EscucharBAC Credomatic aseguró que entregó datos individualizados de sus clientes al Banco Central de Costa Rica (BCCR) por la advertencia del ente emisor de la comisión de un delito en caso de rehusarse a compartirla.
Así se desprende en un comunicado de aclaración a la opinión pública difundido por el banco comercial en el cual reconoce que brindó al BCCR el detalle individualizado de todas las operaciones activas y pasivas (tanto de ahorrantes como de los deudores).
“El requerimiento de dicho regulador se basó expresamente en la Ley del Sistema de Estadística Nacional y, ante el apercibimiento de la comisión de un delito en caso de no entregarla, nos vimos obligados a compartir la información solicitada en el plazo de los 8 días que se nos otorgó”, explicó la entidad en su comunicado.
El BAC aseguró que los datos fueron entregados en una única ocasión.
Hazel Valverde Richmond, gerenta del BCCR, solicitó el 19 de diciembre del 2022 al BAC Credomatic la entrega de los datos de deudores sin anonimizar, según consta en el oficio GER-0337-2022, dirigido a Federico Odio, gerente del BAC, y del cual tiene copia La Nación.
Ese mismo día, el ente emisor exigió la misma información, en diferentes cartas, al Banco Nacional, el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular.
A los cuatro bancos, Valverde Richmond les advirtió que, en caso de incumplir la orden, se tomarían medidas, según se detalla en los documentos en posesión de este diario.
“Desde ya, se agradece su colaboración, no sin antes advertir que el incumplimiento de lo aquí requerido constituirá falta muy grave a los deberes del cargo del o los funcionarios responsables de dicho incumplimiento y constituye, adicionalmente, una conducta sancionable en los términos dispuestos en los artículos 65 y 68 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística”, se detalla en el documento firmado por la jerarca.
La Nación informó, este martes, que el BCCR solo pidió la información de los clientes a los cuatro grandes bancos del sistema financiero nacional, por considerarlos entidades sistémicas.
El BAC, BCR y el Popular brindaron de “manera íntegra” lo solicitado, confirmó el propio Banco Central. Mientras que el Banco Nacional (BNCR) se negó por considerar que los datos están protegidos por el secreto bancario.
La negativa del mayor banco estatal implicó que, en julio pasado, el emisor denunciara ante el Ministerio Público a Bernardo Alfaro, gerente general del BNCR.
Este diario consultó al BCR y al Popular si entre las razones para entregar la información de sus clientes estuvo la advertencia emitida por el ente emisor.
El Popular detalló que no brindarán más declaraciones sobre el tema, porque el asunto está bajo análisis de la Sala Constitucional. En tanto, el Banco de Costa Rica no respondió al cierre de este artículo.
El BCCR solicitó la información de deudores a las cuatro entidades bancarias porque Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), también se negó a entregarla. Ella fue denunciada por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad en abril anterior.
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BAC Credomatic reconoció que entregó al BCCR, solo en una ocasión, el detalle individualizado de todas las operaciones activas y pasivas de sus clientes, ante la advertencia de que si no lo hacía incurriría en un delito. (Mayela Lopez)
Inseguridad jurídica
En su comunicado, el BAC hizo énfasis en que actualmente hay diferencia de criterios entre las autoridades supervisoras, lo cual genera inquietud.
“Nos preocupa que existan hoy en día criterios legales divergentes y contrapuestos en relación con el espíritu y la interpretación de las normas vigentes y que no exista un consenso entre las autoridades gubernamentales competentes acerca de la forma en que debería armonizarse la protección de la privacidad de los clientes”, argumentó mayor banco privado del país.
La entidad agregó que, ante las actuales divergencias, fue que apoyaron la iniciativa de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) de presentar una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo en la Sala IV para que dicho órgano se pronuncie sobre la legalidad de la Ley del Sistema de Estadística Nacional.
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