
La implementación de los fondos generacionales en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) enfrenta un nuevo obstáculo para su entrada en vigencia en Costa Rica.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó, el pasado 3 de noviembre, abrir una consulta pública para aplazar la entrada en vigencia de los fondos hasta el 3 de abril del 2028, según un acuerdo del órgano.
“(...) se estima razonable y proporcional adoptar como una nueva fecha para la entrada en vigencia de los denominados Fondos Generacionales, el 3 de abril de 2028. Esta nueva fecha comprende el período asignado a la realización de estudios y evaluaciones técnicas”, indicó el Consejo.
Esto consta en el documento CNS-1981/10, del cual La Nación tiene copia, y que la Superintendencia de Pensiones (Supén) remitió a las operadoras de pensiones complementarias (OPC).
LEA MÁS: Jerarca de Supén: ‘Si los fondos generacionales otorgan una mayor pensión deben echarse a andar’
En la sesión 1981-2025, los miembros del Conassif propusieron extender por dos años adicionales el plazo para implementar los fondos generacionales, según el proyecto de acuerdo, por lo que no entraría a regir en abril próximo.
“Se considera prudente y beneficioso para cualquier reforma enfocada en la gestión de carteras de pensión, tener un periodo de trabajo con los regulados y otras partes interesadas, para escuchar propuestas de mejora y preocupaciones atinentes a la implementación”, argumentó el Consejo en su decisión.
La nueva propuesta establece un plazo para realizar estudios y evaluaciones técnicas desde noviembre hasta mayo del 2026. Luego, entre junio y diciembre del próximo año, se definirían los posibles ajustes normativos.
Entre enero y junio del 2027 se desarrollaría un espacio de mesas de trabajo con las partes interesadas. Mientras que la consulta pública se realizaría entre julio y agosto del 2027.
La aprobación de la norma se prevé para setiembre de ese año. De octubre del 2027 a marzo del 2028 se otorgaría un plazo para que las entidades reguladas implementen los cambios necesarios.
La medida representa un nuevo revés a la reforma reglamentaria del ROP. En marzo anterior, el Consejo dispuso una postergación de 12 meses. El cambio, impulsado por la entonces superintendente Rocío Aguilar, estaba previsto para entrar en vigencia el 1.º de abril del 2025.
Con el primer aplazamiento, la implementación pasó a abril del 2026. Vale la pena decir que la reforma no se estaría desechando, sino que se postergaría de nuevo su entrada en vigencia.
El objetivo de los fondos generacionales es mejorar la pensión complementaria del trabajador mediante una estrategia de inversión ajustada a la edad del aportante, con mayor diversificación.
Róger Porras, gerente de Popular Pensiones, dijo que respaldan la propuesta del Consejo y consideró que los plazos planteados en el acuerdo están alineados con los estándares internacionales.
“Por su complejidad técnica, resulta indispensable realizar estudios de impacto que permitan dimensionar sus efectos sobre la economía, los mercados financieros y, especialmente, sobre las tasas de reemplazo de las diferentes cohortes de afiliados”, afirmó Porras.
La Nación envió consultas a BN Vital y BAC Pensiones; sin embargo, al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Banco Central hará los estudios
El Conassif también indicó que los estudios necesarios para fundamentar la reforma tienen alta complejidad técnica, lo que generó atrasos en el proceso de selección de la entidad responsable. Desde marzo anterior, se ordenó evaluar el impacto actuarial, financiero y sistémico del cambio.
Según el documento, el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) cuenta con la capacidad analítica para realizar el estudio requerido por el Consejo.
El BCCR presentará el informe técnico al Conassif en un plazo máximo de cinco meses, que se cuentan a partir de que el acuerdo adquiera firmeza. La Supén actuará como un punto focal para la provisión de datos y para la articulación con las operadoras.
“(...) resulta pertinente concentrar los esfuerzos institucionales en un primer estudio actuarial y de impacto con solvencia técnica e independencia institucional, a fin de contar con insumos objetivos, tendientes a que tanto la Supén como este Consejo valoren la procedencia de posibles enmiendas normativas”, se lee en el documento.
Además, el texto detalla que el 12 de agosto se realizó una reunión entre Superintendencia y Conassif en la cual se presentó un cronograma con distintos pasos, que concluye en marzo del 2028.
Otro argumento de la propuesta es que el superintendente de Supén, Hermes Alvarado, fue designado en mayo anterior, lo que implicó que asumiera el cargo cuando ya había transcurrido una parte importante del plazo originalmente definido para los estudios.
La consulta pública estará abierta por un plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta, que fue el pasado 14 de noviembre.
¿Qué son los fondos generacionales?
Los fondos generacionales clasifican a los clientes de las OPC por rangos de edad, y la estrategia de inversión se ajusta a cada grupo. Se dividen en cuatro segmentos etarios.
El cambio busca diversificar más las inversiones, internas y externas, con el fin de mejorar la pensión complementaria del trabajador.
La norma aprobada establece que los trabajadores más jóvenes tendrán carteras con mayor exposición al riesgo.
En los afiliados de mayor edad y jubilados, la estrategia se enfoca en instrumentos más conservadores, principalmente a tasa fija y en emisiones del mercado interno.
Peso del ROP
El ROP tiene activos por ¢14,15 billones e inversiones por ¢13,86 billones, según datos a octubre publicados por Supén. También registra 3,22 millones de afiliados, 1,41 millones de aportantes y 84.610 pensionados (dato a setiembre).
Por operadora, Popular Pensiones concentra la mayor cantidad de activos, con ¢5,72 billones. Le siguen BN Vital, con ¢2,68 billones, y BAC Pensiones, con ¢2,13 billones.
Luego aparecen BCR Pensiones, Vida Plena y la operadora de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Estas seis entidades administran los recursos del sistema.
