Con menos de un año de estar en el poder, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido denunciado en la Sala Constitucional de su país por actuar al margen de la carta magna, y ha hecho caso omiso deliberadamente a lo que esta entidad del Poder Judicial ha resuelto.

Tras el inicio de la pandemia por el covid-19, defensores de derechos humanos, parte de la comunidad internacional y opositores políticos señalan a Nayib Bukele por aprovechar la situación para acumular y desplegar más poder. La situación, sin exageraciones, es así: Bukele tuitea; el Ejército y la Policía obedecen.

Recientes detenciones arbitrarias en nombre de la Salud Pública, y la irrupción militarizada a la Asamblea en febrero pasado, son algunos episodios que marcan el autoritarismo de Bukele en 2020. Sin embargo, según revelan encuestas y según se puede comprobar en redes sociales, una mayoría de salvadoreños todavía apoya al mandatario. En enero de 2020, antes de la crisis, la encuestadora Cid Gallup registró un 91% de apoyo a su gestión. Y a finales de abril, la misma Cid Gallup registró un apoyo de la población del 97% a cómo se ha manejado la pandemia.

Explicamos este fenómeno que vive El Salvador.

Febrero: Asalto a la Asamblea

El primer signo de autoritarismo de Nayib Bukele se dio el domingo 9 de febrero de 2020, cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa de El Salvador, escoltado por militares que cargaban rifles de asalto, y por agentes de la Policía Nacional Civil.

En principio, Bukele hizo esto para exigir a los diputados la aprobación de un préstamo para financiar su plan Control Territorial, que busca luchar contra las maras (pandillas), pero de los 84 diputados, ese día únicamente llegaron 20. No hubo quórum. Y tampoco hubo un despliegue incontable de seguidores de Bukele a las afueras del Congreso, como lo esperaba el mandatario.

Dos días antes, el 7 de febrero, Bukele dijo públicamente que el pueblo tendría la “facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución” en caso de que el Poder Legislativo no sesionara. Este artículo es el que reconoce el derecho del pueblo a la insurrección. Algunos tomaron sus palabras y la posterior invasión a la Asamblea como un intento de golpe de Estado.

El defensor de derechos humanos salvadoreño Benjamín Cuéllar, miembro del Consejo de Directores del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), nos dice que él no puede asegurar que fuera un intento de golpe, pero repudia la forma de imponer el poder Ejecutivo sobre el Legislativo.

“Es evidente que ese llamado que hizo a la insurrección dos días antes. Dijo que se podía aplicar el artículo 87, que reconoce el derecho a la insurrección cuando se reúnen ciertos requisitos, pero en ese caso no se reunían. Fue un acto condenable. El presidente Bukele se ha contradicho en las versiones para explicar las razones de por qué hizo eso”, comenta Cuéllar.

“Desde el 9 de febrero”, opina Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, “con aquella irrupción militarista al recinto de la Asamblea Legislativa, el gobierno empezó a mostrar una actitud de poco respeto a la institucionalidad democrática, actitud nada ejemplar que se ha visto confirmada durante esta pandemia”.

Detenciones arbitrarias durante la pandemia

El Salvador, de la mano de Bukele, ha gestionado la pandemia con mano dura. Se impuso una cuarentena obligatoria y militarizada, y quienes la violentan son detenidos y llevados a “centros de contención”.

La detención para llevar personas a estos centros, además de lo que sucede en ellos, es una desobediencia directa a la Sala Constitucional salvadoreña, y contraviene los mandatos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los derechos humanos.

En estos momentos hay una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de 33 personas que tienen más de un mes de estar recluidos en centros de cuarentena, a quienes les han hecho tests para detectar el covid-19, pero no les dan sus resultados y los mantienen cautivos. 11 de estos 33 detenidos tenían Hábeas Corpus, pero ni esto evitó que se les tratara al margen de la Constitución.

Los centros de contención están desperdigados por todo el país y hay falta de transparencia en cuanto al número de detenidos, las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran, y el estado de su salud en medio de la pandemia.

“El discurso que ha mantenido en la gestión de esta crisis sanitaria es el de salvar vidas, un supuesto bien superior a todos los demás, cuyos medios de protección los define por supuesto él mismo. La actitud empecinada en sacrificar los frenos y contrapesos del régimen republicano y ahogar la economía la justifica en esa supuesta protección absoluta a la vida”, analiza Rodolfo González, exmagistrado de la Sala Constitucional de El Salvador.

González advierte a la vez que Bukele no escucha a especialistas del Colegio de Médicos ni a las cámaras empresariales al tomar este tipo de decisiones.

Según informó la agencia de noticias AP, el pasado 18 de mayo, la ministra de Turismo, Morena Valdez, que forma parte del equipo de contención del gobierno, dijo que unas 10.000 personas han sido detenidas en los refugios.

