EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le tiene el ojo puesto al negocio de las pólizas de Riesgos del Trabajo y el Seguro Obligatorio de Automóviles, actualmente administradas por el Instituto Nacional de Seguros (INS), como una opción para fortalecer el seguro de salud, el cual se prevé sea deficitario a partir del 2026.
La Junta Directiva de la CCSS conoció, en setiembre anterior, un estudio que recomienda promover una reforma legal para trasladar las pólizas obligatorias a la institución autónoma porque tendrían un efecto positivo en las finanzas del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
“Dado que el impacto a nivel de las finanzas del Seguro de Salud es positivo y que de acuerdo con el criterio de la Dirección Jurídica de la CCSS es posible trasladar estos riesgos al Seguro de Salud de la CCSS, se recomienda que la Junta Directiva de la CCSS valore la viabilidad política (de migrar las pólizas)”, se detalla en el estudio Impacto en la sostenibilidad del Seguro de Salud por el traslado de los riesgos excluidos: riesgos del trabajo y accidentes de tránsito, elaborado por la Dirección Actuarial, del cual tiene copia La Nación.
José Luis Loría, miembro de la directiva, confirmó que esperan discutir en este órgano, a más tardar en dos meses, una propuesta de reforma legal para el traslado del seguro Riesgos del Trabajo (RT) y el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y enviar la iniciativa a la Asamblea Legislativa para su evaluación.
Sin embargo, la opción planteada desde la Caja tiene la oposición de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), pues teme que el eventual cambio implique un detrimento de la atención médica de las personas que sufren accidentes laborales y de tránsito.
Tomás Soley, jerarca de la Sugese, duda que la CCSS pueda atender en su totalidad al promedio de 100.000 lesionados anuales del RT y los 26.000 del SOA, en especial a los motociclistas en este último caso.
“¿Estará capacitada la infraestructura de la Caja para recibir al 100% de los lesionados? Yo creo que no. Hay listas de espera en distintas especialidades (en la Caja) y muchos de la gran mayoría de lesionados de las pólizas obligatorias requieren atención de fisioterapia o lesiones más severas. Nosotros no tenemos quejas (con el INS) de listas de espera en atención”, destacó el jerarca.
Luis Fernando Monge, gerente general del INS, afirmó que el principal afectado con la propuesta serían los asegurados de estas pólizas obligatorias. En el caso del SOA comentó que genera utilidades pequeñas, las cuales se destinan a una reserva especial. Para el 2022 se prevé un excedente de ¢2.000 millones en dicho producto.
“En la naturaleza del RT tampoco es un seguro llamado a tener altos excedentes. En el 2020 la siniestralidad cayó y tuvo excedente, pero en otro momento es lo contrario, por ejemplo, en el 2015 tuvimos un déficit”, destacó Monge.
El vocero dijo que a nivel financiero el Instituto no tendría un gran impacto porque ninguna de las dos pólizas tiene grandes ganancias.
“La parte de fondo, que es la parte de salud hacia los clientes. Además la infraestructura (hospitalaria) que tenemos y en la cual hemos invertido mucho. ¿Entonces que pasaría si todo se traslada a la Caja”, dijo el gerente.
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El seguro de Riesgos del Trabajo, creado en 1943, es costeado por los patronos, en beneficio de los empleados, para garantizar la protección en caso de accidentes y enfermedades laborales. La póliza cubre la atención médica, hospitalaria y de prótesis. Además de prestaciones económicas en caso de incapacidad temporal o permanente y muerte del trabajador.
En tanto, el SOA es una póliza que cubre a los ciudadanos en caso de accidentes, como atropellos o colisiones. Este instrumento, instaurado en 1973, es costeado por los propietarios de vehículos y su pago se incluye dentro del marchamo.
Ambos seguros son obligatorios y desde la apertura del mercado de seguros, en el 2007, cualquier aseguradora puede comercializarlos. Sin embargo, el INS se mantiene como único oferente.
Números de la propuesta
En el estudio de la Dirección Actuarial de la Caja se estima que asumir ambas pólizas obligatorios, implicarían un ingreso adicional promedio del 8,34% durante la próxima década, frente a un gasto promedio del 4,56% en el mismo periodo, se detalla en el informe.
Por ejemplo, para el 2022, los ingresos totales del SEM, asumiendo el RT y el SOA, serían de ¢3.488.699 millones, mientras los gastos totales de ¢3.055.980; es decir un resultado neto de ¢432.718 millones.
