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Un grupo económico ligado al exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Humberto Vargas Corrales habría obtenido un “beneficio económico injustificado” por $92 millones mediante la venta de ocho inmuebles a la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), con precios, en apariencia, superiores a su valor real.
Así consta en la orden de allanamiento del caso BCR SAFI, tramitado bajo el expediente N.° 21-000209-1218-PE, de la cual La Nación tiene copia. En esta causa se investiga el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción señaló que, entre el año 2017 y 2020, los imputados en este caso supuestamente “tomaron parte en una asociación que conformaron como organización criminal” y que habrían operado “bajo un plan delictivo previamente establecido y una distribución clara de funciones específicas”.
“Esta última (BCR SAFI) pagó precios superiores al valor real o corrientes de estos, obteniendo el grupo económico de Humberto Vargas Corrales un beneficio económico injustificado de $92.000.000 aproximadamente", argumentó la entidad judicial.
El Ministerio Público indicó que, en apariencia, el grupo empresarial, junto con otras personas que ocuparon distintos cargos en BCR SAFI, gestionó “la compraventa paulatina, sucesiva y concatenada” de inmuebles al Fondo Inmobiliario No Diversificado y al Fondo de Inversión del Comercio y la Industria No Diversificado, con un aparente sobreprecio.
Según la Fiscalía, esta dinámica se dio en los inmuebles CE Santa Ana, Edificio Madrid, BC La Uruca, BC San Pablo, BC Ciudad Colón, BC Pavas y el Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
Imputados
El Ministerio Público, según la documentación en poder de este diario, mantiene como imputados al exdiputado Humberto Vargas Corrales. Junto a él, figuran su hijo Humberto Vargas Sotres, Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Barrantes Marín.
También se investiga a los funcionarios o exfuncionarios Álvaro Camacho de la O, Juan Carlos Bolaños Azofeifa, Marlon Sequeira Gamboa, Rosnnie Díaz Méndez, Natalia Garro Acuña, Luis Carlos Gutiérrez Chaves, Marco Carbajal Soto y Álvaro Jiménez Villegas; así como a los arquitectos Luis Fernando Arce Saborío y Javier Chinchilla Medina.
El Ministerio Público realizó la mañana del jueves 4 de diciembre 16 allanamientos con el fin de ubicar evidencia documental y electrónica relevante para la investigación.
El Ministerio Público llevó a cabo, la mañana del jueves 4 de diciembre, 16 allanamientos con el objetivo de ubicar evidencia, tanto documental como electrónica, que resulte relevante para la investigación.
De las 16 diligencias, 14 se efectuaron en casas de habitación en San José, Heredia y Cartago, y dos en oficinas, entre ellas la sede de SAFI y el Departamento de Auditoría de la entidad bancaria, ubicado en las oficinas centrales del BCR en San José.
La investigación se originó en agosto de 2024, cuando la Junta Directiva de BCR SAFI presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la compra del PEP.
La Nación solicitó una posición a Erick Ramos, abogado de Vargas Corrales, sobre la investigación del Ministerio Público. Él detalló por correo electrónico que oportunamente valorarán la posibilidad de referirse al caso, pues aún no tienen copia del expediente.
Sobreprecios
El PEP fue adquirido en febrero del 2020 por el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI, por $70,8 millones, a pesar de que el grupo vendedor lo había comprado poco más de un año antes por $16 millones.
La propiedad se ubica en Esparza, Puntarenas, y se convirtió en el centro de la polémica relacionada con BCR SAFI, en la cual intervinieron la auditoría interna de la subsidiaria y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Según la orden de allanamiento, el grupo vendedor habría aprovechado su relación de años con BCR SAFI para colocar el PEP, aun cuando otras propiedades transadas antes “no estaban generando las ganancias esperadas”.
“A pesar de lo anterior, se permitió, con la serie de irregularidades ya establecidas y sin ningún tipo de fiscalización, continuar con la compra del Parque Empresarial del Pacífico, aprovechándose de la relación de confianza que se había generado con el grupo vendedor a través de los años”, indicó la Fiscalía.
El Ministerio Público también comentó que el PEP no estaba terminado al momento de su compra y que funcionarios de BCR SAFI “valoraron aproximadamente en $70 millones un inmueble que no existía, sabiéndolo perfectamente porque habían estado personalmente” en el lugar.
Otro caso señalado por la Fiscalía es el inmueble CE Guadalupe, adquirido por el grupo vendedor en $1,3 millones y vendido a BCR SAFI en $12 millones. También el edificio BC La Uruca 02, que el grupo investigado compró el 10 de agosto de 2018 por $6,6 millones y vendió el 19 de setiembre, un mes y 10 días después, por $26,2 millones.
“Este mismo patrón se identificó en el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), el cual fue adquirido por el grupo vendedor en $16 millones y vendido a BCR SAFI en $70 millones, en poco más de un año, un incremento de $54 millones”, se lee en el documento.
La Fiscalía presume irregularidades en todas las negociaciones realizadas entre BCR SAFI y las sociedades relacionadas con el Grupo HVC, ligado al exdiputado, con lo cual la subsidiaria habría pagado una “diferencia injustificada” de más de $90 millones.
“Ese modelo de trabajo que se daba entre la SAFI y las sociedades relacionadas con el Grupo HVC estaba plagado de inconsistencias, omisiones y ocultación de información relevante para la toma de decisiones”, indicó la Fiscalía.
El Ministerio Público también explicó que existían supuestas inconsistencias en los modelos utilizados para adquirir inmuebles, así como falta de fiscalización de los órganos decisores, en especial del Comité de Inversión y de la Junta Directiva de BCR SAFI.
Las deficiencias “desencadenaba la compra de inmuebles que no generaban rendimientos esperados para los Fondos de Inversión”. La Fiscalía también señaló que los funcionarios involucrados no ejercieron labores de fiscalización y control, y que aceptaron información presentada de forma superficial.
Comunicaciones
Un insumo utilizado por el Ministerio Público en la investigación fue un análisis de comunicaciones telefónicas y activación de radiobases de las personas señaladas en el caso.
El informe indica que hubo 31 llamadas entre Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Negocios Banca Corporativa del BCR y miembro del Comité de Inversiones de BCR SAFI, y Manrique Gutiérrez Loría, miembro del grupo vendedor.
Las llamadas ocurrieron entre enero y mayo del 2020, en plena etapa de negociación del PEP, adquirido en febrero de ese año. Además, se registraron 214 llamadas telefónicas a partir de noviembre de 2019 entre Marlon Sequeira Gamboa, exgerente de Negocios y Proyectos a. i. de BCR SAFI, y Manrique Gutiérrez Loría.
Además, la Fiscalía destacó al menos 20 llamadas en junio, julio, agosto y octubre de 2020, así como tres más en febrero de 2021 entre Vargas Corrales y Sequeira Gamboa.
El Ministerio Público también incluyó comunicaciones entre Rosnnie Díaz Méndez, exgerente de BCR SAFI, y los miembros del grupo vendedor Manrique Gutiérrez Loría y el exdiputado Vargas Corrales.
Asimismo, registró una llamada entre Marco Carbajal Soto, entonces supervisor de la Unidad de Ingeniería de BCR SAFI, y Manrique Gutiérrez Loría, tres días antes de la compra del PEP.
Las radiobases también confirmaron la presencia de funcionarios de BCR SAFI en el PEP entre el 1.° de setiembre de 2019 y el 1.° de abril de 2020, con lo cual habrían podido constatar que el inmueble no estaba concluido al momento de su valoración.
