Banca

Empleados del INS acaparan el 77% de créditos de entidad

INS otorgó ¢32.600 millones a sus trabajadores en condiciones blandas amparado en la convención colectiva; créditos son principalmente para vivienda

Favorecidos por las condiciones blandas que les concede la convención colectiva, los empleados del Instituto Nacional de Seguros (INS) acaparan el 77% de los créditos de otorgados por la entidad, en especial para vivienda.

Las reglas pactadas en el acuerdo colectivo establecen que el interés de los préstamos hipotecarios para los trabajadores deben ser equivalente a la tasa básica pasiva, hoy en 4,32%, a lo cual se suman los costos administrativos, pero no se detallan.

En el sistema financiero la tasa de interés para vivienda es, en promedio, del 9%. Mientras, dicho indicador es del 6,15%, en la banca pública; del 7,4%, en las mutuales; del 10%, en cooperativas; y del 13,4%, en la banca privada, según datos del Banco Central de Costa Rica.

La aseguradora estatal mantiene un saldo de ¢42.441 millones colocados en financiamientos, de los cuales ¢32.646 millones se otorgaron a su personal, principalmente en créditos para vivienda.

Sin embargo, también les ofrece dinero para compra de vehículos, equipo de cómputo y finalización de estudios universitarios, según sus estados financieros.

El resto del negocio crediticio del INS está conformado por el financiamiento corporativo a empresas, cuyo monto asciende a ¢7.438 millones, y préstamos hipotecarios dados a terceros por ¢2.092 millones. La mayoría de estas operaciones datan del 2003, informó la compañía.

La empresa confirmó, por escrito, que actualmente tiene 1.532 operaciones de crédito vigentes de las cuales un 89%, o sea 1.363, se otorgaron a funcionarios de todo el Grupo INS y el resto se dieron a terceros.

La entidad brinda financiamiento a los empleados del Instituto así como a los de sus subsidiarias: INS Valores, INS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, INS Servicios e INS Red de Servicios de Salud, anteriormente conocida como Hospital del Trauma.

Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), explicó el pasado 15 de julio que la actividad crediticia del INS es legal, pero aclaró que las competencias de fiscalización de Sugese no son directas sobre ese negocio porque no se trata de una actividad aseguradora.

“Sugese aborda la actividad crediticia desde el punto de vista de gestión de los activos del INS y cómo ello podría o no afectar los indicadores de suficiencia de capital del Instituto; pero no necesariamente entra a conocer el detalle de cada operación, salvo que exista un interés particular”, sostuvo.

En Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) es el órgano especializado en fiscalizar la actividad crediticia, establecer los parámetros mínimos para prestar recursos y resguardar el dinero de los ahorrantes. La Sugese, por el contrario, se encarga de supervisar el negocio asegurador.

La aseguradora estatal participa en el negocio crediticio para lo cual utiliza recursos considerados fondos públicos porque son parte de su activo. La Ley del Instituto Nacional de Seguros, de 1924, la faculta a ejercer actividades de otorgamiento de créditos en Costa Rica.

En febrero del 2007, la Junta Directiva cierra el Programa de Créditos Hipotecarios, tanto para particulares como para sus funcionarios, previo a la ruptura del monopolio y la apertura del mercado de los seguros, ocurrida ese mismo año.

Sin embargo, en 2009, la Directiva aprobó la reapertura de los créditos hipotecarios para empleados a partir del 16 de setiembre, según el Acuerdo III de la sesión 8.951, del 8 de junio de 2009.

El INS informó de que esta línea crédito está abierta a clientes asegurados en la Institución, pero los estados financieros muestran que el crecimiento del saldo se concentra en sus empleados. Actualmente hay 166 operaciones activas con terceros, la mayoría datan del 2003.

“Existe un programa de crédito de vivienda para asegurados persona física e intermediarios de seguros. Puede solicitarlo cualquier persona que cuente con pólizas vigentes con el INS”, detalló la aseguradora pública.

Para setiembre del 2014, la Junta Directiva avaló, en la sesión 9.230, una nueva Política de Crédito que incluye el financiamiento denominado Banca Corporativa a ciertos Clientes Corporativos del INS, según el oficio PDC-0099-2018, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), del cual tiene copia La Nación.

En julio pasado, el órgano de dirección de la compañía estatal ordenó el inicio de una investigación de los préstamos corporativos y suspender la entrega de nuevas líneas, a raíz del problema con el crédito dado a la empresa minorista Artelec.

Dicha compañía recibió la protección del Juzgado Concursal, en junio pasado, para evitar la quiebra por su alta deuda. El INS le otorgó un crédito de $10 millones, de los cuales Artelec aún adeuda $5,5 millones.

El INS otorga el financiamiento a sus trabajadores con base en su convención colectiva.

Conforme el acuerdo laboral, los préstamos para fines de vivienda pueden usarse para compra de lote, cancelación de deudas de lote, compra de lote y construcción; compra, reparación, ampliación y mejoras de vivienda; así como para cancelar deudas hipotecarias.

Los créditos se dan por un periodo máximo de 20 años y las tasas de interés que se aplican al préstamo corresponden al equivalente a la tasa básica pasiva (TBP) más los costos requeridos para desarrollar la actividad de financiamiento a los empleados.

La convención colectiva establece que el coste administrativo se dictará en puntos porcentuales por encima de la TBP, pero no se brinda ningún detalle. La aseguradora pública confirmó que las operaciones con sus trabajadores se rigen por lo establecido en el acuerdo colectivo.

El Instituto sí podrá ajustar la tasa de interés cuando el trabajador renuncia, y aplicará los parámetros que usa en los préstamos que aún mantiene con terceros.

El documento firmado entre el Instituto y los trabajadores establece que las ventajas en las condiciones crediticias solo podrán otorgarse por dos únicas ocasiones. También estipula que la respuesta ante una petición de financiamiento debe darse en un máximo de dos meses, cumplidos todos los requisitos del solicitante.

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