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Sin el traslado de ambas pólizas, el superávit sería de ¢310.000 millones en el 2022, pero para los próximos diez años iría en descenso hasta rozar el déficit en el 2032.
En contraste, al asumir los seguros obligatorios, el seguro de salud tendría una ganancia neta superior a los ¢400.000 millones en los próximos diez años.
Al final, el efecto previsto es que el seguro de salud se alejaría del déficit actuarial proyectado a partir del 2026, según la última previsión realizada, en noviembre del 2020, por la Dirección Actuarial al tomar en cuenta el efecto de la pandemia.
“En consecuencia, el traslado de ambos riesgos de manera simultánea tiene un efecto positivo en la sostenibilidad financiera del Seguro de Salud”, se prevé en el estudio conocido en setiembre anterior en la Junta Directiva de la Caja.
El estudio también justificó la medida del traslado de las pólizas obligatorias en que el SEM asume casi un 60% de la atención médica de las personas lesionadas en un accidente de tránsito. Mientras que es alrededor del 20% del costo total en los siniestros laborales.
“En el caso del SOA, la Caja da la primera contención de los accidentes en carreteras y, cuando el paciente se estabiliza, es traslado al INS. Pero al agotarse la póliza del INS a la persona se le dice que va de nuevo para la Caja”, comentó Loría.
El directivo agregó que en el RT sucede de forma similar, pues los servicios de la atención también los asume la Seguridad Social.
Sin embargo, Sidney Viales, subjefe de Seguros Obligatorios del INS, explicó que siempre se cancela el 100% del total de las facturas de los accidentes laborales o enfermedades del trabajo cuando la Caja asume la atención de las personas.
En el caso del SOA, el funcionario dijo que la aseguradora está obligada a pagar, por concepto de prestaciones médicas, hasta el tope de los ¢6 millones de la póliza. Pero también el costo del subsidio por incapacidad temporal.
“Es importante acotar que el INS se mantiene al día con el pago de las facturas que son remitidas a cobro por parte de la CCSS, tomando en consideración las condiciones normativas de ambos seguros”, dijo el vocero del INS.
El jerarca de la Sugese también mostró sus dudas sobre los números realizados por la Caja en el estudio base para justificar el traslado de las pólizas obligatorias.
“A nosotros nos sale que la Caja asume el 20% del SOA, es decir unos ¢10.000 millones anuales, pero ellos hablan del 60%, no sé de donde sale ese número. En RT, me parece que puede haber un error de fondo (en los cálculos de la CCSS), porque cuando el accidente es laboral el riesgo lo cubre la póliza y lo cubre sin límite, aquí no hay cobertura”, afirmó Soley.
El funcionario añadió que en muchos casos al trabajador se le da desde prótesis hasta asistencia de por vida si la persona queda con una discapacidad permanente.
Efecto en el INS
La propuesta de la CCSS implicaría quitarle a la aseguradora pública poco más de una tercera parte de los ingresos anuales por la venta de las pólizas obligatorias.
Los datos publicados por la Superintendencia muestran que las primas del SOA y el RT ascendieron a ¢202.069 millones en el 2020, es decir un 35% del total de primas recibidas en el INS. El restante 65%, es decir ¢389.719 millones, son los ingresos correspondientes a las pólizas voluntarias.
El Subjefe de Seguros Obligatorios del INS afirmó que, al no conocer el estudio de la CCSS, no pueden referirse al posible impacto financiero.
Soley agregó que el traslado de las pólizas obligatorias no solo incorpora los ingresos, sino también los pasivos de ambos seguros.
“Si esto se lo quitan a la compañía aseguradora, quitan ingresos y pasivos. Al final de cuentas todo el riesgo se traslada al Seguro Social. Aquí la pregunta es, cuál es la situación de sostenibilidad hoy del seguro de salud y si es capaz de asumirlo a futuro. No es solo ver espejitos de colores de posible ingreso de un flujo de caja adicional”, aseguró el jerarca.
Asimismo, debería definirse el futuro de las reservas creadas por el INS para riesgos del trabajo y la póliza de vehículos.
A junio pasado, el RT registró una provisión técnica para siniestros por ¢412.971 millones y, en el SOA, de ¢21.894 millones, según los estados financieros del INS.
