La empresa de tecnología y transporte Uber abandonará Colombia a finales de este mes por una resolución política. En cifras, esto se traduce a 88.000 conductores que pierden esa posibilidad de trabajo, y una red de unos 2,3 millones de usuarios afectados, según datos de la empresa californiana.

Te explicamos por qué Uber abandona Colombia y exponemos si en Costa Rica puede pasar lo mismo.

Hasta finales de 2019, Colombia y Costa Rica compartían una situación similar respecto a la pugna entre Uber y el gremio de taxistas:

--Uber funcionaba bien pero en el marco de la no regulación (llamada también ‘ilegalidad’), como una plataforma digital de transporte selectivo que operaba gracias a miles de socios conductores, todo a través de la aplicación móvil fácil de usar y con precios favorables.

Se vendían a sí mismos como una empresa de tecnología que no hace más que unir a dos tipos de personas: conductores que quieren ganar dinero y civiles que quieren ir de un punto A a un punto B, y están dispuestos a pagar por ello. Uber era criticado por autodenominarse de esta forma, y no como una empresa de transporte.

Comenzaron sin pagar impuestos --igual que en Costa Rica actualmente--, sin embargo, de acuerdo a lo reglamentado por el Gobierno Colombiano para prestadores de servicios desde el exterior (Ley 1819 de 2016, definida por la Dirección de Aduanas Nacionales mediante la Resolución 5,1 de 2018), Uber Colombia pagó cerca de 70 mil millones de pesos colombianos de impuesto de ventas (IVA) entre julio de 2018 y diciembre de 2019, según datos que Uber nos proveyó para esta publicación.

--Los taxis legales, por su parte, seguían operando en desacuerdo con Uber, acusando a esta empresa de competencia desleal y manifestándose de vez en cuando contra los conductores de Uber, al tiempo que buscaban que el Gobierno regule la plataforma.

Los taxis sí pagaban impuestos, adquirían la placa especial para ofrecer el servicio, y muchas veces no eran conducidos por los dueños, sino por terceros que tenían que ver cómo sacan un salario de jornadas laborales de ocho, 10, 12 o más horas (los Uber también hacen jornadas similares).

No obstante, el cuadro cambió el pasado 20 de diciembre. Tras una lucha legal de unos tres años, la Superintendencia de Industria y Comercio falló a favor de la operadora de taxis Cotech, quien interpuso una denuncia contra Uber por competencia desleal, señalando la prestación de servicios en carros particulares y el uso de la tarifa dinámica cambiante. La autoridad llamó a Uber a “suspender” sus actividades en el país.

A pesar de que Uber, a través de sus abogados, apeló el fallo, la empresa anunció en sus redes sociales que se va de Colombia y que a partir del 1.° de febrero ya no se podrán solicitar más viajes.

Pese a que el Gobierno actual de Iván Duque, en Colombia, ha hecho campañas en pro de una economía de apertura tecnológica (a la que llaman economía naranja), el Ejecutivo no ha reaccionado públicamente sobre la salida de Uber. Tampoco lo hizo el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MTIC). El Ministerio de Transporte, por ahora, solo ha enviado un comunicado donde enfatiza:

“Está prohibido prestar servicio público de transporte en un vehículo privado”.

En entrevista con el periódico cafetero El Tiempo, el exministro de MTIC, David Luna, lamentó: “La Superintendencia prefirió proteger un monopolio y expulsar la tecnología, yendo en contra de la idea que sea el consumidor quien elija el mejor servicio”.

La Superintendencia no expulsó a Uber, sino que mandó a las empresas de telecomunicaciones a que bloqueen los accesos de Uber a sus conexiones. Uber tomó la decisión de partir de Bogotá y de las demás ciudades donde tenía fuerte presencia (sobre todo en Barranquilla) para no permanecer en Colombia en modo de “suspensión”. Eso sí: Uber evalúa demandar al Estado de Colombia por presunta violación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Ojo: Este fallo de la Superintendencia es únicamente contra Uber. Las demás empresas de plataformas digitales que ofrecen transporte tendrían que pasar por otros procesos legales independientes. El promedio de tiempo de estos procesos es de poco más de 2 años.

Ojo 2.0: Opositores al Gobierno de Duque han llegado a sugerir que el gremio de taxistas hizo un pacto con el Ejecutivo: la salida de Uber de Colombia a cambio de que los taxistas no marchen como gremio en las marchas del 21 de noviembre. ¿Suena conspiranoico? Quizás, pero lo publicó aquí la BBC de Reino Unido y es un hecho de que los taxistas no apoyaron a los millones de colombianos que sí marcharon contra el Gobierno en noviembre pasado.

