EscucharMéxico, México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este viernes un alza de precios del servicio de transporte Uber que traslada a los usuarios el costo de la seguridad social de la que gozarán los conductores tras una reforma legal.
La firma, basada en el uso de una aplicación digital, anunció esta semana un aumento de hasta 7% en sus precios alegando el impacto en su operación luego de que el Legislativo aprobó derechos y prestaciones a trabajadores de este tipo de plataformas.
La secretaría del Trabajo mexicana también criticó la decisión de Uber y calificó el incremento de tarifas como “unilateral e irresponsable”, al considerar que no tiene sustento y que es violatorio del compromiso que asumió la firma de no subir los precios ni afectar los ingresos de trabajadores y consumidores, según un comunicado divulgado el miércoles.
“Uber tiene ganancias impresionantes, no tiene por qué pasarle al consumidor final esto”, afirmó Sheinbaum el viernes, al destacar que la contribución que hace la compañía para sus empleados es muy pequeña con relación a sus ingresos.
“Que realmente se asuma que son personas que requieren seguridad social y que ellos como patrones, como empleadores (...) tienen que contribuir”, agregó la mandataria izquierdista en su rueda de prensa matutina.
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Consultada sobre si Uber recibirá alguna sanción, Sheinbaum recordó que la reforma laboral contempla un plazo de seis meses para evaluar los costos operativos y el número de trabajadores de aplicación que se incorporarán al régimen de seguridad social.
Agregó que existe una mesa de diálogo “permanente” entre las operadoras de plataformas digitales, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la secretaría del Trabajo, y llamó a mantener una expectativa positiva sobre esta negociación.
“Somos el primer país del mundo que en este nuevo tipo de empleo, de repartidores vinculados con plataformas digitales, tiene seguridad social”, destacó Sheinbaum.
En México, la segunda economía de América Latina después de Brasil, existen más de 650.000 trabajadores en el sector de aplicaciones digitales que no cuentan con amparo legal, según datos oficiales.
