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La consulta pública sobre la propuesta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para aplazar la entrada en vigencia de los fondos generacionales en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) por dos años más terminó el viernes 28 de noviembre.
Este acuerdo tomado por el Consejo el 3 de noviembre se publicó en el diario oficial La Gaceta el 14 de este mismo mes. A partir de ese momento, el plazo para presentar las observaciones era de 10 días hábiles.
Hermes Alvarado, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), confirmó que el plazo de la consulta pública vencía el 28 de noviembre. Añadió que ahora el Conassif es el que tendrá que valorar las observaciones para, de ser necesario, modificar lo acordado.
“Estaríamos recopilando las observaciones que nos hagan llegar, para trasladarlas a los asesores del Conassif, para que las estudie el Conassif. El paso siguiente es revisar las consultas y señalamientos, si corresponde hacer algún ajuste al acuerdo originalmente tomado, se realizaría”, explicó el jerarca.
Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, afirmó que, entre las observaciones realizadas, destacaron la importancia de impulsar una reforma legal que elimine el límite del 50% de exposición a inversiones en el mercado extranjero.
“El mercado de capitales costarricense es poco profundo y está concentrado, sobre todo, en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica”, manifestó el gerente de Popular Pensiones, la operadora de pensiones más grande del país.
Porras afirmó que este límite reduce la posibilidad de aprovechar las dotaciones de riesgo en las cohortes más jóvenes, lo cual, según su criterio, frena ese potencial para elevar de manera significativa sus tasas de reemplazo y dificulta una diferenciación real entre los perfiles de riesgo y rentabilidad para cada grupo.
Los fondos generacionales organizan a los afiliados por rangos de edad y ajustan sus estrategias de inversión según cada grupo. Buscan diversificar más las carteras, tanto a nivel interno como externo, para mejorar el rendimiento de la pensión complementaria.
Esta semana, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) respaldó la decisión del Conassif de aprobar una nueva prórroga de dos años para la implementación de los fondos generacionales.
“Esta medida es necesaria para concluir los estudios técnicos que permitan dimensionar adecuadamente los impactos en la economía, los mercados financieros y las tasas de reemplazo de las personas afiliadas”, señaló ACOP.
La agrupación afirmó que la prórroga permite completar los análisis, validar modelos con las OPC y afinar los elementos necesarios para asegurar que la entrada en vigencia de la reforma contribuya a una mayor estabilidad para quienes están próximos a pensionarse y genere mejores rendimientos para los trabajadores más jóvenes.
En la sesión 1981-2025, los miembros del Conassif propusieron extender por dos años adicionales el plazo para implementar los fondos generacionales. El Consejo ya había pospuesto la entrada en vigencia una vez, al moverla de abril del 2025 al mismo mes del 2026. Con el nuevo ajuste, entraría en vigor en abril del 2028.
El gerente de Popular Pensiones también respaldó la nueva prórroga, pues afirmó que es fundamental contar con total claridad sobre el impacto que esta modificación tendrá en la volatilidad de los fondos de pensión y en la tasa de reemplazo de los afiliados.
La nueva propuesta establece que los estudios y evaluaciones técnicas se realizarán entre noviembre y mayo del 2026. Luego, entre junio y diciembre del próximo año, el Conassif definiría los posibles ajustes normativos.
Entre enero y junio del 2027, se prevé un espacio de mesas de trabajo con las partes interesadas. La consulta pública está programada para los meses de julio y agosto del 2027.
La aprobación de la norma se estima para setiembre de ese mismo año. De octubre del 2027 a marzo del 2028, las entidades reguladas contarían con un plazo para aplicar los cambios necesarios antes la implementación.
Esta propuesta dividió al Conassif, ya que la moción no obtuvo respaldo unánime: cuatro miembros votaron a favor y tres en contra. Los tres disidentes advirtieron riesgos para la credibilidad institucional y cuestionaron la ausencia de criterios técnicos que pudieran justificar una nueva prórroga.
