Centroamérica, 1821: sin derramar gota de sangre, las cinco provincias de la Capitanía General de Guatemala se proclaman independientes. La sangre vendría inmediatamente después cuando las élites criollas estaban confundidas y enfrentadas sobre el proyecto de Estado nacional que aspiraban a construir. Caudillos, guerras civiles, persecuciones políticas, inestabilidad...

Centroamérica, 2019: presidentes que se hacen reelegir para no soltar el poder, represión política, exiliados y migraciones obligadas huyendo de la violencia delincuencial y del Estado; persecuciones a opositores, cárcel y asesinatos por pensar diferente, inestabilidad...

¿Que 200 años no son nada! Para principiar, son 10 veces más que los mencionados en el famoso tango Volver, de Carlos Gardel.

A lo largo de ese periodo, el mundo ha girado muchas veces y los esfuerzos por crear estados y naciones acordes con normas de convivencia social, política y económica aceptables a las mayorías ha pasado por etapas de prueba y error, avance y retroceso. Por ejemplo, la Revolución francesa no es un suceso, sino un proceso que implicó luchas y ajustes para tratar de hacer realidad sus ideales, de la misma manera que el surgimiento de la primera democracia contemporánea, en Estados Unidos, tampoco ocurrió de la noche a la mañana.

Pero, con todo, la Europa de hoy es muy diferente a la de dos siglos atrás y lo mismo puede decirse de Estados Unidos, e inclusive de países con realidades socioculturales tan diferentes a las nuestras, como Japón e India.

En este Istmo que en la Colonia constituyó una región administrada desde Guatemala y que intentó fundar una República Federal a imagen y semejanza de la ideada por Estados Unidos, la democracia sigue siendo una asignatura pendiente de aprobación y a lo sumo solo Costa Rica y El Salvador (este en las últimas tres décadas) pueden mostrar una institucionalidad política estable y funcional.

Usted me dirá, con razón, que también en el resto de Latinoamérica el parto por la democracia y el Estado de derecho ha sido lento y doloroso, y que no han faltado los abortos. Pero permítame enfocarme en el patio nuestro, por ahora.

En general, desde el punto de vista político, poco ha cambiado Centroamérica desde aquel momento cuando en Guatemala se proclamó la emancipación del Imperio español y el resto de provincias la imitaron.

El sueño de evitar una “balcanización” y mantenerse como una entidad unida hizo aguas casi tan pronto como se proclamó la República Federal, concebida con mucho entusiasmo mas sin tener en cuenta que no existían aquí las condiciones para el proyecto.

En 1826, apenas dos años después de la federación vio la luz, surgió la primera guerra civil, un fenómeno que también se repetiría en el interior de los estados y, luego, en las repúblicas que nacieron tras la muerte de aquella,

Uno de los factores que hizo inviable el proyecto federal fue el caudillismo y también la desconfianza entre las élites, así como las pugnas entre conservadores y liberales.

Igualmente, la tarea de construir los estados nacionales se complicó por la persistencia de tales obstáculos, aparte de la carencia de infraestructura y de una base económica que diera soporte a ese esfuerzo.

Hagamos un repaso de lo que está ocurriendo en esta franja de tierra en el presente.

El caudillismo y la autocracia siguen presentes. Daniel Ortega, de vuelta en la Presidencia desde el 2007, halló la vía para reformar la Constitución e instituir la reelección presidencial continua y, después, sin límite de periodos.

Valga recordar que en la historia de Nicaragua caudillismo, autocracia (léase dictadura) y reelección han sido un triángulo constante. Sin echar muy atrás el calendario, la dinastía de los Somoza (1936-1979) se cimentó en el fraude electoral, la persecución de los opositores, los asesinatos políticos, la represión, la censura y hostigamiento del periodismo para perpetuarse. Los amaños a la Ley Fundamental para que el Somoza de turno pudiera aspirar “legalmente” a otro periodo presidencial fue parte de la estrategia.

El orteguismo no es diferente y al igual que el somocismo ya optó por un régimen dinástico. En los comicios del 2016, Daniel Ortega llevó como compañera de papeleta a su esposa, Rosario Murillo, quien funge como vicepresidenta.

