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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) plantea eliminar el tope de cobertura del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) para que la póliza asuma la totalidad de la atención médica de las personas lesionadas en accidentes de tránsito.
Actualmente, el costo lo asumen los cotizantes al Seguro de Maternidad y Enfermedad (SEM) cuando el paciente es atendido en un centro médico de la institución autónoma.
La propuesta de la CCSS implicaría, necesariamente, subir la prima del seguro que pagan los usuarios en el marchamo al final de cada año, según la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (N.° 9078) establece que los propietarios de vehículos deben pagar una tarifa dentro del derecho de circulación para financiar el SOA y quedar cubiertos en caso de sufrir lesiones en un siniestro.
Actualmente, el Instituto Nacional de Seguros (INS), como entidad administradora, cubre la atención médica de las personas afectadas hasta por ¢6 millones, monto que puede ampliarse a ¢12 millones en casos excepcionales, como cuando la persona no está afiliada al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS, es menor de 18 años o persiste un riesgo para su vida.
Cuando esos límites se superan, el monto restante en cada caso es asumido por la institución como una contribución especial, lo que la obliga a cubrir el gasto adicional de la atención que requiera la persona tras el accidente.
De acuerdo con el gerente financiero de la Caja, Gustavo Picado, esta situación representa para la Seguridad Social un gasto anual de entre ¢20.000 millones y ¢25.000 millones.
Por ello, como parte de la nueva Política Institucional de Sostenibilidad del Seguro de Salud 2025-2033, la CCSS propuso eliminar el tope actual y trasladar a la aseguradora −mediante las primas− el financiamiento total de la cobertura, similar a lo que ocurre con el seguro de Riesgos del Trabajo.
En la práctica, esto se traduciría en que la Caja deje de subsidiar la atención y, según confirmó la oficina de prensa de la Sugese a este diario, que los usuarios del SOA enfrenten un aumento en las primas que pagan.
La política del Seguro de Salud fue aprobada el 5 de marzo pasado, en la sesión N.° 9588 de la Junta Directiva. El instrumento incluye estrategias, programas y proyectos orientados a fortalecer la cobertura, los ingresos y la eficiencia de los servicios durante los próximos ocho años.
“(Se plantea) eliminar el tope de la póliza de cobertura en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, porque eso nos está generando alrededor de ¢20.000 (millones) o ¢25.000 millones anuales que no podemos recuperar, a pesar de que son servicios que damos porque el límite de la póliza está ahí”, señaló Picado en la sesión en que se avaló la nueva política.
El funcionario confirmó a este diario que, en las próximas semanas, la Gerencia Financiera presentará ante el órgano directivo un proyecto de ley para reformar la Ley de Tránsito y suprimir ese límite.
Consultado sobre este cambio, el INS indicó que el SOA se rige por la Ley de Tránsito y su reglamento, base para el cálculo de primas por parte de la Sugese, y que acatará cualquier modificación normativa.
“En el Instituto Nacional de Seguros somos respetuosos del principio de legalidad, y ante un cambio en la ley aplicable, acataremos lo correspondiente para la administración eficiente de este seguro, para lo cual se estarían realizando los cálculos tarifarios que técnicamente correspondan”, manifestó la entidad.
CCSS asume millonaria factura
En entrevista con La Nación, el gerente Gustavo Picado confirmó que la CCSS dejó de percibir ¢101.456 millones entre el 2020 y el 2024 debido al agotamiento de la póliza asociada al SOA. Este monto incluye la atención de personas lesionadas en accidentes mientras conducían vehículos particulares, motocicletas y unidades de carga, entre otros.
En términos porcentuales, entre el 2014 y el 2024, la CCSS asumió desde un 14% hasta un 26% de los costos por lesiones derivadas de percances viales, según datos de la Sugese.
Al analizar el desglose de siniestros por año y tipo de vehículo, las motocicletas registran la mayor incidencia. En el 2013, se reportaron 8.554 casos, mientras que en el 2025 la cifra aumentó un 259% hasta alcanzar los 30.737.
