La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual efectuó este jueves nueve allanamientos relacionados con la Financiera Desyfin, a raíz de las denuncias presentadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Estas diligencias tienen como propósito recopilar prueba para la investigación que se tramita bajo el expediente 24-000074-621-PE. De momento, no hay personas que figuren como imputadas, informó el Ministerio Público, por medio de un comunicado.
“Existe mucha prueba digital y documental que tiene que ser analizada por el Ministerio Público. Es ante esa situación que se van a hacer todas las diligencias necesarias para recolectar y respaldar todos esos elementos de prueba", afirmó el fiscal Cristian Agüero.
Los allanamientos comenzaron pasadas las 8 a. m. y se realizan en las oficinas centrales de la Financiera Desyfin, así como en la arrendadora del grupo financiero. También en dos oficinas de abogados y en cinco casas de habitación. Todos los sitios están ubicados en Escazú y Santa Ana, confirmó el Ministerio Público mediante un comunicado.
Federico Campos, abogado penalista y defensor de la familia Lacayo, dueños de la financiera, confirmó que cuatro de las viviendas allanadas este jueves pertenecen a sus representados, quienes fungen como miembros de las sociedades propietarias del grupo.
El defensor de los Lacayo también confirmó que tres de las viviendas están ubicadas en Parque Valle del Sol. Refirió que los hechos señalados serán refutados lo más pronto posible ante la Fiscalía por parte de sus representados, pues consideran que no existe delito alguno.
El caso se investiga desde el 13 de agosto pasado cuando se recibió una denuncia de la Sugef, a la que se sumó otra denuncia de la Interventoría de Financiera Desyfin, el 23 de setiembre.
Los posibles delitos que investiga la Fiscalía son administración fraudulenta y reducción de la pena. Esta última es una infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), estipulada en el artículo 158.
Este delito se relaciona con la alteración de registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas en las entidades financieras para afectar la composición de activos, pasivos, contingentes o resultados, de acuerdo con la legislación.
También se vincula con la entrega a la superintendencia y órganos supervisores auxiliares de datos o informes falsos o inexactos, con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos de la entidad, de evadir los encajes u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera.
A las 7:00 p. m. la oficina de prensa de la Fiscalía confirmó a La Nación que las diligencias continuaban en curso en horas de la noche. Añadieron que no habrá personas detenidas. "La diligencia de hoy (jueves) era para buscar prueba", respondieron por medio de un mensaje de WhatsApp.
La oficina de prensa del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), confirmó los operativos e indicó que el objetivo de las autoridades es incautar documentos potencialmente relacionados con aparentes faltas al ordenamiento jurídico.
“Al tratarse de un proceso en curso, y en virtud del respeto a las labores que desarrollan las autoridades judiciales, no se brindarán más detalles ni declaraciones adicionales en este momento", indicó la supervisión financiera.
Añadió que la Administración de la resolución trabaja en estrecha colaboración con la Fiscalía para apoyarle en lo que se requiera, lo cual no tendrá efectos en la labor que el equipo continúa realizando en la financiera.
El Ministerio Público indicó que las diligencias de los allanamientos seguirán este viernes.
Caso Desyfin
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), aseguró, el 13 de agosto que habían presentado una denuncia ante la Fiscalía en contra de la alta gerencia y el Consejo de Administración de Desyfin, al considerar que la entidad ocultó información y obstaculizó el proceso de supervisión.
Marianne Kött, interventora y ahora encargada del proceso de resolución, dijo, durante la conferencia de prensa del miércoles 9 de octubre, que la denuncia penal planteada por la Sugef al inicio de este proceso fue ampliada con los nuevos hallazgos.
El abogado, Federico Campos, manifestó que consideran que han existido vicios de ilegalidad en las causas que motivaron la intervención de la financiera, así como violaciones al debido proceso por incumplir procedimientos que exige la normativa.
“Durante la intervención se dieron otra serie de anomalías en la valoración de negocios que son lícitos, erróneas reclasificaciones de créditos que han generado estimaciones indebidas. Todo lo cual ya se está impugnando por un equipo legal que hemos conformado en la vía penal, civil, administrativa y constitucional", comentó el defensor.
La Financiera Desyfin fue intervenida por orden del Conassif el 13 de agosto pasado. La entidad fue declarada inviable debido a que acumuló pérdidas por ¢21.968 millones en agosto que consumieron todo el patrimonio.
