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Miles de adultos mayores y personas en condición de pobreza enfrentarían esperas de hasta tres años para acceder a una pensión del Régimen No Contributivo (RNC) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debido a la insuficiencia de recursos asignados por el Gobierno para sostener el fondo.
El gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, confirmó a La Nación que más de 32.000 personas permanecen, actualmente, en lista de espera para acceder a este ingreso básico, en medio de limitaciones presupuestarias que han generado un problema estructural para la Caja ante el alto volumen de solicitudes.
“El que llega hoy ya se va a encontrar una fila de más de 30.000 personas adelante, ¿y eso qué significa? Que, con el presupuesto actual que tenemos, a esa persona le podríamos ir resolviendo en unos tres años“, señaló Barrantes.
“Algo se tiene que hacer porque se está haciendo insostenible el tema de gestionar un pendiente de 32.000 (solicitudes de pensión). Nos estamos llenando de amparos”, agregó.
En diciembre pasado, La Nación informó de que la CCSS cerró el 2025 con 30.000 solicitudes pendientes de pensión no contributiva. Para entonces, la institución ya había asignado todas las pensiones posibles con el presupuesto disponible, por lo que no logró atender toda la demanda.
Desde entonces, la cifra aumentó a 32.000 solicitudes, según confirmó Barrantes a este diario. Se trata de personas que cumplen con los criterios del régimen, ya sea por su condición de pobreza, por tener más de 65 años, por presentar alguna invalidez y por parálisis cerebral profunda.
El jerarca explicó que la Caja puede otorgar anualmente unas 5.000 pensiones mediante este régimen y, sumando algunas remuneraciones que obtiene la institución, alcanza entre 10.000 y 12.000 adjudicaciones por año.
A este panorama se suma que la Contraloría General de la República (CGR), en su informe DFOE-FIP-MTR-00001-2026, divulgado en febrero pasado, señaló que el presupuesto asignado al RNC para el 2026 asciende a ¢166.961 millones, el monto más bajo desde el 2021.
Según el órgano contralor, esto representa una reducción aproximada del 15,1% respecto al 2025 y responde directamente a una disminución en las transferencias del Gobierno Central.
El dato cobra relevancia porque la CCSS proyectó para el 2026 una necesidad de gasto de ¢227.463 millones, incluida la reserva de contingencia, lo que deja un faltante de ¢60.502 millones, según el informe EST-0065-2025, Política Presupuestaria del Régimen No Contributivo de Pensiones para el ejercicio 2026, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.
La Nación consultó, desde el 29 de abril, al Ministerio de Hacienda si se ha valorado girar más recursos para cubrir el faltante, las razones por las que este año se asignó menos dinero y si existe espacio fiscal para alcanzar la necesidad planteada por la CCSS. Al cierre de edición, las consultas continuaban en trámite.
Pensión no contributiva cubre a personas más pobres
El Régimen No Contributivo atiende a las personas más pobres del país, principalmente adultos mayores que no lograron cotizar durante su vida laboral para acceder a una pensión por vejez. El beneficio contempla un pago mensual de ¢82.000, aguinaldo y cobertura del Seguro de Salud.
Al cierre de abril pasado, este fondo de pensiones cubría a 159.274 beneficiarios.
Aunque el programa es administrado por la CCSS, su financiamiento proviene principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), adscrito al Ministerio de Trabajo, que aporta un 10,35% de sus ingresos totales.
El sistema también se nutre de impuestos sobre licores, cervezas y cigarrillos, transferencias del Ministerio de Hacienda mediante el Presupuesto Nacional, entre un 9% y un 9,5% de las utilidades de la lotería y recursos obtenidos por multas establecidas en el Código de Trabajo.
Estos fondos resultan esenciales, ya que sin ellos miles de personas en condición de vulnerabilidad quedarían sin acceso a una pensión, salvo que logren generar ingresos por cuenta propia.
‘Requeriríamos que las pensiones nuevas se dupliquen’
De acuerdo con Jaime Barrantes, la imposibilidad de la Caja para otorgar las 32.000 pensiones no contributivas pendientes ha provocado la presentación de múltiples recursos de amparo contra la institución.
Ante consultas de este diario, la Sala Constitucional precisó que solo en el 2025 resolvió 1.276 recursos de amparo contra la CCSS relacionados con pensiones del RNC. Se trata de la cifra más alta de los últimos cinco años, seguida por el 2024, cuando se tramitaron 756 casos.
En lo que va del 2026, la Sala reporta 459 recursos.
Para atender esta situación, el jerarca señaló que sería necesario duplicar la cantidad de pensiones que actualmente adjudica el RNC, al pasar de unas 5.000 anuales a, al menos, 10.000.
“La meta actual son 5.000 nuevas pensiones netas por año. Esto, más las que llamamos nosotros las remuneraciones, nos permite dar unas 10.000 a 12.000 pensiones por año. Para poder cubrir de una manera más holgada esta demanda, requeriríamos que las pensiones nuevas netas en el RNC se dupliquen, al menos a 10.000″, explicó el jerarca.
Barrantes explicó que esta situación justifica la inclusión del fortalecimiento del RNC como parte de las 20 reformas planteadas por la Gerencia de Pensiones para mejorar la sostenibilidad el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual también atraviesa una situación financiera crítica.
En ese contexto, el impulso al RNC se contempla como una de las estrategias para ampliar el acceso de la población a una pensión.
Contraloría señala al Gobierno Central como responsable
Según el informe DFOE-FIP-MTR-00001-2026 de la CGR, la reducción de ¢29.689 millones entre el presupuesto del RNC del 2025 y el asignado para el 2026 responde principalmente a una disminución en las transferencias del Gobierno, especialmente en las partidas destinadas a pensiones para adultos mayores en condición de pobreza.
“El decrecimiento de ¢29.689 millones (15,1%) en el presupuesto del RNC se asocia principalmente con la reducción de las transferencias provenientes del Gobierno de la República, dado que estas representan el 97,6% del total", señala el documento.
“Según el presupuesto inicial presentado por la CCSS, el principal decrecimiento se relaciona con las pensiones para adultos mayores en situación de pobreza”, agrega.
La Contraloría también recordó que la Dirección Actuarial y Económica advirtió, en la política presupuestaria del RNC para el 2026, que el faltante de ingresos proyectado entonces en ¢50.954 millones provocaría consecuencias directas para los beneficiarios.
Entre ellas, el documento menciona recortes en el monto mensual de la pensión, suspensión del aguinaldo y freno en la entrega de nuevas pensiones ordinarias y por parálisis cerebral profunda (PCP).
En el caso de las pensiones ordinarias, el ingreso mensual bajaría en ¢11.657, al pasar de ¢82.000, incluido el aguinaldo, a ¢70.343 sin el decimotercer pago. La institución precisó que esta reducción afectaría únicamente a las pensiones ordinarias, mientras que las de PCP se mantendrían en ¢367.108.
El panorama se agrava tras la asignación presupuestaria realizada por el Gobierno para este año, pues el déficit aumentó a ¢60.502 millones, lo que aleja aún más al RNC de los recursos requeridos.