Pero no solo en Nicaragua hay reelección inmediata. En Honduras se aprobó en el 2015 cuando un fallo de la Sala Constitucional echó abajo la prohibición expresada en la Carta de Magna de 1982, lo que permitió al presidente Juan Orlando Hernández presentarse como candidato en las elecciones de noviembre del 2017.

Por cierto, ¿se acuerdan que un intento del entonces presidente Manuel Zelaya de impulsar la reelección le costó que lo derrocaran y lo enviaran en pijamas a Costa Rica en el 2009? El color cambia según el cristal a través del cual se observe.

El recurso de abrir el portillo a la reelección, por medio de la vía judicial, comenzó en Costa Rica (Óscar Arias pudo así ganar su segunda presidencia en en el 2006), se copió en Nicaragua y después en Honduras.

Hernández logró su segundo mandato en unos comicios muy cuestionados, en los cuales la sombra del fraude pesó fuertemente, sobre todo después de que un súbito “apagón” del sistema de cómputo cuando el opositor Salvador Nasralla tenía una ventaja de cinco puntos porcentuales. Solventado el aparente problema técnico, los nuevos datos pusieron al presidente adelante en el escrutinio.

Por supuesto, ni el Partido Nacional de Hernández ni este admitieron irregularidad alguna, que la oposición denunció con vehemencia y duras protestas que cobraron al menos 22 vidas.

Empero, la huella de la polémica ha llevado al Congreso a analizar reformas políticas para, entre otras cosas, evitar una crisis electoral de esa índole.

En Honduras, la presencia de observadores internacionales en los últimos comicios permitió no solo recoger dudas y críticas sobre el proceso; los cuestionamientos y las explicaciones oficiales sobre el repentino cambio de dirección de los resultados llevó a que ninguna misión refrendara la transparencia de la contienda, como lo pretendía el Tribunal Nacional Electoral (TNE).

Ortega, en cambio, prefirió evitarse la molestia de invitar a veedores independientes en las votaciones de las cuales salió reelegido por segunda vez consecutiva (lleva tres mandatos al hilo).

El monitoreo de los derechos humanos, como consecuencia del estallido de protestas contra una reforma al sistema de seguridad social y que derivaron en demandas de renuncia del gobernante, fue inicialmente aceptado por el Gobierno de Managua. No obstante, en cuanto los grupos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron informes con señalamientos muy críticos sobre la represión, la reacción del régimen fue descalificar y expulsarlos.

Como parte de la arremetida contra toda fiscalización del quehacer estatal, el orteguismo la ha emprendido también contra las organizaciones no gubernamentales (ONG), gran parte de las cuales fueron prohibidas y sus oficinas allanadas. Igual suerte les ha tocados a los medios de comunicación y periodistas críticos.

Las autoridades guatemaltecas tienen también su “enemigo externo”: la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano de la ONU creado en el 2006 por acuerdo entre el gobierno y el máximo foro mundial.

Hoy, la Cicig prácticamente está desmantelada: la mayoría de sus funcionarios, incluido su jefe, Iván Velásquez, están fuera del país. El gobierno del presidente Jimmy Morales anunció a principios de año el fin unilateral de la misión, medida que está frenada por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ortega y Morales coinciden en el mismo alegato para querer lejos el monitoreo internacional: la supuesta defensa de la “soberanía” nacional. Morales fue un poquito más allá y definió a la Cicig como “una amenaza a la paz” de Guatemala.

Y como es mejor que prevenir interferencias y cuestionamientos desde fuera, el Congreso guatemalteco analiza un proyecto de ley para conceder una amnistía por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1960-1996)... Muerto el perro, se termina la rabia.

Eso y más ocurre en una Centroamérica donde también la violencia desatada por el narcotráfico y las pandillas, particularmente en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), fuerzan a decenas de miles de personas a huir a pie en busca de una vida mejor en México y Estados Unidos.

A Costa Rica también siguen llegando nicaragüenses que escapan de la otra violencia, la que desató el régimen de Ortega contra todo quien ose protestar.

Así estamos en Centroamérica a dos años de aquel bicentenario.

Es todo por ahora.