Para el 2026, la tarifa del SOA para las motos alcanzó los ¢99.623, lo que representó un aumento del 5,41% respecto al 2025, cuando la prima era de ¢94.509. Se trata del monto más alto entre las distintas categorías de vehículos que circulan en el país, debido a la alta siniestralidad que registran.
Los vehículos livianos ocupan el segundo lugar en cantidad de accidentes registrados por año, con un promedio de 6.619 entre el 2013 y el 2025. Para 2026, la prima del SOA para esta categoría se fijó en ¢30.238.
En ese contexto, la Sugese explicó a La Nación que una eventual eliminación del tope de la póliza implicaría un aumento en las primas, ya que la aseguradora asumiría la cobertura total de la atención médica, sin límite alguno, y la metodología de cálculo debería ajustarse para incorporar esa condición.
“En este tipo de seguros existe una relación directa entre el precio (prima) y el monto de la cobertura que se ofrece. Por ello, eliminar el tope actual de ¢6 millones implicaría necesariamente un incremento en la prima del seguro obligatorio automotor”, indicó la Superintendencia.
Añadió que conviene valorar un ajuste gradual tanto en la cobertura como en la prima.
“Lo que nosotros enviamos es la facturación de los servicios y atenciones de primer momento. La persona tuvo un accidente, se le trasladó a un hospital de la Caja, estuvo unos días en una UCI, se operó y se recuperó. Entonces, el costo de esos servicios dio ¢41 millones, pero la persona, por causas que he escuchado, tuvo 17 cirugías después. Esos costos ya se van diluyendo, porque no se identifican como un paciente de accidente de tránsito, sino como un paciente común".
— Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS.
CCSS incurre en más gastos por atenciones derivadas de accidentes, afirma gerente
Según el gerente financiero de la CCSS, la institución no solo debe asumir los costos tras el agotamiento de la póliza, sino también los derivados de cuidados y atenciones posteriores al accidente que no cubre el SOA. De incorporarse estos servicios en el cálculo, el monto invertido sería aún mayor.
“Si uno realmente costeara todos los servicios y atenciones derivados del accidente, esa cifra sería mucho mayor y las primas que hay que cobrarle a los vehículos y motocicletas serían mucho mayor”, afirmó el jerarca.
Según los datos más recientes de la Sugese, publicados en el Informe de revisión del monto de cobertura del SOA 2026, el 91,71% de los lesionados amparados por el SOA no superó la cobertura de ¢6 millones en el 2023, lo que equivale a 36.327 personas de un total de 39.611.
Las 3.284 restantes requirieron montos superiores a ese límite y hasta ¢12 millones.
Al igual que ocurre con la cantidad de accidentes por tipo de vehículo, los motociclistas concentran la mayor proporción de lesionados atendidos por el SOA. La cifra pasó de 9.467 en el 2013 a 33.250 en el 2025, lo que representa un aumento del 251% en 12 años.
En este contexto, Picado advirtió de que, en un eventual escenario en el que se permita a una empresa privada ofrecer cobertura por accidentes de tránsito, la CCSS no solo tendría que subsidiar al INS cuando se alcance el tope de la póliza, sino también a esa otra aseguradora.
Gerencia Financiera presentará proyecto de ley ante Junta Directiva
Gustavo Picado confirmó a La Nación que la Gerencia Financiera presentará ante la Junta Directiva de la CCSS, en las próximas semanas, el borrador final de un proyecto de ley para reformar la Ley de Tránsito y suprimir el tope de cobertura vigente del SOA.
Según detalló, la iniciativa plantea modificar el artículo 57, el cual hoy establece una suma asegurada, de modo que en adelante contemple “la totalidad de las prestaciones médicas y económicas que se le otorgaron”. Añadió que el objetivo es que el costo recaiga en el aseguramiento y no en la CCSS.
El texto deberá ser valorado por el órgano directivo y este decidirá si lo tramita, eventualmente, ante la Asamblea Legislativa.
