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Los diputados españoles aprobaron definitivamente este jueves una ley para impulsar la transición ecológica que prevé la neutralidad en carbono en 2050, en línea con los objetivos europeos, con medidas como la prohibición de vender vehículos con motores de combustión.
"Por el planeta, por nuestro futuro, por las próximas generaciones. Desde hoy, España cuenta con una ley de clima sobre la que construir con decisión un futuro verde, sostenible, justo y próspero para todos", dijo el jefe de gobierno socialista Pedro Sánchez en Twitter.
Una de las medidas estrella de esta ley de "cambio climático y transición energética", faltada de ambición según grupos ecologistas, es la prohibición de la venta de vehículos que emitan CO2 para 2040 y su retirada de la circulación en 2050.
La nueva norma debe permitir a España cumplir el objetivo fijado por la Unión Europea de alcanzar una huella de carbono cero antes de 2050.
Para ello, el país se fija conseguir antes de 2030 una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 23% respecto a los niveles de 1990.
Globalmente, la Unión Europea se fijó una reducción del 40%, con objetivos distintos en función de la situación de cada país. En noviembre, sus Estados miembros aprobaron elevarlo hasta el 55%.
La ley española también establece que para 2030 un 42% de la energía consumida y al menos un 74% de la electricidad producida proceda de fuentes renovables.
Además, da dos años, hasta 2023, para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes implanten zonas limitando la circulación de los vehículos más contaminantes, como ya han hecho Madrid y Barcelona.
En la capital, sin embargo, este dispositivo bautizado "Madrid Central" ha sido puesto en duda por la justicia.
La nueva normativa también limitará la explotación de recursos fósiles y busca reforzar la protección de la biodiversidad.
La ministra de Transición Ecológica del gobierno de izquierdas, Teresa Ribera, señaló en Twitter que es una ley "imprescindible sobre la que seguir construyendo".
Pero en una entrevista en el diario El País este jueves, reconoció que España "llega con retraso" y debería haberse dotado de una ley así "hace 10 años".
En un comunicado, la organización ecologista Greenpeace criticó que la ley "no responde a la emergencia climática" y es "insuficiente" para cumplir con el Acuerdo de París de 2015, que busca limitar el calentamiento global a +2ºC, incluso +1,5ºC, respecto a la era preindustrial.
“El texto aprobado es un punto de partida que tendrá que reforzarse para afrontar con éxito el cambio climático en uno de los países de Europa más vulnerable a sus graves impactos”, señaló la oenegé, que reclama a Madrid “aumentar sus objetivos de reducción de emisiones”.
