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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio un oscuro pronóstico para las finanzas públicas de Costa Rica ante los complejos problemas de sostenibilidad que enfrentan el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De acuerdo con la previsión del organismo internacional, el Gobierno Central tendría que asumir el faltante de recursos de los seguros sociales. La reserva del SEM sería la primera en agostarse, a partir del 2029. Lo mismo ocurriría con el IVM desde el 2037.
El FMI estima que el hueco financiero en ambos fondos iría en aumento y que, para el 2050, representaría una carga anual equivalente al 5% del producto interno bruto (PIB), es decir, unos ¢2.637.839 millones.
La proyección figura en el Informe del personal técnico para la consulta del Artículo IV de 2026 y revisión de la Línea de Crédito Flexible del FMI para Costa Rica, publicado el pasado 31 de mayo.
“Reformas más amplias son necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social. La disminución de la tasa de fertilidad y el aumento de la esperanza de vida en Costa Rica han ejercido una mayor presión demográfica sobre la situación financiera de los sistemas de pensiones y de salud”, detalla el informe.
El FMI advierte de que, si se agotan las reservas del SEM y del IVM, el Estado tendría que asumir los dineros que hagan falta para el financiamiento de ambos regímenes.
El artículo 177 de la Constitución Política dicta que, ante el faltante de recursos en la seguridad social, el Poder Ejecutivo deberá asumir el déficit anual vía Presupuesto Nacional.
Ante este panorama, el organismo internacional considera necesarias reformas para garantizar la sostenibilidad de ambos regímenes.
Además, recomienda ampliar la inversión en atención primaria, fortalecer los servicios preventivos y adoptar medidas que permitan contener los costos de la atención médica, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, una mejora en los procesos de adquisición y una revisión de la cobertura de tratamientos de alto costo.
Asimismo, el FMI plantea la conveniencia de publicar informes periódicos sobre la situación financiera y la viabilidad tanto del sistema de pensiones como del Seguro de Salud, con el fin de facilitar el seguimiento de los riesgos y la toma oportuna de decisiones.
Pese a estas recomendaciones, el FMI señaló que las posibilidades de solventar el problema mediante aumentos en las contribuciones a la Seguridad Social o en los impuestos son reducidas.
La advertencia del Fondo surge en un contexto en el que la Gerencia Financiera y la Gerencia de Pensiones de la CCSS impulsan medidas para fortalecer la sostenibilidad de ambos sistemas, en una carrera contrarreloj ante el agotamiento proyectado de las reservas.
Ambas gerencias han advertido de que, sin ajustes, podrían presentarse dificultades para mantener la cobertura de los servicios y el pago de las pensiones en el futuro, debido a las limitaciones financieras que enfrentan ambos regímenes.
Estado cubriría faltante de dinero del IVM
Según el FMI, si no se aplican reformas adicionales al sistema de pensiones, el régimen del IVM agotaría sus reservas hacia mediados de la década del 2030, pese a que el escenario estaba proyectado para el 2047.
Sin embargo, la propia CCSS prevé un escenario más cercano. A inicios de mayo, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, indicó a La Nación que los fondos podrían agotarse a comienzos de esa década, debido al menor crecimiento de los ingresos —particularmente por la morosidad del Estado— y al aumento sostenido en la cantidad de jubilados.
El informe del FMI proyecta que los faltantes anuales pasarán de alrededor de 0,2% del PIB en 2024 a 0,5% del PIB en 2036, impulsados principalmente por el incremento del gasto en pensiones.
El organismo estimó que, ante la necesidad de que el Estado cubra ese déficit, la presión fiscal aumentaría de forma progresiva hasta alcanzar cerca de 1,7% del PIB en 2050, o sea, unos ¢896.865 millones.
“Con las reservas ya agotadas, los faltantes de flujo de caja del IVM tendrían que ser cubiertos en su totalidad por el gobierno central, aumentando de forma constante hasta alrededor de 1,7% del PIB para 2050″.
— FMI, Artículo IV de 2026 y revisión de la Línea de Crédito Flexible del FMI para Costa Rica.
En diciembre pasado, ante la falta de pago de las cuotas estatales correspondientes al 2025, la CCSS recurrió por primera vez a recursos de la reserva del IVM para cumplir con el pago mensual a 393.000 pensionados. En total, la institución utilizó ¢50.000 millones del fondo.
Dicho escenario, que originalmente se proyectaba para 2041, se adelantó 16 años debido a que los rendimientos de las inversiones ya no fueron suficientes para cubrir las obligaciones del régimen.
Ante esta situación, la Gerencia de Pensiones presentó a inicios de mayo un conjunto de 20 propuestas para reformar el IVM.
Entre ellas figuran el aumento en la cantidad de cuotas requeridas para jubilarse, la contribución de los pensionados al Seguro de Salud y la afiliación automática de trabajadores independientes al Régimen Obligatorio de Pensiones.
También se planteó la eventual asignación de un 1% del impuesto al valor agregado (IVA) al sistema de pensiones y reducir la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que reciben los jubilados como pensión.
Hueco de Seguro de Salud representaría gasto del 3,3% del PIB
En el caso del SEM, el Fondo proyecta un deterioro más acelerado, al estimar que sus reservas se agotarían en el 2029.
El organismo destaca que los usuarios financian cerca de tres cuartas partes del gasto en salud mediante este seguro, una proporción considerablemente superior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde esa cifra ronda el 38%.
De no aplicarse reformas adicionales, el FMI señala que el faltante anual pasaría del 0,3% del PIB registrado en 2024 a 0,8% en 2028, impulsado principalmente por el aumento de los costos asociados a nuevas tecnologías médicas y al crecimiento de los gastos laborales.
Una vez agotadas las reservas, el envejecimiento de la población profundizaría aún más el desequilibrio financiero. Según las proyecciones del Fondo, el faltante alcanzaría el 3,3% del PIB en el 2050, es decir, unos ¢1.740.974 millones. Ese monto tendría que ser cubierto íntegramente por el Gobierno Central.
“Más allá de ese punto y con las reservas agotadas, los efectos acelerados del envejecimiento de la población ampliarán aún más el monto faltante hasta 3,3% del PIB en 2050, cubierto en su totalidad por el gobierno central”.
— FMI, informe del Artículo IV de 2026
La CCSS también analiza, desde marzo pasado, una serie de propuestas para reformar el Seguro de Salud como parte de su nueva política de sostenibilidad financiera.
Entre las medidas bajo estudio figura la creación de un impuesto a la salud que gravaría productos de alto contenido calórico, comidas rápidas y otras actividades consideradas perjudiciales para el bienestar de la población.
Además, se valora presentar un proyecto de ley al Congreso para aumentar la tasa del IVA del 13% al 15% y destinar ese incremento al financiamiento del seguro.
Otra de las iniciativas plantea eliminar el tope de cobertura del Seguro Obligatorio Automotor, de modo que la póliza asuma la totalidad de la atención médica de las personas lesionadas en accidentes de tránsito, en lugar de trasladar a la CCSS aquellos costos que quedan sin cubrir cuando se excede el monto del aseguramiento.
