de tiendas e inversionistas locales y extranjeros, en caso que los haya.
El Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José abrió este jueves 2 de febrero el convenio preventivo que presentó Land Business S.A. el pasado 12 de enero, así lo confirmó Francisco Luis Vargas, abogado de la empresa.
Luego de que el juez concursal le diera trámite a la solicitud de convenio preventivo, se extiende un plazo de hasta 15 días hábiles para que los diferentes acreedores —bancos, proveedores, inversionistas, entre otros— legalicen las deudas que registra Casa Blanca con ellos.
Ahora el juez concursal nombrará un curador que estudiará el caso y determinará los montos finales de las deudas que debe pagar Casa Blanca a sus acreedores mediante diferentes mecanismos como arreglos de pago, refinanciamientos, creación de fideicomisos, entre otros.
En esta etapa, según dicta el artículo 746 del Código Procesal Civil, el juez debe imponer las medidas cautelares necesarias para asegurar el proceso del convenio preventivo.
El juez del caso convocará una reunión con los bancos, proveedores, entidades financieras y demás acreedores para que escuchen la propuesta de arreglo de pago que ofrece Casa Blanca o definan otro mecanismo que evite la quiebra de la compañía.
Situación de Casa Blanca
Francisco Luis Vargas, abogado de Casa Blanca —quien llevó el caso de la firma Yanber—, aseguró que la empresa atraviesa una situación económica difícil, en una entrevista publicada en El Financiero el pasado 16 de enero.
"En términos generales la empresa pretende continuar sin mayores cambios. Es evidente que si lo que se busca en un caso como este es la rentabilidad en la empresa, habrá que cerrar algunos locales, en la medida en que estos estén generando más gastos que utilidades", agregó Vargas.
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El jurista aseveró que la empresa está en un momento económico complicado que apenas se inicia, por lo que existen oportunidades para evitar el cierre de la compañía en el futuro.
El convenio preventivo es un mecanismo que permite a una empresa en crisis económica, obtener un plazo y un mecanismo para enfrentar sus deudas. La figura legal se encuentra en el Código Procesal Civil.
Desde julio del 2016, Casa Blanca inició un fuerte plan para mantenerse frente a la competencia. La estrategia incluye el financiamiento de tratamientos médicos y la ampliación de algunas de sus tiendas.
Uno de los principales aliados en esa tarea es su programa de financiamiento "A paguitos", que tiene más de 150.000 usuarios.
Esa línea de financiamiento permitió a la cadena de almacenes lanzarse al mercado de asistencia en ortodoncia, en alianza con el Centro de Ortodoncia Turnón.
Casa Blanca decidió expandir su oferta para enfrentar las estrategias de sus competidores: Grupo Unicomer (La Curacao y Gollo) que incursionó en la venta de lentes y motocicletas, y Grupo Monge (El Verdugo y Monge) que recibió el permiso para abrir su financiera en mayo.
La experiencia de Yanber
El convenio solicitado por Casa Blanca es el segundo caso que se prensenta en los últimos dos años. El 4 de junio del 2015, Corporación Yanber S.A. acudió al sistema judicial para iniciar un convenio preventivo de pago con el fin de evitar la quiebra.
La empresa informó en ese entonces de que enfrentó problemas de competitividad que afectaron su posición de liquidez durante los últimos años.
La compañía aseveró que su intención era seguir operando y honrar todas sus obligaciones y compromisos con sus clientes, acreedores y colaboradores.
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En octubre del 2016, Francis Durman y su socio Allan Rodríguez, propietario del banco de inversión FCS Capital, compraron el 100% de la Corporación Yanber.
En enero del 2016, Yanber pasó a manos de un fideicomiso conformado por acreedores, bancos y proveedores, quienes aceptaron recibir la compañía como pago para evitar la quiebra de la corporación.
Yanber, empresa dedicada a la fabricación de plástico, acumuló deudas por $62 millones con 18 entidades financieras, incluidas locales, extranjeras, públicas y privadas.
La compañía con 60 años de operar en Costa Rica y 490 empleados directos, era propiedad de Samuel Yankelewitz, quien aseguró que los problemas de competitividad afectaron la operación de la empresas y le ocasionaron una merma en su liquidez.
El Ministerio Público investiga a Yankelewitz por los presuntos delitos de estafa y administración fraudulenta, tras una denuncia presentada por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) ante la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros.
Entrevista con el abogado de Casa Blanca
Francisco Luis Vargas explicó mediante correo electrónico que el Juzgado Concursal emitió una resolución que abre el proceso de convenio preventivo.
Estas son las preguntas enviadas por el redactor con las respectivas respuestas del jurista sobre el tema.
Queremos confirmar que el juez concursal aceptó el convenio preventivo presentado por Casa Blanca. ¿Cuándo lo aceptó el Juzgado?
Para precisar la respuesta lo que se produjo es la resolución que declara abierto el proceso, la cual se dio como consecuencia de haberse revocado aquélla que había rechazado abrirlo, aceptándose ahora que lo que se pretendía con la resolución revocada, era obligar a la empresa a cumplir con algo imposible como era el probar que dentro de el plazo de cinco días todos y cada uno de los acreedores hubieran acusado recibo de la carta enviada dándoles aviso de la presentación de la solicitud de apertura del proceso.
¿Ahora qué sigue en el proceso?
Abogado: Se abre un plazo para que los acreedores procedan a legalizar sus créditos y así puedan participar en la futura junta que convocará el juzgado para conocer de las propuestas de convenio.
¿Qué ofrece la empresa a los acreedores para buscar arreglos de pago?
Las propuestas de convenio serán negociadas con los acreedores de forma que al día en que se celebre la junta, exista un acuerdo preliminar. De manera que poco importa lo que la empresa ofrezca pues lo que en definitiva cuenta es el acuerdo que resulte beneficioso para ambas partes pre-negociado antes de la junta.
¿Es cierto que entre los acreedores hay bancos, inversionistas y asociaciones solidaristas del sector público y privado?
Dentro de un proceso concursal preventivo solo cuentan los acreedores que se apersonen dentro del plazo a que hice referencia arriba. De manera que aunque existan créditos a favor de determinados sujetos, si éstos no se apersonan, no son considerados como partes en el proceso.
Habrá que esperar a que venza el plazo concedido por el juez para saber quiénes son, desde el punto de vista del proceso, acreedores, sobre todo porque en la práctica, en no pocas ocasiones, algunos de ellos deciden no apersonarse, aunque lo que se decida por la mayoría de los que sí lo hagan, les afecte necesariamente.
Nota del redactor: Esta noticia fue actualizada a las 4:23 p. m. para incluir las respuestas del abogado de Casa Blanca, Francisco Luis Vargas.
