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Televisora de Costa Rica (Teletica) lanzó este martes una dura advertencia sobre lo que considera un “golpe letal” a la libertad de expresión: la subasta de frecuencias de radio y televisión ordenada por el Poder Ejecutivo y ejecutada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
La televisora comparó la situación con episodios vividos en Venezuela, donde —según advierte— el deterioro democrático ocurrió en un contexto de cierre de medios. “El autoritarismo requiere callar voces; la democracia demanda su pluralidad”, señala el pronunciamiento.
La empresa aseguró que el país afronta un “panorama gravísimo” que incluso pone en riesgo la “supervivencia misma de la democracia”.
Según el comunicado, la aplicación de criterios “meramente económicos y recaudatorios” ya provocó que decenas de medios nacionales y regionales anuncien el cierre de sus operaciones.
Teletica sostiene que la decisión reduce el pluralismo informativo y contradice estándares internacionales de derechos humanos, al punto de exponer a Costa Rica a una eventual condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Teletica afirmó que participó en el proceso licitatorio e intentó que el cartel fuera corregido debido a los efectos que anticipaba, pero tanto la SUTEL como la Contraloría General de la República (CGR) rechazaron las objeciones de todos los oferentes.
La empresa indicó que deberá acatar las reglas establecidas para mantener sus operaciones, pero denunció lo que considera un “atropello” y reiteró su compromiso con los hechos y la verdad.
Subasta
El pasado viernes, tras expirar la fecha límite para presentar ofertas, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) solo recibió ofertas de 14 empresas por 25 de las 85 bandas del espectro radioeléctrico que se encuentran actualmente en operación en Costa Rica.
Las nuevas ofertas recibidas por la Superintendencia equivalen solo al 25% de la demanda original de permisos.
Tras caer el telón de la primera etapa del proceso, el lunes trascendió que 60 radioemisoras descartaron presentar ofertas. Se trata, en su mayoría, de estaciones rurales, católicas, evangélicas y culturales que no pudieron pagar el monto exigido por el Estado para tomar parte en la subasta.
Según estimaciones de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), 5.000 personas perderían su empleo si el proceso continúa en los términos actuales.
Los precios base fijados por la Sutel para poder intervenir en la puja fueron: $386.000 por una frecuencia de radio FM nacional en modalidad IBOC (radio digital híbrida) y $1,6 millones por una frecuencia nacional de televisión.