En El Salvador, donde la población es de 6.4 millones de habitantes, se registran oficialmente 1.640 casos de covid-19 este 21 de mayo, y se reportan 32 fallecidos por la enfermedad.

Fuerza letal contra las maras

Para hacer cumplir la cuarentena y en medio de una lucha política y de seguridad contra las pandillas, Bukele ha dado a la Policía y al Ejército el derecho de “usar la fuerza letal” contra las maras. Es decir: permiso para ejecutar a la hora de defenderse o de defender la vida de civiles.

Las pandillas rivales Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, que reúnen a unos 60.000 pandilleros organizados en todo el país, controlan comunidades enteras en zonas urbanas y rurales, donde practican el sicariato, el narcotráfico y la extorsión de comerciantes y transportistas. Desde el comienzo de su gestión, Bukele les ha declarado la guerra.

Durante el fin de semana del 26 al 27 de abril pasado, las pandillas salvadoreñas habrían cometido más de 50 asesinatos en todo el país en una muestra de control de territorio en medio de la pandemia, según el gobierno de Bukele.

En respuesta, el mandatario mandó a implementar crudas medidas carcelarias para los cientos de miembros de pandillas en los distintos centros penales, convencido de que desde allí se comandaron los asesinatos.

Acto seguido, se dieron a conocer imágenes y videos de estas medidas: cientos de presos semidesnudos, cabezas rapadas, esposados en hacinamiento con cubrebocas; planchas de metal para sellar permanentemente las celdas, disposiciones para mezclar a miembros de pandillas rivales en sus mismas celdas.

Estas órdenes dieron la vuelta al mundo y fueron muchas veces criticadas por otros gobiernos por ir en contra de un trato basado en los derechos humanos. Pero en El Salvador fueron aplaudidas mayoritariamente, pues son golpes casi nunca vistos contra pandillas que atemorizan y matan a la población desde hace años.

El 30 de abril, Bukele dijo en Twitter, su medio de comunicación oficial predilecto:

“Es increíble el apoyo internacional que tienen las maras. Organizaciones que callan al ver cómo descuartizan salvadoreños, ponen el grito en el cielo porque les quitamos privilegios”.

La tendencia que parece marcar el casi primer año de Bukele al poder (este 1 de junio cumplirá 12 meses como presidente) es esta: criticado internacionalmente y aplaudido localmente.

"Bukele entiende que por su popularidad es invencible y El Salvador va camino de convertirse en otra dictadura latinoamericana", ha dicho José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch para las Américas.

La fuerte popularidad de Bukele se debe en gran medida a su trabajo realizado en comunicación, su área fuerte. Él fue publicista del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), partido de izquierda históricamente opositor a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el otro partido grande del país; de derecha.

Hoy Bukele se desliga de ambos bandos, pero otrora fue alcalde del Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y de San Salvador (2015-2018) con el FMLN. Para Benjamín Cuéllar, del CEJIL, el mandatario supo jugar sus cartas para mostrarse como una oferta totalmente nueva.

“La gente se decantó por algo, una oferta que parecía distinta. Pero hay que considerar también que Bukele fue publicista del FMLN. Su empresa trabajó con el FMLN, fue alcalde con el FMLN. Bukele estaba consciente de ese hartazgo y planificó y concretó una estrategia que lo tiene ahora en ese sitio. Se distancia de los bandos políticos tradicionales. Sobre todo con su discurso, su narrativa. Habría que ver si realmente se va a distanciar de fondo con los pecados que cometieron esos dos partidos anteriormente. Pero ya se están viendo en el marco de esta pandemia atisbos de corrupción, de sobresueldos, de nepotismo, etc”.

Para entender que una oferta así llamara tanto la atención, hay que comprender la historia reciente general de El Salvador. Consultado por El Explicador, Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción de ese país, detalla:

“La política salvadoreña es sinónimo de polarización, no de un sano debate democrático. Se privilegia la imposición sobre el convencimiento. (...) Bukele representa un nuevo bloque de poder, de corte populista”.

Bukele ganó las elecciones con el 53% de los votos en 2019, participando con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), minoría en el Congreso.

Para Federico Hernández, director de la Cámara de Comercio salvadoreña, Bukele es “hijo de la mediocridad política que venía azotando el país”.

El mandatario esgrime bien esa arma. En Twitter y Facebook “conecta” con sus miles de seguidores reiterando una y otra vez que él es diferente, y que, por ende, quienes lo apoyan también lo son.

Asimismo, está el uso que Bukele hace de las redes sociales y de la religión. Según un análisis publicado en El Faro por Dalia Chévez, licenciada en Filosofía con máster en Gestión Estratégica de la Comunicación, Bukele cuela con cuidado en sus discursos las siguientes palabras:

--Dios quiera

--Dios permita

--Dios nos guarde

--Dios nos guíe

--Dios nos salve

--Dios nos castigue

“Los discursos de las cadenas nacionales y las publicaciones de sus redes, dejan entrever que su estrategia se ha basado en infundir el miedo para sustentar su régimen autocrático, el control militarizado de la crisis y evitar la rendición cuentas”, escribe Chévez.