En Colombia, Uber llegó cobrando un poco más que las tarifas de taxis, pero con carros blancos y un servicio más premium (tipo VIP) que otra cosa, fue ganando terreno. Poco a poco, a medida que ganaban más usuarios y más conductores interesados, se perdió la costumbre de los automóviles blancos y las tarifas fueron pareciéndose a las de los taxistas legales.

A finales de 2019 y en enero 2020, su último mes de servicio en Colombia, las tarifas de Uber eran más accesibles que las de los taxis, pero la diferencia no es tan marcada como en Costa Rica.

Al igual que aquí, en Colombia los conductores de Uber se esconden en lugares donde hay posibilidades más altas de que los detengan las autoridades de tránsito. En el aeropuerto de Bogotá, por ejemplo, prefieren dejar a sus pasajeros en el parqueo en lugar de la entrada principal. Y también piden a los usuarios que se sienten adelante, en el asiento de copiloto, para aparentar que son amigos y no choferes de Uber.

El rotundo éxito de Uber y otras plataformas como Didi o InDriver en Costa Rica, se debe sobre todo a la gran diferencia de precios entre la tarifa de taxis rojos o del aeropuerto, y las tarifas que ofrecen estas apps.

Y justamente esta es la razón por la que también aquí se tilda a Uber de ser “competencia desleal”. En Costa Rica, no obstante, el gremio de taxistas no pide que Uber se vaya, pues muchos lo reconocen como la evolución tecnológica natural del servicio, pero sí exigen que sea regulado como servicio público de transporte de pasajeros, y que sus tarifas sean menos dispares.

En el país no se discute impedir la operación de Uber, sino regularla.

Hace un año, el Gobierno impulsó una iniciativa para lograrlo, pero fue rechazada de forma unánime por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa..

En noviembre de 2019, los diputados que conforman esta comisión consensuaron un proyecto de ley y lo asignaron a una subcomisión para que sea revisado antes de ser enviado a plenario.

El avance del proyecto está por ahora detenido. Desde el 1.° de diciembre hasta el abril de 2020, el Congreso estará en el proceso de sesiones extraordinarias. Solo si el Gobierno convoca que se revise el proyecto sobre Uber, el documento será estudiado. De lo contrario, no.

El diputado liberacionista Roberto Thompson, de la Comisión de Asuntos Económicos, comentó para este Explicador que el Gobierno prevé realizar una nueva mesa de diálogo con distintos sectores --sobre todo con el gremio de taxistas-- antes de retomar el análisis del proyecto de ley.

Sobre la posibilidad de que Uber salga de Costa Rica, Thompson dice: “Lo interesante aquí es que los taxis rojos están de acuerdo con una regulación. Aceptando como realidad la situación del servicio a través de plataformas, el cómo regularlo ha sido el “pero”. Todos los sectores tienen interés en que se dé esta regulación. Ojalá sea en esta administración (de Carlos Alvarado; 2018-2022)”.

Por su parte, el legislador Pablo Heriberto Abarca, de Unidad Social Cristiana y también miembro de la comisión encargada de diseñar el proyecto de ley, piensa que Uber no se irá de Costa Rica.

“La idea es que convivan taxis y Ubers. No creo que el escenario sea que se vaya Uber”, dice Abarca.

En Costa Rica, Uber dice contar con 28.000 socios conductores que benefician a una red de usuarios de 970.000 personas. Según datos de la empresa californiana, desde el 21 de agosto de 2015 hasta hoy, Uber ha invertido $30 millones en Costa Rica. En el país también tiene su Centro para la Excelencia, donde emplea a 800 personas de forma directa.

La empresa conoce su importancia en el país y sabe cómo usarla a su favor. Al dar el comunicado oficial de comienzos de 2020 con cifras actualizadas, Carolina Coto, gerente de Uber Centroamérica, dijo a El Financiero:

“Los 28.000 socios colaboradores y sus familias han encontrado en la app una alternativa para hacerle frente al costo de la vida y un difícil clima económico que cerró en el 2019 con una tasa de desempleo del 11,4%, según datos del INEC, una de las más altas de América Latina”.

Te dejamos estos Explicadores para que sepás más sobre el tema:

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Didi ya está operando en Costa Rica. Así es la nueva competencia de Uber y taxis