Alberto Barrantes C.. 15 enero
El mercado laboral demanda profesionales en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y en Costa Rica, la oferta académica en esas áreas apenas llega a un 37%.
El mercado laboral demanda profesionales en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y en Costa Rica, la oferta académica en esas áreas apenas llega a un 37%.

La calidad y la innovación son dos de los principales desafíos de la educación superior. El 80% de los planes de estudios abiertos en universidades privadas, tiene una antigüedad mayor a cinco años, sin que a la fecha se haya aprobado la reforma al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Privada (Conesup): órgano que debe velar por la calidad de lo que ofrecen las universidades privadas.

Desde 2016, el proyecto de ley de reforma al Conesup está en la Asamblea Legislativa y siempre hay uno u otros diputados interesados en obstaculizar los cambios. Entre una moción y otra, hay quienes muestran su particular interés por defender un status quo que pone en riesgo el desarrollo económico y social del país y que termina por estafar a quienes matriculan carreras con currículos obsoletos, sin conseguir mayores oportunidades futuras o con la agravante de ingresar al mercado laboral con serias incompetencias.

Es un engaño contra el progreso: El estudiante entra con una esperanza de mejorar su condición económica y termina por darse cuenta que su título no es lo que el mercado laboral busca y que su calidad como profesional queda debiendo. Como señala el último informe del Estado de la Educación (2019) la alta redundancia de carreras de una misma área, con escasos controles de calidad y sin prestar atención a la capacidad del mercado para absorber a los nuevos profesionales en las áreas más saturadas, tiene consecuencias muy negativas para los graduados y para el país.

En deuda. Casi dos terceras partes de las 1341 carreras que se ofrecen en Costa Rica se concentran en Educación, Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. La oferta ha registrado pocas innovaciones y un 60% de las carreras no ha gestionado cambios en su currículo en más de una década. ¿Qué esperar de esos profesionales?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE) afirma que la movilidad social que promete la educación superior está en peligro. Por un lado, a los estudiantes les resulta difícil averiguar cuál es la calidad de las instituciones de educación superior y muchas veces, las universidades tampoco están interesadas o carecen de la capacidad de mostrar el valor añadido que sus estudiantes son capaces de aportar a la sociedad.

En comparación con las universidades privadas, durante la última década todas las universidades estatales han realizado modificaciones curriculares o han creado carreras, aunque a ritmos diferentes. Según los registros, en la UCR el 13% de la oferta es nueva o ha sido renovada, un 58% en el TEC, el 78% en la UNA y casi la totalidad en la UNED (94%).

Como señala el último informe Diagóstico de la Educación Superior en Iberoamérica (2019) “una educación sin calidad nunca será equitativa ni podrá internacionalizarse”. La calidad implica que la oferta esté actualizada, que los docentes reciban una formación constante, que el currículo invite a la innovación y al emprendimiento de calidad. La cuarta revolución industrial requiere de profesionales competentes, que no solo pretendan un título para sumarse a la lista de asalariados.

El mercado laboral demanda profesionales en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y en Costa Rica, la oferta académica en esas áreas apenas llega a un 37%.

Hay una tendencia hacia el uso de big data, la inteligencia artificial, la impresión en tercera dimensión, la biotecnología y la informática cuántica. De acuerdo con una investigación de la firma Deloitte (2018) “el futuro del trabajo en América Latina depende de cómo actúen en el presente los trabajadores, las empresas, los estados y los centros que generan conocimiento y forman profesionales frente a este tsunami tecnológico”.

El primer cambio debe pasar por la fiscalización de la calidad de la oferta educativa, para frenar el abuso y el engaño de las universidades que asumen la educación superior como una fábrica de títulos, sin escrúpulo alguno y en detrimento del desarrollo de Costa Rica.

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