La autora sostiene en su publicación que Bukele, gracias a su discurso “pseudoreligioso”, mina la laicidad del Estado salvadoreño explotando el temor y la sed religiosa de las mayorías. En El Salvador se estima que hasta un 80% de la población es religiosa (la gran mayoría es católica o cristiana). “Intimida y violenta con el fin de operar sin ser controlado”.

Aquel 9 de febrero, sentado en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, Bukele derramó lágrimas mientras rezaba con las manos juntas. La imagen que elige dar es la de alguien ungido por fuerzas externas para guiar al pueblo.

“La población salvadoreña en general no alcanza a ver la dimensión de lo que está ocurriendo. Porque no es una represión masiva como la que ocurrió antes y durante la guerra. No son atrocidades como las que se cometieron antes. Pero son avisos, anuncios, de lo que puede ocurrir más adelante. Solo reclaman, demandan, exigen, protestan, las personas que están siendo víctimas de esos atropellos puntuales”, lamenta Benjamín Cuéllar, del CEJIL.

El exmagistrado de la Sala Constitucional de El Salvador, Rodolfo González, explica que Bukele y su gobierno crean una dicotomía en el país:

--Aceptamos lo que hay

--Volvemos a la situación de antes de ser gobernados por FMLN y Arena

Parece que hay una alergia a lo segundo, y por ahora aceptar a Bukele y retwitearlo está de moda. A pesar del autoritarismo.

La definición de “dictador”, según la RAE, es una persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica.

El Salvador no está ahí todavía. Pero ya vimos cómo Bukele menosprecia los poderes Legislativo y Judicial. De hecho, quiere demandar al Congreso y a la Corte ante la CIDH.

Le preguntamos a diversas voces de la sociedad civil de El Salvador si el autoritarismo de Nayib Bukele puede llegar a ser “un mal por un bien”. Algo que a la larga ayude al país a cambiar, a mejorar. Estas son sus respuestas:

--Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción de El Salvador:

“No pueden protegerse derechos humanos violentando otros derechos humanos. Esto forma parte del principio de interdependencia de estos, y la experiencia de estos dos meses en El Salvador lo ha demostrado: se ha tratado a los posibles contagiados como a delincuentes, se ha secuestrado a ciudadanos en plena vía pública por incumplir la cuarentena, se ha negado información pública a ciudadanos y periodistas y nada de estas y otras malas prácticas ha impedido el número en ascenso de contagiados”.

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--Rodolfo González, abogado constitucionalista, exmagistrado de la Sala Constitucional de El Salvador:

“El Presidente Bukele no escucha a los especialistas del Colegio Médico, las cámaras empresariales o a los economistas que han hecho propuestas para una salida ordenada de la economía luego de la crisis de salud. En cambio la Asamblea si los ha tomado en cuenta al aprobar una ley a inicios de esta semana, que el Ejecutivo ya amenazó con vetar. El irrespeto a los otros órganos y a los sectores de la sociedad civil que no le son afines; su actitud absolutista y excluyente es lo que a algunos ha llevado a encender las alarmas sobre una posible deriva autoritaria en El Salvador”.

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--Benjamín Cuéllar Martínez, cofundador e integrante del Proyecto Víctimas Demandantes (VIDAS) y miembro del Consejo de Directores del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL):

“Si lo que está haciendo tiene que ver con la usurpación de funciones constitucionales y promover la inseguridad jurídica, seguiríamos de mal en peor, porque cuando la rueda de la historia da vueltas en el mismo lugar; porque su eje es la impunidad, la arbitrariedad de los políticos, se mueve pero no avanza. Y sigue patinando en la misma podredumbre, en el mismo lodazal. Y eso es muy peligroso para el país”.

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--Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador:

“No veo de qué manera pueda beneficiar al país el autoritarismo que ha exhibido Nayib Bukele. Por el contrario, los frutos de esa actitud antidemocrática han sido los esperados: inexistente diálogo político, irrespeto a la ley, atentados contra los Derechos Humanos, creciente polarización social y una muy posible debacle económica”.

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--Rafael Domínguez, periodista salvadoreño:

“No he conocido un gobierno que actué como tirano y termine democrático, pero sí muchos que comenzaron democráticos y terminaron tiranos. Las críticas a Bukele no son infundadas. Son por contundentes violaciones a derechos fundamentales, irrespeto al orden constitucional, desacato a la Sala Constitucional reiterado, persecución y bloqueo de adversarios políticos, entre otros. Son síntomas bastante claros de una posible afición por lo autoritario”.