EscucharEl Ministerio de Hacienda adeudaba millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del nuevo impuesto de la ley del vapeo. El gravamen empezó a regir en el 2022 y el gobierno no ha recaudado la totalidad del dinero.
Un estudio de la Auditoría Interna de la Caja, del 28 de mayo del 2025, concluyó que, a diciembre pasado, la morosidad del gobierno ascendía a ¢1.222 millones. Aunque el monto, a mayo pasado, ya se había elevado a ¢1.479 millones, según los estados financieros del Seguro de Salud.
La Ley 10.066, vigente desde diciembre del 2021, regula el uso de vapeadores en Costa Rica e instauró un impuesto del 20% sobre la venta e importación de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), los dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares, sus accesorios y sus líquidos para uso.
El dinero recaudado tiene como objetivo la compra de medicamentos de alto impacto financiero, necesarios para el tratamiento de patologías relacionadas con el tabaco, como cáncer, aparato cardiovascular y problemas pulmonares, según el artículo 12 de dicha legislación.
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Morosidad estatal
La Auditoría determinó que esto no ha sucedido. Entre el 2022 y el 2024, Hacienda recaudó ¢1.456 millones —no incluye lo correspondiente a intereses moratorios acumulados—, pero solo entraron ¢287 millones a las arcas de la Caja.
Ese único giro lo realizó la Unidad Financiera del Ministerio de Salud el pasado 6 de diciembre. “Preocupa a esta Auditoría Interna que desde la creación de la ley del vapeo en diciembre del 2021, el primer pago recibido (...) fue el 6 de diciembre del 2024”, se indica en el documento.
El mismo informe agrega: “El Ministerio de Salud informó a esta Auditoría, en el oficio MS-DFBS-UF-0941-2024 del 13 de diciembre del 2024, que el contenido presupuestario para el ejercicio económico 2024 era de ¢295,3 millones. Sin embargo, el pago realizado fue por ¢287 millones, quedando un saldo de ¢8,3 millones, indicándose que es insuficiente para cubrir el resto de facturas recibidas durante el 2024”.
La Auditoría de la CCSS señala que llama la atención la participación intermediaria de la Unidad Financiera del Ministerio de Salud en el traslado de los dineros recaudados, pues la ley dicta que esta tarea le corresponde a la Tesorería Nacional. Salud, por su parte, es el encargado de regular, controlar y fiscalizar el cumplimiento de la ley.
Al respecto, este diario consultó a Salud, a través de un correo electrónico enviado a las 12:53 p. m. del pasado 24 de julio, las razones por las cuales hizo el giro de ese dinero, pese a que la ley 10.066 no le da esta competencia, pero al cierre de esta edición la respuesta estaba en gestión.
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¿Por qué Hacienda no transfirió la totalidad de lo recaudado?
Este medio también consultó al Ministerio de Hacienda, mediante un correo electrónico enviado el pasado 23 de julio a las 5:04 p. m., sobre el porqué no transfirió el dinero recaudado por el impuesto de la ley del vapeo a la CCSS. La consulta seguía en trámite al cierre de esta edición.
No obstante, en el oficio MH-DGPN-SD-OF-0148-2023, del 23 de noviembre del 2023, Hacienda comunicó al Área de Tesorería General de la CCSS que en el 2022 no fue posible incorporar los recursos al Presupuesto Nacional y que, en el 2023, no se estimó la eventual recaudación del impuesto.
“La recaudación del impuesto al vapeo y accesorios se reflejó en la liquidación de ingresos a partir del mes de octubre del año 2022, donde al final del año mostró un recaudo total de ¢23,7 millones. No obstante lo anterior, y considerando que ya se había presentado el último presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, no fue posible incorporar estos recursos, en virtud de que al ser ingresos inciertos (no se tiene certeza de cuánto será la recaudación al final del periodo) se tiene que realizar un proceso de certificación de la efectividad fiscal de esos ingresos”, justificó Hacienda a la Caja.
Para el 2023, continúo el Ministerio, no se realizó estimación de la recaudación probable por concepto del impuesto al vapeo en virtud de que el proyecto de presupuesto para dicho año se formula a partir del mes de junio del 2022 y se presentó ante la Asamblea Legislativa el 1.° de setiembre del 2022.
Pero, para ese momento, no se conocía que se empezaría a recaudar ingresos por el impuesto indicado, justificó Hacienda.
Según la Auditoría Interna de la CCSS, lo señalado por Hacienda no exime de seguir ejecutando las gestiones cobratorias por las vías que se consideren pertinentes con el objetivo de disponer todos los recursos que por ley le ameritan a la Caja.
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Gestión cobratoria
La Auditoría Interna advirtió a la CCSS que hay“debilidades evidenciadas en la gestión cobratoria administrativa ordinaria” y que “no existe un proceso de cobro en vía judicial ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, respectivamente”.
Esta omisión, añade, afecta directamente la recuperación oportuna de los recursos y contribuye a elevar la deuda del Estado con la Caja.
“El no disponer de los recursos necesarios en acatamiento de la ley N°10.066 (...) repercute en un aumento considerable del monto a cobrar, lo cual engrosa el monto global de la deuda del Estado con el Seguro de Salud, a su vez, interfiere a que la institución disponga de los recursos necesarios para hacerle frente a los destinos específicos que establece la ley”, añade el documento.
