
Cuando Ricardo Arjona escribió en una canción que “Jesús es verbo, no sustantivo”, no implicaba que esta pieza, tal cual como el Nazareno, podía estar en boca de cualquiera.
Por eso, el artista decidió llevar a juicio a la compañía Toyota y logró darle un golpe judicial que la obligará a pagar una indemnización al guatemalteco por el uso ilegal de su imagen y de la canción Jesús verbo, no sustantivo, en una campaña de publicidad.
El pasado 29 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de México refrendó la sentencia que un Tribunal Colegiado dictó en 2023.
Eduardo de la Parra, abogado del cantautor, detalló al medio mexicano El Universal que Toyota quería bajar la indemnización, por lo cual había solicitado un amparo, que finalmente fue desechado por el máximo tribunal.
“(El juicio) Lo ganamos en 2023, pero Toyota le dio vuelta al asunto y quería pagar menos indemnización y al final un Tribunal Colegiado nos dijo que no, que tenía que pagar por cada uno de los derechos violados y que en este caso eran dos. Pero Toyota no quería y ahora la Suprema Corte por unanimidad rechazó la revisión”, apuntó.
El litigante recalcó que ya no le quedan más opciones al fabricante automotriz, pues el recurso que perdió ya era extraordinario.
“Tenemos que irnos a un procedimiento de cuantificación donde hay que presentar peritajes para llegar al monto de la indemnización, esto llevará unos meses más”, indicó De la Parra.
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De momento, no ha trascendido el monto al que asciende la indemnización.
El abogado, autor del libro El derecho a la propia imagen, es el mismo que en setiembre pasado, logró que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial retirara las medidas cautelares, promovidas por Gloria Trevi, que prohibían la circulación del libro Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad.
También fue defensor de cineastas mexicanos que lucharon contra de la desaparición del Fidecine, fideicomiso que por dos décadas apoyó cintas de corte comercial.
El año pasado, la propia Corte determinó que lo hecho por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había sido inconstitucional.