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El Gobierno de la República cumplirá en el 2027 tres años consecutivos de desfinanciar los servicios de salud y los regímenes de pensiones administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al asignar menos recursos de los que la institución requiere para cumplir con sus obligaciones.
Para el año entrante, el Ministerio de Hacienda asignó para el Presupuesto Nacional un monto de ¢1.164.769 millones para los servicios de seguridad social de la institución autónoma.
Sin embargo, la Caja estimó necesidades por ¢1.578.886 millones, es decir, hay una brecha de ¢414.119 millones frente a los recursos que se necesitarían, de acuerdo con las estimaciones de la Dirección Económica y Actuarial de la institución.
Estas cifras fueron presentadas durante la sesión ordinaria N.° 9613 de la Junta Directiva de la CCSS, celebrada el pasado 24 de setiembre.
Las transferencias de Hacienda se destinan a cumplir obligaciones legales para la atención médica brindada por el Seguro de Salud; y para pagar jubilaciones de beneficiarios del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y del Régimen No Contributivo (RNC).
Para el próximo año, la Directiva de la Caja aprobó un presupuesto total por ¢7,59 billones, cuyo financiamiento principal son las cotizaciones de más de dos millones de trabajadores y de 80.000 patronos. Actualmente, la previsión de gastos está bajo análisis de la Contraloría General de la República (CGR).
Diferencias millonarias
El comportamiento de los montos asignados a los tres regímenes durante los últimos tres años muestra que la diferencia con respecto a las necesidades de la CCSS superó los ¢400.000 millones en cada periodo.
En 2025, la brecha entre los recursos otorgados y los que la institución requería para brindar los servicios y pagar pensiones ascendió a ¢452.917 millones. Ese año se asignaron ¢975.786 millones, frente a una necesidad de ¢1,43 billones.
La situación del desfinaciamiento generó que el año pasado la CCSS tuviera que recurrir, por primera vez en su historia, a las reservas del IVM para cubrir el pago de las pensiones, debido a que los recursos destinados al régimen resultaron insuficientes.
Para 2026, el gobierno previó girar poco más de ¢1 billón, mientras la necesidad proyectada por la CCSS ya alcanzaba ¢1,53 billones. Esto deja un faltante de ¢454.755 millones.
La Nación consultó, desde el 29 de setiembre, al Ministerio de Hacienda sobre el faltante de recursos señalado por la CCSS frente a los montos asignados por esa cartera en el presupuesto. También preguntó si se contempla aumentar el dinero destinado a estos fondos, ante la persistencia de las brechas en los últimos años. Al cierre de edición, la solicitud se encontraba en trámite.
Por su parte, la institución autónoma afirmó que continuará el proceso de negociación con Hacienda.
“La CCSS, al igual que años anteriores, continuará las gestiones y la coordinación interinstitucional necesarias para procurar que las asignaciones presupuestarias de 2027 respondan a las obligaciones legales y a las estimaciones técnicas del Seguro de IVM y RNC”, afirmó la entidad por escrito.
Seguro de Salud enfrenta el mayor recorte
Para el 2027, la Caja proyectó necesidades por ¢918.457 millones para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), pero Hacienda solo presupuestó ¢676.602 millones, es decir, una diferencia de ¢241.855 millones, según los cálculos de la institución autónoma.
El monto que no se asignó al SEM representa el 58% de la brecha total entre los recursos requeridos por la institución y los contemplados por Hacienda para el año entrante.
El mayor faltante se concentra en el rubro de Leyes Especiales, que incluye la atención médica de personas como niños, adolescentes, madres adolescentes y otras poblaciones que reciben protección especial. En estos casos, el costo de los servicios debe ser asumido por el Estado.
Para 2027, Hacienda asignó ¢25.323 millones para cubrir estas atenciones, pero la Dirección Económica y Actuarial de la CCSS estimó que se necesitarán ¢130.016 millones. La diferencia es de ¢104.692 millones, el mayor faltante entre los rubros contemplados.
Le sigue un faltante de ¢72.273 millones en la cuota que el Estado aporta por los convenios, los trabajadores independientes y los asegurados voluntarios. Para cubrir estas obligaciones, la CCSS estimó un requerimiento de ¢196.255 millones, pero Hacienda asignó ¢123.981 millones.
Otros rubros también presentan brechas: la contribución patronal del Gobierno Central registra un faltante de ¢32.803 millones; la cuota estatal a la CCSS, de ¢18.675 millones; y el aporte establecido por la Ley del Tabaco, de ¢9.345 millones.
La brecha presupuestaria para 2027 se da en un momento en que la CCSS busca nuevas fuentes de ingresos. Este año, la institución aprobó una política de sostenibilidad para fortalecer el financiamiento del Seguro de Salud, ante el riesgo de que la falta de recursos comprometa la prestación de servicios.
IVM encara menos recursos pese a uso de reserva
Para el 2027, el gobierno presupuestó ¢393.920 millones para el IVM, pero la Caja calculó una necesidad de ¢423.850 millones, o sea, hay una diferencia de ¢29.930 millones.
El mayor faltante para el próximo año se concentra en la cuota estatal al IVM, para la cual se estimaron ¢291.624 millones, pero se asignaron ¢261.174 millones. Esto genera una brecha de ¢30.449 millones.
Algo similar ocurre con la cuota estatal para convenios, trabajadores independientes y asegurados voluntarios. En este caso, se requieren ¢89.387 millones y se recibirán ¢82.725 millones, para un faltante de ¢6.661 millones.
Caída pronunciada en financiamiento del RNC
Por su parte, el RNC enfrentará el próximo año el faltante más elevado. La CCSS previó necesidades por ¢236.579 millones; pero Hacienda solo presupuestó ¢94.254 millones, es decir, un faltante de ¢142.334 millones.
Este programa atiende a personas de escasos recursos, con discapacidad, parálisis cerebral profunda, viudas en desamparo y huérfanos.
El mayor desfinanciamiento corresponde a las pensiones para adultos mayores. La institución calculó que requería ¢80.711 millones para este rubro, pero no recibió recursos del gobierno.
Ante el déficit, la Dirección Actuarial y Económica advirtió de que la CCSS no podría otorgar las 5.000 pensiones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo ni cubrir las ya existentes.
Según la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, la brecha obedece a que Hacienda no puede trasladar recursos entre programas según sus necesidades, pues la Contraloría General de la República exige respetar la distribución establecida por ley. Para aumentar los fondos del RNC, la reasignación tendría que aprobarla la Asamblea Legislativa.
Al cierre del 2025, el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, confirmó a La Nación que había una presa de 30.000 pensiones sin otorgar en este régimen por falta de recursos. Este diario le consultó si la situación se mantenía ante el menor financiamiento previsto para 2027. Barrantes confirmó que la fila ya supera las 30.000 solicitudes.
